La senadora morenista atiende la petición de este semanario para fijar su postura en torno a los cuestionamientos que hizo el investigador Carlos Martínez Negrete en la aprobación de esta ley, contraria a los intereses de los artesanos indígenas. Refuta al decir que es la primera ley de derecho colectivo en el mundo, y a pesar de que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) lo ha reconocido, no hace nada.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La senadora por Morena Susana Harp Iturribarría, ante los cuestionamientos sobre los alcances de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, no quiso dejar pasar la oportunidad de responder:

“Jamás he dicho que esta ley sea perfecta, lo que requiere primero es que se aterrice, y sobre la realidad corregir aquello que en la práctica requiera”

En video-entrevista con Proceso, externó su punto de vista sobre esta ley y el llamado de especialistas al respecto.

En el número anterior (Proceso 2375), en un texto de Judith Amador Tello (“Ahora hasta en el Legislativo: El arte popular, desamparado”), el promotor cultural Carlos Martínez Negrete afirmó que dicha ley carece de instrumentos para que los artesanos eviten que sus diseños sean aprovechados por empresas constituidas, debido a que es local y, por tanto, está imposibilitada para actuar en el ámbito internacional. En ese sentido, propuso explorar otras vías, como las sociedades de gestión de derechos.

Ahora la también cantante oaxaqueña respondió que conoce a Martínez Negrete, aceptó que, en efecto, se sentaron a dialogar en su momento en torno a la discusión para aprobar la ley, y respeta su reflexión:

“Lo recibimos (en el Senado), tiene su postura y es respetable, pero todas las leyes son interpretables, yo no hago las leyes sola, hay un equipo técnico, profesional que me acompaña. Él tiene su argumento y lo tomamos en cuenta, retomamos la reflexión, pero esta no fue mi decisión, es de un conjunto de instituciones que trabajaron en distintos foros.”

Incluso Martínez afirmó que a la senadora “le urgía” sacar adelante la ley porque quería ser candidata a la gubernatura de Oaxaca:

Harp reviró:

“Jamás he dicho que la ley es perfecta. Lo que requiere primero es que se aterrice, y sobre la realidad corregir aquello que en la práctica requiera. El reto es aterrizarla en las comunidades, se trata de la primera ley en el mundo que habla del derecho colectivo, esa es la gran diferencia, hay derecho autoral, industrial, pero no había colectivo.”

Recordó una experiencia personal de 2015, cuando fue invitada a Estados Unidos en su faceta de cantante y se encontró en un centro comercial una tienda que vendía una blusa con detalles de bordados característicos de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Llevó su reclamo al legislativo sin una respuesta concreta, y una vez en la senaduría buscó trabajar en torno a dos temas que consideró fundamentales: el primero, por el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas –que se logró en la adición al Apartado C, del Artículo 2º de la Constitución, que reconoce a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación–, y el otro relativo a la protección del patrimonio cultural, especialmente contra la apropiación indebida de obras.

Tras señalar que los famosos bordados de Tenango de Doria, en Hidalgo, “son los más plagiados del país” –al tiempo que mostró una playera estampada con un sublimado lleno de detalles característicos de ese textil–, explicó que originalmente la ley se llamaba “de Salvaguardia de los Elementos de Identidad de las Culturas Indígenas, Afromexicanas y Equiparables”. La intención, dijo, era proteger desde los materiales de origen, por ejemplo la grana cochinilla, el caracol púrpura y el algodón ‘coyuchi’ (algodón que crece en la costa chica de Oaxaca y Guerrero).

“Precisamente se llamaba así, de salvaguardia, porque pretendíamos acompañar en toda la cadena hasta llegar a la comercialización. Parte de la salvaguarda era que no hubiera plagios, fue el motor, pero ya que escuchamos a los artesanos, académicos y especialistas, sobre todo a los primeros, pensamos que teníamos que hacer más allá.

“Lo primero fue cambiar una ley en la que se permitía el plagio, en la que era legal. En Indautor, en un capítulo sobre cultura populares y de símbolos patrios, el artículo 157 permitía, y lo digo de manera coloquial, el uso libre de cualquier elemento de cualquier cultura mexicana, ‘cultura popular’ refieren ahí.”

–Uno de los señalamientos es que es una ley local, con la limitante de ser efectiva sólo en México.

–Sí, porque tenemos que ordenar primero la casa. ¿Cómo pedir fuera que no plagien si lo hacemos aquí mismo? Ahí están los casos de Pineda Covalin o ¡Ay Güey! Cuando vino el director de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), nos felicitó porque es el primer país del mundo que da un paso al respecto. Sí, es un tema complejo, quizá en Oaxaca no haya tanto problema porque 80% de la tierra es comunal, por tanto hay asambleas siempre, es normal para nosotros. Pero hay otras culturas que no tienen la tradición de decidir en colectivo, lo entiendo, por eso es un gran reto para el Estado mexicano… pero hay que hacerlo, hay que salvaguardar por completo, no nada más inhibir el plagio, es todo lo demás.

“La Secretaría de Economía tendría que ayudar a comercializar en el extranjero junto con la Secretaría de Cultura, dar herramientas a Fonart para realmente fomentar y decirle: ‘A ver Isabel Marant, ¿te interesa una aplicación de textil?, yo te lo hago, te lo entrego y lo aplicas’. Hay cosas que no se han entendido… Nos toca hacer una buena difusión de lo que está regulado en la ley y lo que no, hacer convenios binacionales. Le decía a Alejandra Frausto: comienza con Francia, porque es el país que más nos ha plagiado. Pero una vez que se tenga ‘la casa organizada, ordenada’, donde haya equidad y equiparación de cualquier elemento de cultura popular como obra de arte literaria o artística, cuando un textil se respete tanto como una obra de Francisco Toledo o una canción de Armando Manzanero.”

Relató que si la marca Isabel Marant hubiera hecho bien las cosas, tendría que haber ido a una asamblea comunitaria para que ahí se decidiera si le daban permiso, si se llegaba a un acuerdo por alguna vía:

“En la ley no decimos cómo hacer específicamente ese convenio, lo que tiene de valioso es que es un sistema de salvaguardia donde la cabeza del sector es la Secretaría de Cultura, pero donde también estarían la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, las aduanas, muchas instancias que tienen que estar alineadas colaborando.

“Las 88 embajadas y más de 70 consulados tendrían que ser los ojos en el extranjero. Si el embajador francés en turno hubiera entendido en 2015 que lo que hacía Marant era un plagio, la misma embajada nos hubiera avisado como interlocutor.”

Sobre los avances en el exterior, adelantó que ya tuvo pláticas con Horacio Duarte, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues muchas piezas que entran a México vienen de China, India o Guatemala, y en esos casos buscarían crear conciencia “para que esos productos no entren a México, y si entran paguen un arancel brutal para inhibirlos, por eso ese sistema de salvaguardia involucra a muchas dependencias”.

–¿Falta que se incorpore a un sistema jurídico internacional? O de qué manera se protegen las creaciones fuera del país.

–Soy senadora de México, no estoy en la OMPI, ellos son los que deberían hacer eso, llevan 10 años discutiendo en foros y foros, y no hacen nada, es increíble cómo organismos internacionales no aterrizan estas cosas. La reflexión a esa organización es que los países saquen sus elementos de cultura de la condición de “dominio público”; la OMPI tendría que convocarnos a nosotros al respecto, pero es algo que no se atreven, ellos tendrían que organizarnos.

“Va a tener errores, claro que los va a tener, por eso en estos dos años que me quedan como senadora mi labor es apoyarla e irla aterrizando para ver qué no funciona en la práctica.”

Reiteró:

“Nadie dijo que fuera perfecta, pero es un gran paso que estamos dando para con humildad entender qué tendríamos que corregir, cambiar o quitar, y ahí vamos.”

–¿Hay elementos que ya se detectaron sobre esto último, para corregir, cambiar o quitar?

–No, todavía no, porque urge que se haga el reglamento y que se lleve a las comunidades. La parte de gestión que me toca como senadora es estar indicando a las instancias correspondientes para que se ejecute, a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Este último es un pilar fundamental, ellos fueron los que sugirieron el cambio a ‘Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas’. Ya no busqué modificar nada cuando la regresaron, vamos a esperar el reglamento, que tome forma, y en lo que no funcione haremos una propuesta de cambio, pero ahora no tiene caso modificarlo cuando aún no se aterriza.

–¿Qué posibilidades ve de que se relacione a sociedades de gestión colectiva?

–Es un segundo paso de un convenio que se tendría que hacer. La propuesta que le hice a Frausto es que México impulse un convenio binacional para no esperar a que la OMPI se ponga de acuerdo con el resto de los países. Para que un tratado internacional entre en vigor debe haber un cierto número de países que lo acepten. 

Reportaje publicado el 15 de mayo en la edición 2376 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.