La maniobra del presidente López Obrador de declarar las obras del Tren Maya como asunto de seguridad nacional puede ganar tiempo para concluirlas, pero expone a los funcionarios implicados en la realización del proyecto a denuncias penales por desacato judicial, advierten constitucionalistas. Ningún decreto o acuerdo está por encima de la ley, indican.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía que el Tren Maya representaba un potencial conflicto jurídico de gran envergadura por las afectaciones ambientales, impactos arqueológicos, uso de suelo y derechos de propiedad de la tierra.

Ordenó entonces a las dependencias implicadas en la obra agilizar los procesos “para facilitar la tramitología de los tramos ya designados de trabajo”, señaló el entonces director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, en entrevista telefónica con Proceso, el 12 de julio de 2021.

Las dependencias que debieron apurar los permisos fueron las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

En ese momento la obra ya llevaba un retraso de cinco meses y para Jiménez Pons era un reto que en diciembre de 2023 el tren estuviera en funcionamiento.

“No sólo son las lluvias o la pandemia. Hay muchas cuestiones; por ejemplo, en el Tramo 3, que se jalan los cabellos los contratistas, van más de 14 mil hallazgos arqueológicos y no se puede avanzar tan rápido porque entran los arqueólogos y, por muy buenas intenciones que tengan, pues les lleva trabajo”, declaró en esa entrevista.

Jiménez Pons fue relevado en junio pasado por Javier May en medio de la sucesión de amparos que han retrasado el megaproyecto presidencial. Ahora, con el tiempo encima, recurrió al expediente de la seguridad nacional con el propósito de acelerar la construcción del Tramo 5 Sur, pese a la suspensión judicial de ese ramal.

En noviembre de 2021 el presidente ya había dado visos de ampararse en la “seguridad nacional” para lograr como sea la construcción de sus obras. Publicó un decreto en el que se declaró “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, entre otros; y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Ese decreto está impugnado desde diciembre de ese año en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un grupo de senadores debido a las restricciones que impone a la información de las obras.

El máximo tribunal suspendió parcialmente el decreto para que no se reserve en automático la información, pero la resolución de fondo sigue pendiente; aunque avaló que las obras se adjudiquen de forma directa. Las impugnaciones están en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara.

Ahora, con la decisión del Consejo de Seguridad Nacional –que preside el propio López Obrador– de declarar la construcción del Tramo 5 Sur como un asunto de seguridad nacional, el gobierno federal entró en desacato a un mandato judicial, pero gana tiempo para ejecutar la obra, aun cuando más adelante pudieran determinarse sanciones en materia penal; no contra él, sino contra los funcionarios que ejecuten la construcción.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2386 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.