En el municipio de Altamirano un grupo paramilitar vinculado a la familia Pinto Kanter, el PVEM y la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda están secuestrando masivamente a quienes se oponen al regreso de ese núcleo político al poder que detentó durante 12 años. Ante ello, el gobierno de Rutilio Escandón ha gestionado la liberación de algunas víctimas y la fiscalía estatal abrió carpetas de investigación, pero no han informado de los resultados.

ALTAMIRANO, Chis. (proceso).— Secuestradas por un grupo paramilitar, 37 personas del pueblo indígena tojolabal padecen desde hace casi tres meses la privación de su libertad, como resultado de los resabios de un cacicazgo político que durante 12 años mantuvo el control de un pueblo que finalmente se rebeló, en esta región de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En los últimos meses varios secuestros masivos han mantenido en vilo a los habitantes de Altamirano, inmerso en un conflicto político y víctima de grupos de choque y civiles armados que, acusan, están vinculados o al servicio de políticos que intentan perpetuarse como autoridades locales.

En la marcha del domingo 13, organizada por el EZLN en seis cabeceras municipales de Chiapas, la de Altamirano fue singular, pues al contingente de hombres y mujeres rebeldes encapuchados se unieron miles de pobladores no zapatistas de los barrios y colonias, quienes denunciaron la crisis que viven desde el 14 de agosto de 2021.

Armando Pinto Kanter, Amilkar Pinto Kanter, Roberto Pinto Kanter, sus esposas, sus cuñados, algún primo o pariente de ellos, han figurado como presidentes municipales desde los noventa y hasta 2021, cuando fueron expulsados de Altamirano.

Contra eso se levantó el pueblo, dice el comisariado ejidal René Santiz Espinosa, una de las víctimas de un primer secuestro masivo en agosto pasado. Santiz sostiene que no cederán a presiones de grupos de civiles armados que pretenden obligar a renunciar al actual concejo municipal.

La rebelión contra los caciques del pueblo (la familia Pinto Kanter) ha llevado a esta población a vivir atrincherada. Camiones con cadenas y hombres con radio en mano están en todos los accesos del pueblo como un filtro de control para evitar el ingreso de un grupo armado ligado, dicen, a quienes antes detentaron el poder político municipal en Altamirano.

En la mencionada marcha zapatista del día 13, los pobladores y sus autoridades ejidales hicieron suyas las demandas de los rebeldes. Al terminar la marcha, vecinos de la localidad expusieron en un mitin lo que vivieron más de 12 años y el hecho de que ahora padecen el plagio de integrantes de su movimiento.

El comisariado ejidal de Altamirano, Santiz Espinosa, fue uno de los primeros secuestrados del 14 de agosto de 2021. El suyo y el de otros de sus compañeros ejidatarios desataron la ira del pueblo. Lo liberaron en los primeros días de septiembre. 

Ya en libertad y a la cabeza del movimiento social ciudadano, Santiz dice que fueron torturados y los tuvieron varios días sin comer, por eso le preocupa lo que ahora puedan estar sufriendo los 37 indígenas miembros de la resistencia civil Movimiento Ciudadano 14 de Agosto de Altamirano que permanecen cautivos.

El grupo armado que mantiene a los indígenas secuestrados exige 10 millones de pesos para liberarlos y la renuncia del concejo municipal popular.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2369 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.