Para la diputada panista Adriana Dávila no hay duda: el presidente no gobierna con la ley sino con narrativas, pues lo que más le interesa es el control político. “Para quienes hemos seguido este proceso”, dice, “la seguridad es un fracaso que él no supo resolver”, de ahí el incorporar la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena. En contraste, el abogado Juan Velásquez habla de profesionalizar la Guardia con apoyo castrense, pero admite el gran fracaso en material de seguridad.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–

El lunes 8 el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que temían organismos nacionales e internacionales: la oficialización de la permanencia de la Guardia Nacional (GN) como parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para lo cual, adelantó, emitiría un “acuerdo”, ante la posibilidad de que legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, rechacen una reforma constitucional sobre el tema.

Tras el anuncio, la ONU y Amnistía Internacional reaccionaron: “Una vez más alertamos sobre los riesgos de la militarización y la ilegalidad de formalizar la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena (durante el desfile del próximo 16 de septiembre)”.

A su vez, Adriana Dávila Fernández, diputada federal por el PAN, comenta en entrevista que los legisladores impedirán el paso de una reforma constitucional; en caso de que se formalice la adscripción por acuerdo o decreto, dice, se inconformarán jurídicamente y tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine la validez o no de la decisión presidencial.

En contraste, Juan Velásquez Evers, penalista por la UNAM, asesor y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional que incluso ha sido condecorado en cuatro ocasiones por las Fuerzas Armadas de México, considera positivo el paso formal de la GN a la Sedena. Sin embargo, concuerda con la legisladora en que una reforma presidencial será rechazada por la bancada de oposición. Un acuerdo o decreto sería impugnado legalmente, por lo que la decisión tendría que emanar de la SCJN, la cual probablemente se pronuncie en contra también.

Desaparición de poderes

Adriana Dávila explica: “En 2019 se discute la Guardia Nacional y en la reforma constitucional nos meten el artículo quinto transitorio. En el Senado se plantea una modificación que tiene que ver con poner un mando no militar al frente, pero fue sólo una falacia. La realidad es que desde la publicación del decreto hasta que termine López Obrador su mandato, en 2024, por el transitorio, las Fuerzas Armadas podrán hacer labores de seguridad pública.

Luego, cuando se le viene la crisis del tema Ovidio Guzmán, el presidente emite un acuerdo en donde las Fuerzas Armadas puedan hacer estas labores, con fundamento legal en el quinto transitorio.

Considera que el anuncio del presidente de pasar la GN a la Sedena “abona a la narrativa que ha venido construyendo desde el inicio de su administración, que tiene que ver con que el Ejército, para él, es el área más importante de su gobierno. Su mensaje es que lo que menos le importa es la seguridad pública, lo que más le interesa es el control político”.

Explica que el anuncio que hizo de concretar un acuerdo, viola preceptos constitucionales, como lo que tiene que ver con la adscripción de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la práctica, los miembros de la GN o más de 80% fueron desde el principio personal de la Sedena; esa dependencia siempre ha pagado su sueldo.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2389 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.