Defensores de los derechos humanos, académicos y organizaciones feministas están en alerta porque en Nuevo León, con el nuevo repunte de la violencia del crimen organizado, se incrementan las desapariciones de personas y desde 2020 la mayoría de las víctimas son mujeres. Mientras tanto, el gobernador Samuel García sigue apuntalando su imagen y la de su esposa atendiendo solamente los casos que le reportan presencia mediática.

MONTERREY (Proceso).– “De nada sirve quemar puertas. Vayamos juntos a buscar a estas mujeres”, dijo el gobernador Samuel García Sepúlveda el lunes 11 al presentar el grupo especial de 200 policías estatales para localizar a desaparecidas en Nuevo León.

Un día antes, el domingo 10, centenares de mujeres enardecidas opinaron distinto y decidieron protestar con fuego, cuando marcharon por calles de la ciudad para clamar por la desaparición y posterior feminicidio de María Fernanda Contreras, de 27 años, ocurrido una semana atrás, y por la reciente denuncia de desaparición de Debanhi Susana, de 18, en Escobedo, quien hasta el miércoles 13 no había sido localizada.

Al finalizar la manifestación del domingo las mujeres incendiaron uno de los portones del Palacio de Gobierno.

Hasta antes de esta marcha y otra similar efectuada el 8 de marzo, que culminó también con puertas incendiadas y destrozos en el interior del palacio, García se había mantenido al margen del problema, por lo que ahora, de acuerdo con investigadores, activistas y víctimas indirectas consultados por Proceso, las manifestaciones parecen moverlo a la acción y despertar la conciencia ciudadana.

Lo que se ha visto en Nuevo León es un incremento en cifras de desapariciones, especialmente de mujeres, pues desde 2018 se ha incrementado el delito principalmente en víctimas menores de edad, señala la académica Séverine Durin, antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social que investiga estos casos desde hace años.

Para el director de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Fernando Ríos Martínez, dichas manifestaciones son reflejo del hartazgo ciudadano ante un gobernador que se involucra tarde en el fenómeno, y con una fiscalía que debe buscar 6 mil desaparecidos registrados en el último medio siglo con sólo cinco fiscales investigadores.

Como política reciente de comunicación, Samuel García llama a conferencia de prensa, lee textos y expone problemáticas, sin aceptar preguntas de los reporteros. Lo mismo sus subalternos.

El fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, no respondió a una solicitud de entrevista sobre la actuación de la instancia en la investigación de las desapariciones.

“Feminización” de desapariciones

María Fernanda salió de su casa el domingo 3 y se dirigió a la colonia Primavera, de Monterrey. La familia ya no supo de ella. Sin embargo, rastrearon su teléfono y encontraron que la señal estaba en Apodaca, como lo notificaron a la fiscalía estatal.

Policías ministeriales inspeccionaron una casa de la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca, y el jueves 7 encontraron el cadáver con huellas de violencia. Murió por contusión profunda del cráneo.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2372 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.