La reanudación de los trabajos del Tren Maya, en violación a los mandatos judiciales, provocó las inmediatas protestas de organizaciones ambientalistas y promoventes de los amparos contra la obra en Quintana Roo. Señalan que el gobernador Carlos Joaquín ha sido omiso en proteger los recursos del estado, especialmente la selva, y acusan a la Sedena de intimidar a periodistas y activistas.

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Proceso).- Los grupos ambientalistas de Quintana Roo recibieron llamados de alerta por la reactivación del desmonte de selva para el tramo 5 del Tren Maya el jueves 14, cuando a 3.5 kilómetros del centro de Tulum, en la carretera con dirección a la zona arqueológica de Cobá, maquinaria pesada comenzó a tumbar árboles.

Ese mismo día, pero en la Ruta de los Cenotes, en Puerto Morelos, a 35 kilómetros al sur de Cancún, ocurría una situación similar.

Asimismo, trabajadores del Fonatur supervisaban con drones desde el miércoles 20 un punto ubicado a 12 kilómetros del centro de Playa del Carmen, donde a finales de febrero inició la apertura de la brecha de selva sin permisos de impacto ambiental, lo que provocó protestas de organizaciones ambientalistas.

En ese lugar, por donde se ingresa al relleno sanitario del municipio de Solidaridad, se encuentra el empalme del Tramo 5 Norte y Sur del Tren Maya en Quintana Roo. Personal de Fonatur consultado dio a conocer que la maquinaria pesada retornará este mes y deberán introducirla entre los retoños de los árboles talados. De esa manera, las labores para concluir el proyecto sexenal prometido por Andrés Manuel López Obrador habrán sido plenamente reactivadas, pese a las órdenes judiciales de que fueran suspendidos.

Las protestas fueron inmediatas en Tulum y en Playa del Carmen, por cuya selva pasará la mayor parte del Tramo 5. Para José Urbina Bravo, buzo espeleólogo promovente del amparo indirecto 884/2022, que cuenta con el beneficio de una suspensión definitiva dentro del juicio de garantías, es una muestra de que el gobierno federal no respeta los argumentos científicos ni jurídicos para proteger la selva maya, que incluye la red de ríos subterráneos más extensa del mundo y corre el riesgo de colapsar con el peso del ferrocarril.

“De la misma forma que iniciaron el proyecto de una forma turbia oponiéndose al conocimiento científico y sobre la ley, lo continuaron con la presentación de la pseudo MIA de Fonatur, en la que parece una confesión de que no conocen la zona. Como los conocimientos legales y científicos sobrepasaron las capacidades de Fonatur, han comenzado a romper la ley con la argucia en la que se comprueba que no saben lo que están haciendo y persiguen un proyecto que sólo cumple con un calendario político, sólo quieren el galardón, la presea de que terminaron el proyecto”, expone Urbina Bravo.

Y critica al gobernador por no tener un posicionamiento de defensa del patrimonio natural: “Carlos Joaquín (Conzález) ha sido tremendamente sumiso, tremendamente pasivo al accionar del gobierno federal en su estado. Los daños a su territorio son incalculables, la violentación de la ley es incuestionable y él no ha hablado por los ciudadanos que han alzado la voz por el medio ambiente ni por el territorio que tenía que proteger”.

El gobernador ha acompañado a López Obrador en las múltiples giras de supervisión de las obras. Esta semana el mandatario federal dijo que no descartaba darle un lugar en su administración a Joaquín González una vez concluido su periodo en septiembre próximo.

Comenta Urbina Bravo: “La conclusión se dará con su trabajo en el gabinete, si vemos si continúa con esta línea de sumisión sabremos que fue un premio; si propone y señala errores, quizá no sea llamado”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2386 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.