El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar perdió 920 millones de pesos en abril de 2020 porque pagó por adelantado mil ventiladores a la empresa británica Viva Enterprises Limited, de los cuales sólo recibió 50 y a destiempo, reveló la Auditoría Superior de la Federación en el informe que dio a conocer el domingo 20. En la adquisición de los aparatos, que se utilizarían para mantener con vida a pacientes de covid-19, también están involucrados un empresario regiomontano, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda.  

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En abril de 2020, en medio del alboroto global por conseguir los insumos médicos necesarios para enfrentar la incipiente pandemia por covid-19, el equipo del canciller Marcelo Ebrard viajó por el mundo para comprar de urgencia cubrebocas, guantes de látex y, sobre todo, los ventiladores necesarios para mantener con vida a pacientes contagiados por el entonces poco conocido virus SARS-CoV-2.

Una de estas negociaciones desembocó en una presunta estafa, en la cual el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) perdió 920 millones de pesos porque pagó por adelantado mil ventiladores modelo VG70 a la empresa británica Viva Enterprises Limited, de los cuales solo recibió 50, y a destiempo.

El 28 de mayo de 2021, el Insabi contrató al despacho jurídico británico Peters & Peters, que se ostenta como una firma de “abogados especializados en disputas entre pesos pesados” y en litigios comerciales, para realizar acciones legales contra la empresa.

Viva Enterprises Limited es representada en México por el joven empresario regiomontano Héctor Gabriel Garza del Fierro, quien es socio de otras dos empresas que también vendieron ventiladores al Insabi durante la emergencia sanitaria, por 603 millones de pesos. De estos ventiladores, la dependencia no tiene contratos ni tampoco actas de entrega.

Una de las empresas de Garza del Fierro cobró 465 millones de pesos al Insabi por mil ventiladores VG70. Se trata de la misma cantidad y del mismo modelo de aparato que el instituto pagó a Viva Enterprises por mil 416 millones de pesos, es decir, un precio 304% superior.

El caso quedó evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe de auditoría 243-DS, publicado el domingo 20. Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cancillería y el Insabi habían informado sobre esta situación, de la cual varios funcionarios en el gobierno estuvieron enterados, incluyendo al entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.

“No podemos informar del tema porque afectaríamos la diligencia del caso”, indica la encargada de prensa del Insabi a Proceso, en respuesta a una consulta sobre el tema de Viva Enterprises Limited, y agrega que tampoco le sería posible contestar un cuestionario al respecto.

La Cancillería, por su parte, declaró a este semanario que “por instrucciones presidenciales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se dio a la tarea de identificar posibles proveedores en todo el mundo de los diversos insumos que la Secretaría de Salud determinó”, y que, para el abasto de ventiladores, se ubicaron diversas opciones, entre ellas la sociedad Viva Enterprises Limited.

“Tanto de esta como de otras ofertas disponibles, la SRE proporcionó toda la información solicitada al Insabi, a quién correspondió, a través de sus áreas competentes, su valoración, la decisión de la adquisición y la adquisición en sí misma”, se deslindó la dependencia.

Agregó que, respecto de la demanda en Reino Unido, “únicamente proporcionó las opciones, sin hacer parte de la decisión de proceder a la demanda, y qué despacho o estrategia utilizar”, dado que el Insabi “cuenta con atribuciones para realizar adquisiciones e iniciar y llevar a cabo sus propias acciones legales ante tribunales nacionales y extranjeros”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2365 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.