La mayoría de los periodistas que fueron asesinados en lo que va del año fueron previamente acechados por grupos de la delincuencia organizada y caciques locales. La situación precaria –sin sueldo fijo ni prestaciones– en la cual desarrollaban su labor periodística ha sido aprovechada por las autoridades para no tomarlos en cuenta como profesionales del oficio. Por si fuera poco, en la mayoría de los casos no se ha mencionado la detención de algún autor intelectual de los atentados.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Vulnerables ante grupos criminales y cacicazgos locales, la mayoría de los 11 periodistas asesinados en 2022 reporteaban la información para sus localidades en condiciones de precariedad laboral, situación que en ciertos casos les obligaba a también desempeñar otras ocupaciones, con el fin de reunir los ingresos para el sostenimiento de sus familias.

Estas circunstancias han sido aprovechadas por las autoridades que han tratado de desconocer como periodistas a algunas víctimas, o de descartar a priori la labor informativa como móvil del ataque, como ocurrió con Juan Carlos Muñiz Hernández, de Zacatecas, y Roberto Toledo Barrera, de Michoacán, dos de los 11 comunicadores asesinados en lo que va de este año.

El gobierno federal cuenta nueve homicidios. Según un informe presentado en la conferencia matutina del jueves 12, por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, por estos homicidios han sido “detenidas o buscadas” 19 personas, y 16 fueron vinculadas a proceso como presuntos responsables, todos autores materiales.

En ninguno de estos casos se ha mencionado la posibilidad de que terceras personas ordenaron los atentados, como instigadores o autores intelectuales.

Caso Veracruz

Con los homicidios de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García suman ya tres muertes violentas de periodistas en Veracruz en lo que va de 2022, y siete en total en los tres años y medio del gobierno del morenista Cuitláhuac García.

De acuerdo con Patricia Monreal, integrante del colectivo de periodistas Ni uno Más Michoacán, los más expuestos al riesgo “obviamente son los compañeros que están en el interior de los estados, en una situación muy desfavorable; muchos de ellos han aprendido a hacer periodismo en medio de la ‘ley de la jungla’, pero se encuentran muy desprotegidos”.

Añade que se trata de personas que sostienen medios propios con ingresos muy raquíticos, que se mueven o tienen disponibilidad económica muy precaria para ejercer el oficio y que, a veces, son víctimas de autoridades locales o grupos delictivos que operan en diversas regiones del país.

En Fresnillo, Zacatecas, la ciudad con la percepción más alta de inseguridad en México, el 4 de marzo último fue encontrado el cuerpo del periodista Juan Carlos Muñiz Hernández, con una bala en la nuca, dentro del taxi 176, abandonado en una calle del fraccionamiento Los Olivos.

Además de su labor como reportero, Muñiz Hernández trabajaba como taxista y usaba el mismo vehículo para desplazarse a las coberturas informativas. Sus compañeros lo apodaban El TX o Rigoberto, seudónimo con que firmaba sus notas en el medio digital Testigo Minero, donde colaboró más de tres años.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2376 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.