El director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, no se explica la actitud hostil de las autoridades de Coahuila y federales hacia los migrantes procedentes de Venezuela, quienes han sorteado innumerables obstáculos en su tránsito hacia Estados Unidos. Según testimonios, agentes de Migración les impidieron abordar autobuses para recorrer el tramo de la carretera federal 57, por lo que tuvieron que cubrirlo a pie. Varios de los afectados comentan a Proceso que, pese a que no pretenden quedarse en México y mostrar su permiso de situación migratoria regular, personal del gobierno estatal y de migración ordenaron no venderles boletos. 

SALTILLO, COAH. (Proceso)— Durante su tránsito hacia territorio estadunidense, miles de migrantes, sobre todo venezolanos, han enfrentado múltiples obstáculos: restricciones para viajar en autobús, abusos policiacos, discriminación del personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Nada los detuvo y a partir del domingo 12, más de 3 mil de ellos empezaron a llegar a la entidad. 

Ya en territorio coahuilense, personal del gobierno estatal los obligó a caminar casi 500 kilómetros, desde Saltillo hacia Piedras Negras y Ciudad Acuña, sin justificación alguna.

A pleno sol, con una temperatura de 40 grados, la mayoría de los migrantes recorrió largos tramos de la carretera 57 a pie, pues se les impidió adquirir boletos de autobús en líneas comerciales. De manera inexplicable, los conductores de camiones de pasajeros particulares sí pudieron trasladar a algunos de ellos sin ser molestados por autoridades migratorias o policías estatales ni municipales.

“Todo está muy oscuro”, comenta Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo. No se explica la conducta de las autoridades coahuilenses y federales hacia los migrantes, sobre todo los procedentes de Venezuela.

“Es difícil entender lo que está pasando. No sabemos si efectivamente hay un desorden; si cada quien da una orden diferente o si hay un castigo político desde la federación al estado. No sé si es con fines políticos o realmente es ineficiencia y estas políticas van encaminadas a violentar los derechos humanos”, señala el activista.

El maltrato a la caravana de migrantes demuestra que ni las autoridades federales ni las de Coahuila garantizan los derechos de miles de personas que caminan hacia la frontera con Texas; según los testimonios de los afectados, personal del gobierno estatal y del INM ordenaron no venderles boletos. 

Y cuando la reportera solicitó información a los responsables de esa dependencia federal, nadie accedió a ser entrevistado.

El gobierno de Coahuila colocó casi una docena de retenes en la entidad para impedir el avance de los migrantes que iban en los camiones, pero ninguna autoridad obstruyó el paso a quienes llegaban caminando a la frontera.

Para el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, esa conducta es un claro abuso del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, cuyo gobierno “es una vergüenza”. 

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2382 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 26 de junio de 2022.