AMLO
El continuismo neoliberal de AMLO
Una de las razones de mi voto crítico por López Obrador en 2018 fue la de contribuir a cerrar el ciclo de la ilusión política de que se trataba de un proyecto de izquierda. No me equivoqué. La realidad se está ocupando de hacer caer esos velos; por desgracia, con enormes costos económicos y sociales
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Una de las razones de mi voto crítico por Andrés Manuel López Obrador en 2018 fue la de contribuir a cerrar el ciclo de la ilusión política de que se trataba de un proyecto de izquierda. No me equivoqué. La realidad se está ocupando de hacer caer esos velos; por desgracia, con enormes costos económicos y sociales para el país.
Mientras tanto, el presidente de la República cierra los ojos frente a la situación y prefiere utilizar su tiempo y espacio, que es también nuestro, en denostar a quienes discrepan de su gobierno. Sin embargo, es urgente y necesario abrir la discusión pública sobre la situación de la economía nacional y de la población trabajadora.
La vulnerabilidad económica y la precariedad laboral que nos caracterizan como país es resultado de cuatro décadas de políticas neoliberales, pero también del neoliberalismo económico de AMLO, y por supuesto de la emergencia sanitaria que paralizó la economía mundial en 2020.
El viejo neoliberalismo, ayuda de memoria
Neoliberalismo es el glamoroso término para denominar al capitalismo salvaje. Así se nombra a la política que rompió con el estado de bienestar nacido a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Esa estrategia económica fue inaugurada por Margaret Thatcher en Reino Unido y por Ronald Reagan en EUA a finales de la década de los setenta. No conozco mejor descripción de neoliberalismo que la de Thatcher en su momento: “Los capitalistas nos exigen: reapropiémonos de la ganancia”. Y de acuerdo con sus condiciones históricas, cada país lo hizo a su manera.
Casi cuatro décadas de llevar adelante esa estrategia económica en México, con muy altos niveles de corrupción; el país no podía quedar indemne. Los resultados en términos de un mediocre crecimiento de 2.4% promedio anual; de aumento de la pobreza, de éxodo económico de la población, de precariedad laboral y deterioro del poder adquisitivo del salario; así como de crecimiento de la inseguridad pública y de la delincuencia organizada, no se hicieron esperar. Ello explica de manera importante el inédito triunfo de AMLO. Pero el somero análisis de los resultados de su política económica nos dice que no basta con decretar el fin del neoliberalismo para efectivamente lograrlo.
Austeridad fiscal y sexenio perdido
El 17 de marzo de 2019 AMLO decretó el fin del neoliberalismo. Para él neoliberalismo es sinónimo de corrupción. Obcecado, insiste en señalar que “nosotros no somos iguales”. Y efectivamente, la tecnocracia priista que arribó al poder en 1982 es muy distinta al priismo del nacionalismo revolucionario del que proviene AMLO. En ese sentido tiene razón al afirmar que “no somos lo mismo”, porque aquel sector de la clase política en el poder ya no goza de hegemonía. Pero lo que no ha concluido es la aplicación de la misma estrategia inaugurada por esa tecnocracia.
Uno de los más significativos indicadores de la continuidad del neoliberalismo en el actual gobierno es que el monto de recursos públicos para amortiguar los costos sociales y económicos de la emergencia sanitaria fue de los más bajos del mundo, esto es 0.7% del PIB en gasto directo de apoyo a las personas y los hogares y 0.4% a las microempresas. En mezquindad fiscal durante la pandemia, México sólo fue superado por Uganda. La austeridad fiscal, uno de los ingredientes de la receta neoliberal, ha sido aplicada a rajatabla por el gobierno de AMLO, incluso en plena pandemia. Fue una respuesta procíclica a la crisis económica generada por el SARS-CoV-2. Por eso no sorprende que, sin el apoyo necesario a empresas y trabajadores para no romper los circuitos económicos, la caída del PIB en México durante 2020 haya sido una de las más fuertes del mundo (-8.3%).
Y esa astringencia fiscal también explica en buena medida que la pronta recuperación económica en 2021 (5%) haya quedado por debajo de los pronósticos de la SHCP (6.3%), y que esa tendencia a la baja continúe en 2022 y en 2023. Si a ello sumamos el crecimiento negativo de -0.2% en su primer año de gobierno, resulta entonces que el gobierno de la 4T significará un sexenio perdido, con un crecimiento del PIB promedio anual menor al 1%. Como el de MMH, que cerró en 0.5%. Pero 40 años después, y con el costo de los rezagos sociales acumulados por los diversos gobiernos en esos años.
En los gobiernos neoliberales la austeridad fiscal se aplicó bajo el precepto de la estabilidad económica, que se utilizó para echar abajo derechos sociales conquistados; por su parte, el objetivo del gobierno actual es eliminar el gasto superfluo. En el periodo de AMLO como presidente nacional del PRD fui senadora de la República y responsable del Área de Estudios Económicos de mi grupo parlamentario. Uno de nuestros descubrimientos fueron las partidas superfluas en el ejercicio presupuestal. Y gracias al sólido trabajo del equipo de excelentes economistas que coordiné, la denuncia de éstas se convirtió en bandera del partido. Ahora como ciudadana me gustaría saber, ¿cuánto se ha logrado ahorrar de aquel derroche presupuestal? ¿En dónde se ha aplicado ese ahorro? Para cuantificar esas partidas se analizaban los 33 tomos del proyecto de egresos de presupuesto. ¿Se hizo lo mismo a la hora de los distintos recortes presupuestales ejercidos por el gobierno? ¿Eran efectivamente gastos superfluos? Tengo mis serias dudas. El aumento de las jornadas laborales, los despidos y la disminución de los salarios de los trabajadores al servicio del Estado no me parece supresión de algún derroche. Esto también es neoliberalismo, y no menor.
Por otro lado, esa astringencia en el gasto no se corresponde con el derroche presupuestal en sus proyectos prioritarios. Como botón de muestra está el costo de la refinería Dos Bocas y la deuda de al menos 332 mil millones de pesos contraída por la cancelación del AICM. Más de la tercera parte de la asumida en su momento por los pasivos del Fobaproa.
La proyección de que el sexenio de AMLO será un sexenio perdido se explica no sólo por la política procíclica durante la pandemia, sino por la caída de la inversión, que es el motor más poderoso del crecimiento económico. Esa caída en 2020 de -17.9% sólo es comparable con la registrada en 1995 de -35.8%. Es evidente que esta pérdida de dinamismo es producto no sólo de la contracción económica mundial por la pandemia, sino, para el caso de México, también por la pérdida de confianza de los inversionistas privados.
No tocar a la cúspide de la pirámide de ingresos
La cancelación del proyecto del AICM tuvo consecuencias en el ánimo de una clase de inversionistas privados para quienes la divisa es siempre ganar-ganar. Si el objetivo del presidente de la República era modificarla por otra de ganar-compartir beneficios sociales, quizás el proyecto pudo modificar su perfil mediante una negociación que disminuyera la inveterada avidez empresarial. Pero en cualquier caso el gobierno debió tener un plan “B” para contrarrestar la prevista disminución de la inversión privada desde 2019. Y la única manera de compensarla era mediante el aumento de la inversión pública. Pero un país con una de las cargas tributarias más bajas del mundo (14.5% del PIB) padece escasez de recursos para financiar su inversión, de manera que para el gobierno era obligado pactar una reforma fiscal en 2019 con todos los sectores productivos, centrada en aumentar el ISR a la cúspide de la pirámide de ingresos, es decir el ventil más alto de los hogares. Por el contrario, lo que promete hacer en la segunda mitad de su sexenio es una miscelánea fiscal más.
No pactó la reforma fiscal necesaria a pesar de ser el presidente con mayor legitimidad electoral y social de la historia moderna del país. Un derroche de fuerza. Mi explicación no es otra que la esencia neoliberal de su política. El neoliberalismo se ha distinguido por no tocar ni con el pétalo de una rosa a los grandes inversionistas, de ahí que, por muchos años las recomendaciones en materia fiscal de organismos financieros internacionales como el FMI fueran el aumento a impuestos indirectos como el IVA, pero no a los directos como el ISR. Afectar a los consumidores, no a los capitalistas. AMLO ni a unos ni a otros. Pero el franciscanismo en materia fiscal termina por proteger a los grandes capitalistas.
No es casual la tesis de AMLO de que el problema de la desigualdad en México no reside en la explotación sino en la corrupción, y que ésta es la característica esencial del neoliberalismo inaugurado en 1982. Así resulta que no hubo corrupción en los corruptos gobiernos priistas anteriores, y que entonces y después, la explotación es sólo una preocupación de los luchadores políticos y sociales de la izquierda. Ciertamente ha utilizado su fuerza política para abatir los altísimos niveles de elusión y evasión fiscal, pero sabemos que una robusta política de inversión pública no puede sostenerse en ingresos no recurrentes.
El deterioro del mundo laboral
Cuarenta años de políticas neoliberales sumadas al impacto de la pandemia es una situación difícil de superar para la economía nacional, pero también para la vida de la población trabajadora, es decir más de 55 millones de personas en 2021.
El problema es que AMLO nada ha hecho para proteger la planta productiva y el empleo, y sus diversos programas de asistencia social no han evitado el crecimiento de la pobreza extrema.
El menosprecio por la generación de empleos dignos motivó que su recuperación haya sido tan pronta como precaria. Para el tercer trimestre de 2021 ya se habían recuperado los más de 10 millones de empleos perdidos en 2020, pero de cada 100 empleos creados en ese lapso, 78 fueron informales. Además, la población disponible para trabajar registró niveles históricos en 2021: 7.9 millones de personas, 42% más que los registrados en 2018. Un indicador de desempleo disfrazado. Pero también aumentó de manera significativa la población ocupada con menos de tres salarios mínimos; 62.6% en 2018; 74% en 2021. En otras palabras, la pobreza se está redistribuyendo.
Por otra parte, la población ocupada total con jornadas ilegales mayores a 48 horas semanales es, como en 2018, más de la cuarta parte de los ocupados. Y a pesar de la multiplicidad de programas de apoyo social, la pobreza extrema aumentó.
Por su parte, la recuperación del salario mínimo real se inició en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues habíamos llegado a la inédita situación de pagar por trabajar. Sí, al absurdo de registrar salarios negativos, sobre todo en el sector servicios. Esa recuperación continúa en el gobierno de AMLO, pero mantiene los topes salariales inaugurados en 1976. Para eso sirve la triquiñuela iniciada en 2017 de dividir el aumento al salario mínimo en un Monto Independiente de Recuperación y en un porcentaje. Este porcentaje es el que fija el tope de aumento para el resto de los salarios, contractuales o no. Y debido a esos topes, se produce el paradójico efecto de combinar recuperación del ingreso de los trabajadores de salario mínimo con empobrecimiento relativo del resto de los ocupados. Estas son malas noticias no sólo para los trabajadores, sino también para la recuperación del mercado interno y para la productividad.
Además, a pesar de la recuperación del salario mínimo iniciada en 2017, éste continúa situándose en el sótano de los países de América Latina, del Caribe y de la OCDE. Esta situación no es responsabilidad del gobierno de AMLO, pero sí la conservación de los topes salariales. Una medida eminentemente neoliberal.
Por otro lado, a partir de la declaración gubernamental (05/08/2021) de que el sexenio cerrará con un salario mínimo de 189.04 pesos y que por tanto los incrementos serán menores en los tres próximos años (tasa de 4.57%), y del muy generoso supuesto de que la inflación anual será de 3% anual; aun así, proyectamos que la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo de 1976 se lograría en 2060. Un ciclo de casi 90 años y tres generaciones perdidas en los laberintos de la precariedad laboral y de la pobreza.
A este triste panorama laboral agreguemos que las pensiones se tasan, no en salarios mínimos sino en Unidades de Medición Actualizada (UMA). La reforma que llevó a esa situación fue necesaria para lograr el crecimiento del salario real; pero hay maneras de conjuntar ese objetivo con el de no perjudicar a quienes están al final de su vida laboral. A la fecha, ello significa una pérdida de 46.2% del monto de las pensiones. Esta constituye una seria agresión a los derechos laborales, misma que el gobierno pretende amortiguar con el asistencialismo de la pensión para la población de la tercera edad.
La pandemia nos vino como anillo al dedo
Sin duda, buena parte de estos deplorables resultados económicos y laborales se debieron a la emergencia sanitaria, pero también a la política económica gubernamental. El presidente sembró suspicacias con aquella declaración de que la pandemia “nos vino como anillo al dedo”. Porque, efectivamente, podría utilizarse la contingencia sanitaria como excusa para los negativos resultados de la primera mitad de su sexenio. Lo cierto es que superar los estragos del neoliberalismo, y modificar el rumbo del país hacia robustas tasas de crecimiento con bienestar social, requiere de mucho más que decretar su desaparición.
El fundamentalismo de las recetas neoliberales nunca aceptó confrontarse con el deterioro social y económico que generó. Ese fundamentalismo continúa. Es necesario abrirse a la crítica, a la discusión sobre propuestas alternativas para sacar al país del atolladero en el que nos dejó el capitalismo salvaje de las últimas décadas, y que ahora se profundiza. En lugar de manotazos en distintas mesas, y de concesión de privilegios en otras con la consecuente reproducción de las mafias en el poder, es urgente convocar a un gran pacto social y económico con todos los sectores productivos. Y por supuesto es imperativo, porque la ley lo establece, acatar las reglas de transparencia en las acciones de gobierno.
Pero nada de ello es posible si no se valora, respeta y consolida lo alcanzado hasta ahora en nuestra maltrecha democracia; entre otras cosas la división de poderes y la autonomía de los órganos de Estado, empezando por el INE. El afán de concentración del poder en manos del Ejecutivo es ominoso para la salud republicana. Por lo tanto, ojalá pronto el presidente de la República abra la discusión sobre cómo lograr un mejor país. Ojalá que a la brevedad tome conciencia de que ya no está en las filas de la oposición, sino que es cabeza de Estado de un país al que urgen mejores derroteros. ¡Ojalá! Aunque por desgracia, existen razones fundadas para el escepticismo.
