El mundo quedó conmocionado al ver los cadáveres de civiles ucranianos –muchos maniatados– en la ciudad de Bucha, presuntamente ejecutados a mansalva por las tropas rusas. Moscú acusó un montaje de Kiev. Una matanza de civiles durante la guerra está penada por los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma; el problema es que hay que probar aquello de que se acusa, por lo que las autoridades ucranianas han comenzado la recolección de las declaraciones públicas y los testimonios de supervivientes y testigos.

ROMA (Proceso).— La barbarie ocurrida en pueblos como Bucha y Borodianka, que durante un mes hicieron las veces de escudo ante el avance del ejército ruso sobre Kiev, conmocionó al mundo por el reguero de cadáveres de civiles inermes descubiertos esta semana después de la retirada rusa.

El gobierno ucraniano acusó directamente a Moscú, y Rusia respondió que se trata de un “montaje”, al mismo tiempo que múltiples voces se hicieron oír para exigir que estos hechos sean juzgados en tribunales internacionales. Con ello se abrió un debate sobre cómo investigar y enjuiciar a los responsables de estas matanzas, un proceso que los expertos creen que llevará años e incluso podría no completarse.

De hecho, en la actualidad existen una serie de infracciones aplicables al caso ucraniano y previstas en los Convenios de Ginebra de 1949 y el Estatuto de Roma, adoptado en 1998. Se trata del delito de lesa humanidad, que implica haber cometido, de forma sistemática y a gran escala, ataques contra la población civil (se excluye a los militares).

Luego están los delitos tipificados como crímenes de guerra en sí, donde la responsabilidad es individual y que incluyen el homicidio y la violencia sexual en situación de guerra. Y se suman al grupo dos más: el genocidio, que aplica cuando se denuncia la intención de un plan para destruir a un grupo nacional, étnico o religioso como tal, y el delito de agresión, el último reconocido por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2018 y que se contempla cuando existe un atacante que va contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado.

Pero todo ello, por supuesto, se tiene que demostrar, lo que empieza con la recolección de las declaraciones públicas y de los testimonios de supervivientes y testigos, así como la recopilación de las pruebas, que hoy día pueden incluir tanto imágenes de satélite y fotografías en el terreno –algunas ONG ucranianas están usando apps para que la población pueda colaborar–, como material digital difundido en redes sociales y en medios de comunicación. Y de ahí también que fiscales ucranianos hayan empezado a ir pueblo por pueblo para recolectar pruebas, trabajando con forenses para los informes médicos de los afectados. Esto porque es el paso previo a la tipificación de las acciones que son consideradas delitos, y la instrucción de los procesos.

Aun así, tanto especialistas ucranianos como internacionales afirman que consideran que existen “elementos que corroboran que estos delitos han sido cometidos”, como dice Sergei Petukhov, profesor de derecho internacional y exviceministro de Justicia de Ucrania. “En el caso del delito de agresión, el presidente ruso (Vladimir Putin) comunicó públicamente sus intenciones en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU lo ha condenado”, ejemplifica Petukhov, al advertir que, sin embargo, estos procesos podrían alargarse “muchos años”, especialmente “si la guerra no se detiene”. “Hay centenares de víctimas”, insiste Petukhov, al decir que tampoco se excluye que se haga un llamado para que los soldados rusos que han presenciado crímenes se presenten a atestiguar a cambio de protección.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2371 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 10 de abril de 2022.