Tamaulipas
El tiempo corre contra García Cabeza de Vaca
Américo Villarreal Anaya, sucesor en la gubernatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, incluyó en su equipo de transición a Santiago Nieto, extitular de la UIF, para que recabe información a fin de proceder contra él cuando deje el cargo.
Ante la incertidumbre jurídica sobre el futuro del tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien el próximo 1 de octubre dejará la gobernatura de Tamaulipas, su sucesor, Américo Villarreal Anaya, incluyó en su equipo de transición a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que recabe información a fin de proceder contra él cuando deje el cargo. En cuanto a la Fiscalía General de la República, que lo acusa de delincuencia organizada, deberá reiniciar su orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un breve respiro al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al reconocer la validez de su fuero constitucional e invalidar la orden de aprehensión emitida en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En tanto, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del mandatario tamaulipeco, consiguió un amparo para que sus cuentas bancarias sean liberadas, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no acreditó que lo incluyó en la lista de personas bloqueadas a petición de alguna autoridad extranjera.
El miércoles 17, por unanimidad de votos, los integrantes de la Primera Sala de la Corte avalaron dos proyectos de resolución presentados por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con los que quedaron resueltas definitivamente las dos controversias constitucionales tramitadas por el Congreso de Tamaulipas para evitar el desafuero y la aprehensión de García Cabeza de Vaca.
En uno de los proyectos, los ministros declararon que una resolución de desafuero emitida por la Cámara de Diputados no invalida por sí misma la inmunidad constitucional del gobernador de una entidad, pues el procedimiento indica que para ello el Congreso local debe adoptar la resolución.
“Se reconoce la validez del dictamen de declaración de procedencia a que este expediente se refiere en la inteligencia de que este pronunciamiento no elimina por sí mismo la inmunidad procesal de la que goza el titular del Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas”, indica el resolutivo.
La controversia constitucional fue presentada por el Congreso de Tamaulipas en mayo de 2021 contra la resolución del juicio de procedencia dictada el 30 de abril de ese año por la Cámara de Diputados, en la que el Congreso estatal afirmó que la federación invadió sus competencias.
Este juicio de procedencia, conocido como desafuero, fue iniciado el 23 de febrero de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) que buscaba, según su petición a los diputados federales, imputar al gobernador de asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal. De esos tres delitos ninguno merece prisión preventiva de oficio.
En la resolución del 30 de abril de 2021, los diputados federales ordenaron notificar al Congreso de Tamaulipas para que decidieran si adoptaban o no la determinación.
Los legisladores locales decidieron no adoptar la determinación de la Cámara de Diputados y presentaron la controversia el 9 de mayo siguiente, que fue desechada el 14 de mayo de 2021 por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La petición de la FGR
En su desechamiento, el ministro declaró que el fuero del gobernador seguía vigente hasta concluir su encargo en octubre próximo y que las competencias del Congreso local no fueron invadidas porque la Cámara de Diputados le dio oportunidad de pronunciarse libremente.
El desechamiento fue revocado en julio de 2021 por la Segunda Sala de la Corte, por lo que el ministro González Alcántara Carrancá se vio obligado a entrar al análisis del caso.
En tanto, la FGR solicitó ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra García Cabeza de Vaca.
Estos delitos son distintos a los que dieron origen al desafuero, y delincuencia organizada sí merece prisión preventiva de oficio, por lo que además solicitó la emisión de una ficha roja ante una eventual salida del gobernador del país.
Contra la petición de la orden de aprehensión, el Congreso local presentó una segunda controversia constitucional ante la Corte porque consideró que, en caso de darse el desafuero, la FGR no puede detener al gobernador por delitos diversos de los que dieron origen al juicio de procedencia.
Como consecuencia del reconocimiento al fuero del gobernador, la Sala apoyó la propuesta de invalidar la orden de aprehensión emitida contra García Cabeza de Vaca.
“Se declara la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, así como de la orden de aprehensión expedida en la causa penal que se precisa en esta ejecutoria en contra del titular del Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas”, indicó la Corte.
Añadió que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, y el juez penal que emitió la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca no sólo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el Titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas puede ser imputado por delitos federales; sino que además se sustituyeron en éste, pues el despliegue de sus facultades en contra del gobernador requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional de desafuero que requiere la declaratoria por parte de la Cámara de Diputados y su aceptación por parte de los legisladores locales.
Esto no significa que en octubre próximo, cuando el gobernador concluya su mandato, la FGR podrá detenerlo de manera inmediata, sino que a partir de que deje el cargo la Fiscalía podrá solicitar nuevamente una orden de aprehensión en su contra para obligarlo a comparecer a juicio.
Para entonces, la FGR podría incluso sumar nuevos delitos a la acusación contra el gobernador panista.
Durante la tramitación de las controversias constitucionales, una fracción del Congreso de Tamaulipas presentó ante la Corte dos escritos de desistimiento para evitar que los casos sean estudiados por los ministros.
Sin embargo, el Legislativo local se retractó de esos desistimientos, por lo que la Corte aceptó continuar con el análisis, al considerar que el caso tenía un interés público excepcional y que no existía plena certeza sobre la voluntad mayoritaria del Congreso tamaulipeco para desistirse de las controversias.
Otra resolución a favor
El pasado 13 de julio el juez octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas concedió un amparo a Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador y senador por el PAN en Baja California, para liberar sus cuentas bancarias.
Desde el año pasado, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que el bloqueo de cuentas de los familiares del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca –madre, hermanos y esposa– respondió a compromisos internacionales y que en este caso existía una investigación federal en Estados Unidos en la que todos están involucrados.
Contra tal determinación todos tramitaron amparos. El senador García Cabeza de Vaca reclamó el bloqueo de dos cuentas que tiene en Banregio y otra en Banorte que, según la UIF, fueron utilizadas para triangular recursos de procedencia ilícita, es decir, para lavar dinero.
Sin embargo, el juez octavo de Distrito señaló que no se advierte que el bloqueo de las cuentas de Ismael García Cabeza de Vaca y, por tanto, su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda derive de una petición realizada por alguna autoridad internacional.
“No se advierte que el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito se haya realizado para el cumplimiento de un compromiso internacional adoptado por el Estado mexicano, esto es, a petición de alguna autoridad extranjera”, señaló el juez.
“El motivo que generó el bloqueo de las cuentas bancarias del aquí agraviado tiene un origen estrictamente nacional pues, según se asentó en ese acto de autoridad, efectuó operaciones dentro del Sistema Nacional con recursos que, con un alto grado de probabilidad, tienen una fuente de financiamiento ilícita.”
En el expediente, la UIF exhibió un documento en el que el gobierno de Estados Unidos solicitó apoyo a México para investigar las irregularidades bancarias del gobernador de Tamaulipas y su familia, incluido Ismael García Cabeza de Vaca, y que “se valore la posibilidad de realizar el bloqueo de las cuentas de dichas personas”.
Sin embargo, a criterio del juez, y de un Tribunal Colegiado que analizó el documento para resolver sobre la suspensión solicitada por el senador, la petición de EU no es específicamente para bloquear las cuentas, por lo que al sujetarse a las reglas establecidas en las leyes mexicanas, el congelamiento de las cuentas bancarias de Ismael García Cabeza de Vaca debe ser a petición del Ministerio Público, previa autorización judicial, o directamente por la orden de un juez.
El arma de Américo
Mientras el gobernador García Cabeza de Vaca permanece en territorio nacional al frente de Tamaulipas, su sucesor, el morenista, Américo Villarreal Anaya, los tiene en la mira a él y a su círculo cercano. Para armar la investigación criminal en su contra agregó a su equipo de transición al extitular de la UIF, Santiago Nieto, quien fue el encargado de entregar la información financiera que sirvió a la Cámara de Diputados para desaforar al mandatario.
En entrevista con este semanario (Proceso 2386), Nieto Castillo acusó que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha sido utilizada por la administración de García Cabeza de Vaca para atacar a los enemigos políticos del gobernador, convirtiéndose así en un “espacio de alta corrupción”.
“La Fiscalía fue utilizada como un mecanismo para atacar a los enemigos políticos de García Cabeza de Vaca. Es un espacio de alta corrupción que no ejercía ningún tipo de contrapeso respecto a tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, narcotráfico y huachicol fiscal, que digamos que son los delitos que se cometen con mayor incidencia en Tamaulipas”, señaló.
El gobernador electo llamó a la población a entregar información a Nieto que pueda servir para fincarle responsabilidades penales a García Cabeza de Vaca.
Una de las últimas reformas del régimen panista en Tamaulipas fue la de concentrar en la Fiscalía estatal a los órganos de seguridad pública, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica; Inteligencia Civil y el Grupo de Operaciones Especiales.
Por lo que Nieto afirmó que su encomienda incluye desmantelar esta “megafiscalía”, a la que comparó con la forma de operar de la fiscalía de Nayarit encabezada por Édgar Veytia en la administración de Roberto Sandoval, y anunció que el gobierno entrante de Tamaulipas presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.
