Las iniciativas del primer presidente de izquierda en la historia colombiana, cuyo mandato comienza este domingo 7, se sintetizan en el lema “Colombia, potencia mundial de la vida”, y buscará, entre otros temas, despenalización de drogas, estado de bienestar y paz total. En materia de seguridad pretende que la policía nacional regrese a manos civiles, así como un nuevo enfoque antidrogas, para lo cual convocará al presidente de México y a otros mandatarios en una conferencia regional.

COLOMBIA (Proceso).–El presidente colombiano Gustavo Petro arranca su mandato este domingo 7 con una ambiciosa agenda de reformas legislativas e institucionales que apuntan a construir, en los próximos cuatro años, un estado de ­bienestar social, una economía ambientalmente sustentable y la “paz total”.

Petro sabe que su agenda reformista tocará poderes fácticos que históricamente han sido renuentes a los cambios en este país –la oligarquía rural, la ultraderecha política y empresarial, y los sectores duros de las fuerzas armadas y del gobierno estadunidense– y está convencido de que éstos no se quedarán cruzados de brazos ni le facilitarán sus tareas de gobierno.

Por eso, las reformas del mandatario tienen un sentido de urgencia y una hoja de ruta clara en la que hay tres temas centrales que cruzan todo su programa de gobierno: el ambientalismo, la paz y la lucha contra la pobreza.

La “paz total”, por ejemplo, incluye una reforma agraria y una reforma política; la reestructuración de las fuerzas armadas y la policía; negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC; “negociaciones judiciales” con grupos del narcotráfico para que se sometan a la justicia a cambio de rebajas de penas; programas de reinserción para excombatientes y una nueva política antidrogas.

Petro, un exguerrillero que tiene más de 30 años en la política institucional, impulsará una ley para que el Estado regule el mercado de la mariguana, cuyo consumo recreacional sería legal –hoy sólo lo es su uso médico– y para despenalizar la producción y el uso de la hoja de coca con fines industriales y terapéuticos.

Fuentes del equipo de transición dicen a Proceso que cuentan con la asesoría de expertos de Bolivia, donde 22 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca y el uso de esa planta son legales, y de Uruguay, primer país del mundo en despenalizar en forma total la venta y el cultivo de mariguana.

Además, el nuevo gobierno convocará a una conferencia regional a los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Gabriel Boric (Chile), Luis Arce (Bolivia), Alberto Fernández (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Xiomara Castro (Honduras), Pedro Castillo (Perú) y Nicolás Maduro (Venezuela), para “buscar un nuevo diseño de la política antidrogas y un cambio de paradigma que nos permita ir de la prohibición a la paz”.

De acuerdo con el diagnóstico del equipo de transición de Petro, los países convocados a esa conferencia son “los más afectados por la producción y el tráfico de cocaína en el marco de la prohibición global de las drogas”, que “como política, ha sido un fracaso y ha causado miles de muertos y una violencia endémica” en varias naciones latinoamericanas.

Un presidente de transición

A diferencia de otros presidentes izquierdistas latinoamericanos que se proclaman “revolucionarios” (como Hugo Chávez en Venezuela) o líderes de una “transformación” histórica (como Andrés Manuel López Obrador en México), Petro se considera un gobernante de “transición” que sentará las bases de un país más justo, menos violento y ambientalmente sustentable.

Petro se dedicó durante los 49 días que transcurrieron entre su elección y su toma de posesión a tender puentes con sus adversarios (se reunió con el líder de la ultraderecha Álvaro Uribe) y a construir una coalición legislativa que le da una mayoría en el Congreso que le podrá aprobar sus reformas.

Esa coalición no está exenta de tensiones, porque en ella conviven los sectores de izquierda que han acompañado desde siempre a Petro y partidos tradicionales habituados a acomodarse al gobierno de turno, pero es un buen punto de partida para darle viabilidad a la agenda reformista del presidente.

La doctora en ciencias políticas de la estadunidense Universidad Brown, Angélica Durán-Martínez, dice que Petro ha dado muestras de pragmatismo político y de capacidad para formar un equipo de gobierno equilibrado.

El nuevo presidente se rodeó de un grupo de colaboradores en el que hay izquierdistas, como las ministras de Medioambiente, Susana Muhammad, y de Salud, Carolina Corcho; liberales de centroizquierda, como los ministros de Agricultura, Cecilia López, y de Educación, Alejandro Gaviria; conservadores comprometidos con la paz, como el canciller Álvaro Leyva, y el economista keynesiano José Antonio Ocampo, que es ministro de Hacienda. 

“Estos nombramientos han enviado una señal de tranquilidad bastante fuerte”, señala Durán-Martínez.

Sobre la propuesta de “paz total”, la politóloga y autora del libro Criminales, policías y políticos. Drogas, política y violencia en Colombia y México, sostiene que el presidente puede aprovechar la legitimidad que tiene su país para plantear que la estrategia antidrogas impulsada por Estados Unidos ha fracasado porque produjo una violencia desbordada y no logró detener la oferta ni la demanda de droga.

“La situación de violencia en México es también un punto importante para afirmar que es necesario acercarnos a estos problemas asociados al narcotráfico y a muchas otras economías ilícitas no sólo con el lente de la prohibición y de la militarización, sino con un enfoque de construcción de paz, que es lo que quiere hacer Petro”, señala Durán-Martínez.

Dice que grupos internacionales de derechos humanos y Naciones Unidas favorecen un replanteamiento de la lucha contra las drogas y eso le da al nuevo presidente de Colombia “una ventana de oportunidad importante”.

La politóloga advierte que “no es nada fácil” implementar la propuesta de Petro, en especial porque no hay consenso hemisférico sobre la despenalización de las drogas y porque la negociación judicial con grupos del narcotráfico será rechazada por varios sectores. “Pero es una oportunidad de repensar el tema no sólo en Colombia, sino en América Latina”, asegura.

Ley contra el hambre

Otra apuesta de Petro será la construcción de un estado de bienestar luego de que durante el gobierno del saliente presidente, Iván Duque, la pobreza creció 8 puntos porcentuales y el índice de Gini –que mide la desigualdad de ingresos– subió 19 puntos, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

El nuevo gobierno universalizará las pensiones, otorgará subsidios directos de medio salario mínimo mensual a las mujeres pobres jefas de hogar y pondrá en marcha un programa contra el hambre.

El año pasado murieron en Colombia 177 niños por desnutrición y este año ya van 140, según el Instituto Nacional de Salud. Además, un tercio de las familias colombianas no pueden comer tres veces al día por falta de ingresos.

Una iniciativa prioritaria que presentará Petro ante el Congreso es la “ley contra el hambre”, que prevé subsidiar la producción de alimentos de la canasta básica y venderlos a precios preferenciales a los hogares vulnerables, los cuales también recibirán un bono antiinflación.

Las iniciativas del primer presidente de izquierda en la historia colombiana se sintetizan en el lema “Colombia, potencia mundial de la vida”, con el cual Petro quiere subrayar que su mayor esfuerzo como gobernante estará dirigido a implementar políticas públicas que eviten que la gente muera por hambre, por ser pobre, por la violencia criminal o por defender la paz.

También, a detener la depredación medioambiental y a poner a Colombia entre los países que luchan de verdad contra el cambio climático.

Una de las reformas estructurales prioritarias de Petro es la de transición energética, que contempla suspender desde este domingo 7 la firma de nuevos contratos de explotación petrolera y llevar al país, en forma paulatina, a una matriz de energías limpias, como la hídrica, la solar, la eólica.

Esta iniciativa ha sido reiteradamente criticada por la ultraderecha y el sector privado, que advierten que los hidrocarburos representan alrededor de la mitad de las exportaciones del país, ante lo cual Petro ha dicho que la transición energética será gradual.

Es un hecho que la agenda ambientalista será uno de los sellos del nuevo gobierno, a pesar de las críticas, y que una de las primeras leyes que serán aprobadas en el Congreso será que prohíbe el fracking, una técnica para extraer petróleo que es altamente contaminante.

Las principales objeciones de amplios sectores de las élites políticas y económicas tradicionales de Colombia, y de los “halcones” republicanos estadunidenses –que consideran a Petro “un comunista”– están relacionadas con el fuerte compromiso ambiental del nuevo presidente, el presunto desequilibrio de las finanzas públicas que puede provocar su política social y las reformas a las fuerzas armadas y a la policía que contempla.

El peso de los poderes fácticos

El nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, un exmagistrado que investigó el paramilitarismo y las violaciones a los derechos humanos de integrantes del ejército entre los noventa y 2012, ha dicho que la policía colombiana, que hoy está adscrita al Ministerio de Defensa, pasará a un nuevo ministerio civil, el de la Paz, la Seguridad y la Convivencia.

Además, los oficiales del ejército y la policía involucrados en investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción no serán ascendidos, y el cuerpo antidisturbios de la policía, responsable de decenas de muertes de manifestantes, será reformado con un enfoque de derechos humanos o desaparecerá.

A los magnates colombianos más conservadores no les gusta la impronta transformadora de Petro, aunque los votantes hayan optado por él.

El mes pasado, el hombre más acaudalado de Colombia, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, dijo: “Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo, no señor”. Petro nunca ha dicho que habrá expropiaciones.

Angélica Durán-Martínez, quien es directora del Programa de Asuntos Globales de la Universidad de Massachusetts, dice que el presidente también tiene desafíos dentro de su coalición, donde los sectores más izquierdistas pueden presionar por reformas de mayor profundidad.

“Petro va a tratar de conciliar las reformas, pero el problema es que muchas de ellas no pueden ser tan conciliables porque requieren cambiar radicalmente estructuras sociales del país”, dice la académica colombiana.

Para la politóloga y maestra en estudios latinoamericanos Laura Gamboa, Petro fue electo presidente con un claro mandato de cambio, lo que lo obliga a responder a los generalizados reclamos de equidad, paz y lucha contra la pobreza que se expresaron no sólo en las urnas sino en el estallido social del año pasado, el cual fue reprimido con dureza por el gobierno de Duque.

“Petro llega como una respuesta a esas necesidades y tiene que hacer lo posible por responder a ellas, porque Colombia, como Chile (que vivió un estallido social en 2019), no aguanta más”, asegura.

De acuerdo con Gamboa, una doctora en ciencias políticas por la Universidad de Notre Dame y profesora en la Universidad de Utah, el nuevo presidente colombiano “tendrá realmente un año para maximizar su impacto con las reformas que logre sacar en el Congreso”.

Afirma que sus propuestas en los ámbitos social, ambiental y de paz “no son descabelladas” porque, pese a las resistencias, la mayoría de los colombianos las respaldan, como revela una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, divulgada el jueves 4.

Además, señala, el mismo acuerdo de paz suscrito con las FARC en 2016, y el cual tiene rango constitucional, lo faculta para llevar a cabo la reforma agraria, la reforma política y un cambio en la política de drogas.

Cada uno de esos puntos forma parte del pacto con esa exguerrilla y allí se establecen compromisos para dotar a los campesinos de tierra, para explorar alternativas a la política antidrogas basada en el prohibicionismo y para abrir espacios políticos a actores tradicionalmente marginados.

La carismática vicepresidenta Francia Márquez, una afrocolombiana que fue víctima del conflicto armado y estudió derecho mientras era empleada doméstica, será la encargada del nuevo Ministerio de la Igualdad, que promoverá políticas de inclusión para las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afrocolombianos y la comunidad LGBTIQ+.

“Petro –dice la profesora Gamboa– no va a poder pelear en todos los frentes ni va a poder sacar adelante toda su agenda de reformas, pero si consigue hacer realidad una parte de ella, será un logro histórico.”

Para la académica, esta es la mejor transformación que tiene el país desde hace tres décadas, cuando se aprobó la Constitución de 1991.

Reportaje publicado el 7 de agosto en la edición 2388 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.