Según la CIDH y el Alto Comisionado de la ONU, México es uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos y para el ejercicio periodístico, pese a la existencia en el país de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, instancia que ha demostrado su inutilidad. Algunas cifras avalan esta afirmación: en el presente sexenio, del universo de periodistas y activistas asesinados, nueve –dos comunicadores y siete defensores– estaban “protegidos” por ese mecanismo.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Con 25 años como defensor de derechos humanos, 12 de ellos en riesgo permanente, Raymundo Ramos Vázquez se asume como “el mejor ejemplo de que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, no ha funcionado”.

Amenazado, hostigado, perseguido judicialmente, blanco de campañas de difamación y estigmatización, cada día Ramos Vázquez realiza su labor como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), convencido de que, si sigue vivo, “nunca fue suerte, siempre fue Dios”.

Registrado como beneficiario del Mecanismo de Protección en 2013, cuya Junta de Gobierno no lo ha llamado a reuniones de evaluación de riesgo desde 2019, Ramos y sus colegas del CDHNL empezaron a sufrir agresiones tres años antes, cuando tomaron la representación de los familiares de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, asesinados por miembros del Ejército en abril de 2010, en el contexto del despliegue militar en Nuevo Laredo, como parte de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el entonces presidente Felipe Calderón.

Ramos Vázquez identifica como responsables de las amenazas a miembros del Ejército, de la Marina y recientemente al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hechos por los que ha interpuesto cinco denuncias penales, dos en el ámbito local y tres ante la Fiscalía General de la República. Ningún recurso ha prosperado.

Uno de los 89 participantes en la primera ronda de consultas para la construcción de una iniciativa para una ley general en materia de protección a personas defensoras y periodistas, impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Ramos Vázquez insiste en que es “la evidencia de que el Mecanismo no ha funcionado, no hay coordinación entre los estados y la federación, las fiscalías están ausentes en este tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no aporta nada y mientras eso siga –la impunidad–, podemos anticipar que de aprobarse la Ley, será letra muerta”.

El proyecto de la dependencia a cargo de Alejandro Encinas busca que estados y municipios del país compartan la responsabilidad que hasta ahora ha tenido el gobierno federal de brindar protección a personas defensoras y periodistas a través del Mecanismo de Protección, en el que están inscritos mil 23 activistas y 495 comunicadores, según cifras oficiales.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2361 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.