Sólo la mitad de los probables responsables del fallecimiento de 52 personas en el brutal ataque al casino Royale de Monterrey en agosto de 2011 fueron detenidos y algunos de ellos todavía no reciben sentencia. Los restantes, señalados en las primeras pesquisas de las entonces procuradurías federal y estatal, eran servidores públicos y el propio gobierno nuevoleonés de Rodrigo Medina los exoneró.

MONTERREY, NL (Proceso).- Después de 11 años de la masacre del Casino Royale, ningún funcionario público involucrado en la irregular operación del lugar ha sido llamado a cuentas y aún hay responsables detenidos sin sentencia. Esto mantiene vivo el dolor de las familias de las víctimas, así como el sentimiento de impunidad.

En los 10 expedientes abiertos para revisar la actuación de servidores públicos del gobierno estatal y el ayuntamiento de Monterrey tras el ataque incendiario perpetrado por integrantes de Los Zetas el 25 de agosto de 2011, en el que murieron 52 personas, los órganos de control internos y otras áreas de las dependencias a cargo de las investigaciones exoneraron a los funcionarios señalados.

En ocasión del acto de disculpa pública que ofreció a las víctimas directas e indirectas a nombre del Estado el 31 de agosto, el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas dijo a Proceso que, para que los trabajadores municipales y estatales sean juzgados como corresponsables de esos hechos, es necesario que la fiscalía de Nuevo León dé seguimiento a las demandas que debió interponer.

Según Encinas, corresponde a la autoridad judicial local hacer todo el trabajo relacionado con los homicidios y las causas que derivaron en el peor ataque contra la población civil en un sitio público en la historia reciente del país.

Encinas cumplió con la disculpa pública a las víctimas en el centro Lab Cultural Ciudadano, en esta capital, como parte de la recomendación 66/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación afirmó que la autoridad federal sólo se encargó de lo relacionado a los permisos de operación del establecimiento.

“Se tiene que ir al fondo de la investigación. Ahí están las denuncias y le corresponde actuar (contra funcionarios), en primer lugar, a la fiscalía del estado, que tiene que hacer la investigación. Es un asunto del Fuero Común. Hay una denuncia presentada y son los jueces los que tienen que sancionar.

“En los temas vinculados con la parte de los delitos del Fuero Común, esto es local. ¿Cuáles son las omisiones federales? Todo lo relativo a la inspección y seguimiento de cómo se aplican los permisos de estos casinos. Hay de las dos órdenes. Tiene que revisar el gobierno federal la forma y funcionamiento de las casas de juego; al municipio le corresponde todo lo de protección civil”, dice.

Sin embargo, el funcionario omite que la investigación inicial para atrapar a los culpables la condujo la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y que la procuraduría estatal, entonces dependiente del gobierno nuevoleonés, no pudo hacer pruebas periciales en lo inmediato porque su contraparte de la federación resguardó el inmueble y aseguró pruebas determinantes, como las videograbaciones del casino.

Tras las pesquisas iniciales que arrojaron 18 detenidos, en Nuevo León ya no se buscan más responsables, aunque en la investigación inicial eran señaladas 36 personas.

La vocera de los deudos, Samara Pérez Muñiz, quien perdió a su hijo Brad Xavier en el incendio, afirma que desconocen la mayor parte del expediente. Acepta las disculpas públicas, pero lamenta la lentitud de los procesos judiciales; esperó más de una década que se le diera acceso a los documentos de la investigación, y eso por intercesión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Son decenas de miles de hojas.

“Once años y que sigan estos procesos, de veras que es revictimizante, totalmente”, expresa.

Dice que al hacer una revisión reciente de documentos que no conocía, encontró con sorpresa que dos mujeres, una de las cuales es apodada Beba o Bebé, y otra La Kiti o La Pelirroja, son mencionadas en las declaraciones de los acusados. Por ambas se ofreció recompensa, junto con otras 16 personas.

Autoexculpación

La tarde de los hechos, cerca de las 15:00 horas, un comando de zetas roció gasolina a la entrada del casino Royale y lo incendió. El entonces alcalde panista Fernando Larrazábal dijo al día siguiente que el establecimiento era propiedad de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta.

Luego se mencionó que el verdadero concesionario era la empresa CYMSA, de Raúl Rocha Cantú, que no aportó dinero para las indemnizaciones de los deudos ni fue sujeto a ninguna responsabilidad por los hechos, pese a que la ley lo obligaba. Se mencionó que Rocha declaró desde Florida pese a que tenía una orden federal de presentación.

Actualmente el empresario se presenta en su cuenta de Twitter como cónsul de Guatemala en México y “filántropo”. El 30 de junio fue nombrado asesor del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz.

La mayoría de las víctimas murió por asfixia. Algunos se quedaron encerrados en los baños o buscando puertas traseras que no se abrieron. Dos de las fallecidas estaban embarazadas, por lo que los deudos, organizados para protestar, se hacen llamar Colectivo 52+2.

Era el sexenio del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa. El secretario de Gobernación, dependencia que regula el funcionamiento de las casas de apuestas en México, era Francisco Blake Mora. La titular de la PGR era Marisela Morales Ibáñez.

Impunidad

El 24 de octubre de 2011, dos meses después del incendio, la PGR señaló en un comunicado que el estado era responsable de las investigaciones del Fuero Común:

“…A la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León corresponde determinar las causas y factores que influyen en el incendio, así como cuál fue la razón determinante de los homicidios, lesiones y daño en propiedad ajena; por ello, corre a su cargo la realización de los dictámenes de seguridad industrial, protección civil, ingeniería civil y arquitectura.”

El gobierno del priista Rodrigo Medina se dijo sorprendido por la aseveración, pues la autoridad federal tenía resguardo del inmueble, lo que les impedía efectuar pruebas periciales.

En la recomendación 103/2012, presentada hasta enero de 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) pidió a la procuraduría estatal que investigara y sancionara a las autoridades que hubieran incurrido en responsabilidad por negligencia, pero una fuente cercana a la investigación dijo a Proceso que no hubo sanciones porque las autoridades cuestionadas se indagaron solas y se declararon libres de culpa.

Todas las carpetas eran para determinar sanciones administrativas. El gobierno de Nuevo León abrió seis, según pudo conocer este medio. Al momento de la tragedia el secretario del Trabajo estatal era Pedro Pablo Treviño. Su desempeño en relación con la tragedia fue investigado por su sucesor en el puesto, Héctor Morales. La Secretaría Técnica y de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia determinó que el caso “se sobresee por falta de litis”, debido a que la autoridad federal laboral se declaró competente para conocer responsabilidades derivadas. Esto se resolvió el 19 de abril de 2013.

La Secretaría General de Gobierno del estado, entonces encabezada por Álvaro Ibarra, a través de su propia Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, investigó a cinco funcionarios de Protección Civil, entre ellos el director Jorge Camacho Rincón, así como al subdirector operativo y el de Prevenciones, al jefe de Prevenciones y un inspector. La resolución de todos los casos, dictada el 13 de noviembre de 2014, fue: “Se exime de responsabilidad”.

En el municipio de Monterrey, la Contraloría del Ayuntamiento investigó a la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Norma Idalia Contreras Montes de Oca; al director de Control Urbano de la misma secretaría; al director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento, Francisco Andrés Ramírez Esquivel, y al director de Protección Civil Municipal, Reynaldo Ramos.

Para todos ellos, el 27 de febrero de 2015, se determinó “inexistencia de responsabilidad administrativa”. La titular de la CEDHNL en ese tiempo era Minerva Martínez, que anteriormente era empleada de la procuraduría estatal en el área de derechos humanos.

La fuente consultada por Proceso reveló que la CEDHNL ha enviado unos 50 oficios a diversas dependencias estatales para preguntar si hubo sanciones, y en ninguna se menciona alguna forma de castigo.

Edmundo Jiménez Ramírez, esposo de Rosa María Ramírez Díaz, fallecida en el atentado, estuvo presente en el acto de disculpa pública y afirma que el director de protección civil estatal no cumplió con el  trabajo de revisión del establecimiento: “El sinvergüenza que estaba en Protección Civil, el estatal, Camacho, dio la primera autorización para que abrieran el casino y recomendó, en un área muy grande, que pusieran una puerta falsa pegada a la pared. Ahí murieron ocho personas tratando de abrirla. Por detrás era pared”.

El dato lo corroboró desde entonces el comandante de Bomberos de Nuevo león, Andrés Molina.

Sentencias pendientes

El 9 de septiembre de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/09/11 de la PGR, en el que se ofrecían recompensas por la “identificación, localización, detención y/o aprehensión de 36 personas referidas mediante apodo y/o retrato hablado”, acusadas en el caso.

Las gratificaciones eran de 30 millones de pesos por los organizadores del ataque, 15 millones por los 18 ejecutores y 5 millones por otros 18 “integrantes de la delincuencia organizada de Nuevo León”.

Como responsables del operativo criminal fueron identificados José Loera, El Voltaje; Baltazar Sauceda, El Mataperros; Alberto Reyes, El Toruño¸ y Francisco Medina, El Quemado, este último abatido por el Ejército poco después del crimen. Todos integraban el Cártel de Los Zetas y atacaron el local por motivo del cobro de piso.

Otros criminales también fueron acusados y detenidos. En diciembre de 2012 fueron dictadas las primeras sentencias de entre 100 y 75 años contra siete de los inculpados. Pero algunos se ampararon contra las sentencias, por lo que aún no se sabe cuántos años permanecerán tras las rejas.

Al respecto la actual Fiscalía General de Justicia estatal, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero, informó en una tarjeta entregada el 6 de septiembre que, en relación a la masacre del casino Royale, hay 18 detenidos, de los cuales 17 son procesados por homicidio calificado y agrupación delictuosa; el otro es un policía acusado de delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos, así como delitos cometidos contra la administración y procuración de justicia.

De todos ellos sólo ocho fueron sentenciados, uno de los cuales pereció en mayo de 2016 y otro hace un mes, aunque la fiscalía busca la notificación oficial del penal donde estaba internado. Cinco detenidos están en período de instrucción y cinco más en suspensión de dictado de sentencia para desahogo de ratificación de dictámenes periciales.

No hay servidores públicos procesados, confirmó la fuente mencionada.

Samara Pérez, vocera de los deudos, estuvo en el casino Royale el día de los hechos. Alcanzó a salir, pero su hijo Brad Xavier quedó atrapado entre el humo y las llamas. Ella siente rabia, dice, cada vez que se entera que algunos de los responsables detenidos ganan amparos para evitar que el juez les dicte pena corporal.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador incluyera en sus conferencias mañaneras de este año el caso de Debanhi, la joven de Nuevo León que desapareció el 9 de abril y fue encontrada sin vida el 21, los deudos del casino Royale pidieron la misma atención, pero su demanda no fue satisfecha.

“El 28 de marzo le hicimos llegar un mensaje al presidente López Obrador. Por supuesto (ayuda la exposición en la mañanera). Imagínate, el tema sería tratado de una manera con más formas y con vía hacia la justicia.”

Como no obtuvieron lo deseado, dice Pérez, a las autoridades federales “si es necesario les pediremos que coadyuven con las autoridades correspondientes locales, pero, sobre todo, para que esas personas que mataron a nuestras familias ya tengan sentencias en firme. Duele mucho”.

Señala que la investigación en dos vertientes ha afectado los resultados de las pesquisas. Por un lado, la entonces procuraduría estatal abrió la averiguación previa penal 215/2011-IV-2 y por el otro la PGR, encargada de “investigación científica pericial y la operación del establecimiento”, integró la averiguación AP/PGR/NL/MPFDC/2637/D/11.

Días después del incendio, el Congreso del estado creó una comisión de la verdad sobre omisiones administrativas relacionadas con el crimen, presidida por el entonces legislador priista Héctor Gutiérrez de la Garza. Los resultados de esa instancia fueron desacreditados por legisladores de Acción Nacional que también la integraron, al acusar a Gutiérrez de manejar la información recabada con propósitos políticos.

Actualmente Gutiérrez de la Garza es delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León. Acudió a la disculpa pública, pero dijo desconocer dónde había quedado el resultado de aquella comisión y se negó a ser entrevistado, al señalar que acudía como ciudadano.

En sus conclusiones, la comisión señaló el 24 de octubre de 2012 que si bien Camacho Rincón efectuó una única revisión del casino el 3 de diciembre de 2007, fue exonerado porque ningún ordenamiento legal lo obligaba a hacer inspecciones periódicas.

Para los legisladores tricolores, la Presidencia de la República y el ayuntamiento regiomontano de extracción panista resultaron los principales responsables. No hubo responsabilidad administrativa para Rodrigo Medina.

En el evento de disculpa del 31 de agosto estuvo ausente el gobernador Samuel García. La activista Irma Alma Ochoa, representante de la asociación feminista Arthemisas por la Equidad, señaló irónicamente: “No vino porque no era evento para el Tik Tok”.

Reportaje publicado el 11 de septiembre en la edición 2393 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.