La falta de una regulación federal sobre la gestación subrogada ha abierto las puertas a empresas estadunidenses para celebrar jugosos contratos… que no siempre terminan bien para los aspirantes a padres. Proceso pudo consultar comunicaciones que detallan las negociaciones entre agencias de Estados Unidos, clientes y médicos mexicanos para realizar esta práctica. Lo grave es que entre quienes buscan la penalización de esta actividad o su legalización a escala nacional, se encuentran en un estado de indefensión las mujeres que alquilan su útero… y los bebés.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el creciente negocio del alquiler de vientres están involucrados médicos mexicanos y empresas estadunidenses, de acuerdo con contratos y correos electrónicos a los que este semanario tuvo acceso. Se trata de un mercado trasfronterizo que alcanza hasta 2.9 millones de pesos por nacimiento.

La gestación subrogada en México es una jugosa empresa que va creciendo porque, dicen las agencias estadunidenses, resulta más barato rentar úteros en nuestro país.

Pese a las denuncias existentes, la gestación por contrato aún no está tipificada como delito en nuestro país, por lo que activistas y diputadas federales impulsan que dicha práctica sea considerada y castigada como trata y tráfico de órganos.

“¿Se mata a la gente y hay feminicidios… y no por eso los vamos a regular, o sí?”, dice Teresa Ulloa, activista contra la trata y la prostitución; ella critica tajantemente a quienes buscan regular el alquiler de vientres.

Diputadas, activistas y académicas explican que la gestación subrogada es un negocio que explota principalmente a las mujeres en condición de pobreza.

Advierten que al regular esta práctica como legal, se crearía en México un “paraíso de la explotación reproductiva”. Además comparan la donación de óvulos y renta de vientres con el tráfico de órganos.

Agregan que actualmente Tabasco y Sinaloa son los únicos estados en territorio mexicano que permiten la maternidad subrogada y, de acuerdo con las impulsoras de su tipificación como delito, algunas mujeres han sido llevadas a dichas entidades a dar a luz para que los certificados de nacimiento estén legalmente sustentados por las legislaciones locales.

Sin embargo, han detectado que los procesos médicos, contratos y el reclutamiento de estas mujeres se realiza en todo el territorio nacional.

Además, por ser una actividad que no está regulada, se desconoce la cifra de bebés que nacen de vientres de alquiler y en qué condiciones viven. Las agencias y clínicas dedicadas a la renta de úteros tienen especial interés por las parejas extranjeras.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2378 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 29 de mayo de 2022.