Reforma eléctrica
LA LIE, en la antesala de tribunales internacionales
Es factible que ni siquiera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación termine con las controversias en torno a la legalidad de las decisiones gubernamentales en el sector eléctrico.
El gobierno de Joe Biden, inversionistas nacionales y extranjeros, legisladores mexicanos, entre otros, están pendientes de la ponencia de la ministra Loretta Ortiz sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la votación subsecuente para su validación. Si logra el apoyo de al menos cuatro de los 11 votos del pleno de la SCJN, se declararían improcedentes los juicios de amparo presentados desde hace un año; con ello se abre el escenario para que las impugnaciones se trasladen, en el marco del T-MEC, a instancias internacionales.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno federal enfrenta momentos de definición en el sector eléctrico mientras la economía nacional, ante la falta de acuerdos entre las autoridades y el sector privado, ya perdió tres años de inversiones y generación de empleos en plena transición energética. Es factible que ni siquiera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) termine con las controversias en torno a la legalidad de las decisiones gubernamentales.
Si bien la Corte puede declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) –lo que frenaría la lluvia de amparos en las cortes nacionales–, las impugnaciones no terminarán porque, en el marco del T-MEC, el gobierno de López Obrador podría ser demandado por incumplimiento de los lineamientos en materia de inversión y protección al medio ambiente, considerados por el gobierno de Joe Biden como asunto de seguridad nacional.
“México sí corre el riesgo de ser demandado en el marco del T-MEC, aunque en el capítulo 22, que se refiere a las actividades de las empresas propiedad del Estado, se excluyó al sector energético, al bancario, pero no al eléctrico”, dijo una fuente del gobierno de López Obrador.
Para atajar el riesgo, el gobierno abrió un abanico de inversiones para el capital estadunidense. “Estuve con Kerry (el enviado especial del gobierno de Biden para el cambio climático), con empresarios estadunidenses y, al parecer, se sintieron atendidos”, dijo el mandatario.
Pero desde el pasado 25 de marzo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a San Lázaro para solicitar al Poder Legislativo respeto a los contratos en el sector de la energía porque, dijo, sin confianza, las inversiones están en riesgo.
Un documento del Departamento de Comercio de Estados Unidos (USTR) consignó, además, que desde octubre de 2020 exportadores han manifestado su preocupación ante la participación de la subsidiara de la Comisión Federal de Electricidad en el sector de las telecomunicaciones (CFE, Internet para todos).
Esa empresa, dicen los empresarios estadunidenses, ofrece servicios de internet usando su infraestructura de manera desleal. Y presionaron ante el USTR para que México, a través de la CFE y su proyecto de internet, respeten el capítulo 13 del T-MEC.
En el sector de la electricidad, las empresas de energía de Estados Unidos siguen quejándose de los esfuerzos del gobierno para promover la empresa a Pemex y a la CFE a expensas de los inversores privados extranjeros.
“Estos esfuerzos incluyen una nueva legislación con cambios muy significativos y una reforma constitucional, así como permitir la aplicación discriminatoria de las normas y la falta de notificación en relación con cambios de política pública. Estados Unidos ya ha planteado a México su preocupación respecto al deterioro del ambiente en las inversiones”, de acuerdo con el informe anual del Departamento de Comercio de ese país.
“Si se aprueba la reforma (propuesta por López Obrador), la CFE se transformaría en un monopolio que controlará el acceso a la red de todo el país, aboliría a los reguladores independientes y garantizará que la CFE genere al menos 54% de la energía requerida por México. La reforma también cancelaría los permisos privados de generación de energía y los contratos de compra de energía con CFE, así como la energía de autoabastecimiento y los acuerdos de compra otorgados desde 2014”, advirtió el Departamento de Comercio.
La controversia internacional está en marcha.
Estados Unidos, invitado a invertir
Mientras que la española Iberdrola se ampara para que la CFE y la Comisión Reguladora de Energía reconozcan la vigencia de sus permisos para que siga distribuyendo la energía que genera a través de sistemas de autoabasto, López Obrador ofreció a la estadunidense Sempra Energy, así como a las compañías con contratos para el suministro de gas a través de gasoductos, que inviertan en Topolobampo, Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde se tienen terrenos y puertos para construir tres plantas de licuefacción y exportar gas a países de Asia, América Latina y Europa.
Las empresas interesadas deberán llegar a acuerdos con la CFE a más tardar en un mes, aseguró.
El mandatario también ofreció a los empresarios estadunidenses suscribir acuerdos conjuntos para la producción de energía con la modernización de turbinas, equipamiento de presas existentes e instalación de celdas fotovoltaicas flotantes en los embalses de las presas.
Estas inversiones, según el gobierno, estarían garantizadas con la compra de la energía que produzcan por parte de la CFE. El proyecto del parque fotovoltaico más grande de América Latina (1,000 MW), en Puerto Peñasco, Sonora, muy cerca de un complejo turístico del Grupo Vidanta que preside el empresario Daniel Chávez. Durante la reunión con funcionarios estadunidenses del pasado 31 de marzo, López Obrador los invitó a invertir en Puerto Peñasco y aseguró que México tiene un compromiso de Estado con la protección del medio ambiente.
“La política del actual gobierno no apuesta a la contaminación, sino por el contrario, tiene, en los hechos, como pocos países, el propósito de contribuir a enfrentar de manera auténtica el grave problema del cambio climático. Se les informa que el presente gobierno adquiere un compromiso de Estado de impulsar la transición energética, a través de una política de desarrollo científico y tecnológico”, insistió López Obrador ante el gobierno de Biden, según un documento presentado en su mañanera del pasado viernes 1.
La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que el capital nacional también necesita certidumbre. José Medina Mora, presidente del sindicato patronal, indicó que la discusión del proyecto de reforma eléctrica, así como las controversias han detenido muchas inversiones.
Demandas en curso
Los asesores jurídicos de la CFE aseguran que México, al firmar el T-MEC, salvaguardó su derecho soberano de reformar la Constitución, así como las leyes secundarias que norman el sector de la energía, por lo que no contravienen este acuerdo trilateral. De esta forma, la CFE considera que no procederían demandas que invoquen reglas del T-MEC.
Los abogados de empresas extranjeras tienen otra opinión y otros argumentos que harían valer en tribunales, mientras el gobierno de Biden envía a funcionarios para exponer a la administración de López Obrador que le preocupan la inversión, la competencia y el impacto en el medio ambiente de cada decisión que se toma en el sector eléctrico para fortalecer a la CFE.
López Obrador asegura que la contrarreforma no enfrentará problemas con Estados Unidos o Canadá porque México firmó cláusulas anticorrupción. En el sector petrolero, aseguró, México no firmó las condiciones que buscaba imponer Estados Unidos; aunque admite que no sucedió lo mismo en electricidad.
El mandatario ofreció antecedentes de cómo se blindó al sector petrolero: “Cuando se negoció el tratado (T-MEC) tuvimos una diferencia con el gobierno del presidente Trump, porque ya habían acordado con el equipo del presidente Peña un capítulo sobre petróleo que comprometía la soberanía de nuestro país”, reveló López Obrador.
Y agregó: “Nosotros estábamos, en ese entonces, invitados como observadores: Ya era yo presidente electo, sostuvimos que no aceptábamos ese capítulo y se rompieron las negociaciones, se pararon las mesas, porque ese capítulo era comprometer el petróleo, como 20 o 30 hojas”, aseguró López Obrador durante su conferencia matutina del viernes.
Dijo que aun cuando en el sector eléctrico no se tiene este blindaje soberano, tampoco se corre el riesgo de incumplir el T-MEC con la contrarreforma porque los tres gobiernos se comprometieron a no suscribir compromisos que involucren o signifiquen corrupción.
Y argumentó: “Por ejemplo, en los contratos de autoabasto, si la Suprema Corte los declaró ilegales, ¿cómo los vamos nosotros a aceptar? Eso es corrupción: eso también está en el tratado”.
La declaratoria de constitucionalidad de la Ley del Sector Eléctrico sería muy importante en medio de las controversias constitucionales que ha generado la contrarreforma. Quienes lo decidirán serán ministros nombrados durante los últimos tres gobiernos: en el pleno participan cinco ministros nombrados durante la administración de Felipe Calderón, dos más propuestos por Peña Nieto y cuatro designados en lo que va de la gestión de López Obrador.
“La reforma constitucional que se presentó ante el Congreso tenía muy pocas probabilidades de pasar y las empresas lo sabían. Aunque el dictamen de esta iniciativa se presentará ya en comisiones, se perdió el tiempo y no se negociaron con los grupos afectados e interesados ni los tiempos, ni la estructura ni su viabilidad”, explicó el abogado Severo López Mestre, fundador del despacho especializado en temas de transición energética Galo Energy.
Las trasnacionales que participan en el mercado eléctrico nacional, especialmente las estadunidenses y canadienses, observan con lupa las decisiones que se toman en el Poder Legislativo y la SCJN respecto a la inversión y participación privada en este sector.
Si bien, por ahora, los jugadores privados, con negocios en el sector eléctrico se habían limitado a presentar demandas de amparo en juzgados de primera y segunda instancia mientras cabildean entre diputados y senadores para frenar la contrarreforma de López Obrador, expertos en procesos de arbitraje aseguran que la batalla podría trasladarse a instancias internacionales y a juzgados especializados en temas de inversión que involucran derechos protegidos por el T-MEC.
Ante la posibilidad de que en la SCJN el gobierno federal registre los votos necesarios para garantizar la constitucionalidad de la LIE aprobada desde el 10 de marzo de 2021, los despachos de abogados especializados en controversias en el marco de acuerdos internacionales de comercio, preparan ya los alegatos con los que demandarían la restitución de inversiones, así como las indemnizaciones por el daño que, estiman, les ha causado esta contrarreforma; y lo harían al amparo del T-MEC.
El problema lo tienen los empresarios mexicanos que se ven perjudicados por el avance de la contrarreforma y que no cuentan con un tratado como el T-MEC, explica López Mestre.
Si la ponencia de la ministra Ortiz logra el apoyo de al menos cuatro integrantes del pleno de la SCJN, la LIE se validará constitucionalmente y, con ello, se declararían improcedentes los juicios de amparo que desde hace un año se han presentado en juzgados especializados en temas de competencia.
Es factible que la ponencia de la ministra Ortiz, a quien correspondió elaborarla luego de un sorteo, vaya en el sentido de que la LIE no atenta contra los tratados de libre comercio como el T-MEC y que defienda que el nuevo orden de despacho de energía previsto por la CFE para dar prioridad a sus plantas no viola derechos a un ambiente sano.
Para que la LIE –aprobada en marzo de 2021 para fortalecer a la CFE– se declare constitucional se requiere el voto de al menos cuatro de los 11 ministros de la SCJN. Por el contrario, la declaración de inconstitucionalidad demanda necesariamente el voto de ocho ministros.
Aun cuando la LIE se declare constitucional, de no darse una mayoría contundente en el pleno de la Corte, quienes tienen amparos interpuestos en su contra podrían solicitar la continuidad de esos procedimientos ante los tribunales especializados en materia de radiodifusión y competencia económica, en donde se espera que los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa mantengan su postura respecto a que esta ley violenta los principios de libre competencia y concurrencia para otorgar la protección de la justicia a quienes la han solicitado.
Proceso confirmó las gestiones de varias trasnacionales que se preparan para acudir a arbitrajes internacionales a fin de revertir la nueva ley.
De esta forma, las empresas que se perciben agraviadas en sus intereses económicos por el cambio de reglas en el despacho de energía, en las tarifas y en la obtención de permisos para el autoabasto de electricidad, no podrían solicitar la protección de la justicia frente a las disposiciones de la Secretaría de Energía y la CFE.
El capítulo XXII del T-MEC comprende las obligaciones de Empresas Propiedad del Estado (EPE), así como la participación de monopolios designados. El acuerdo protege a los gobiernos y empresas de los tres países de actos de autoridad que pudieran afectar el comercio o la inversión entre las partes. También incluye una regulación ante el otorgamiento de subsidios a las EPE.
