Si causó escozor el amparo promovido por el abogado yucateco Miguel Fernando Anguas Rosado contra la colocación de nacimientos navideños y otros símbolos religiosos en espacios públicos y a cargo del erario, el proyecto de resolución de la Suprema Corte, favorable al promovente y a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara, enfureció a la jerarquía católica, a grupos afines a ésta, como el Frente Nacional por la Familia… y al presidente López Obrador. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-  La fuerte presión de la Iglesia Católica contra el polémico proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe la colocación de nacimientos navideños y otros “símbolos religiosos” en lugares públicos y espacios gubernamentales, ya provocó que su votación fuera pospuesta en el máximo tribunal, pero además el proyecto suscitó el rechazo del presidente López Obrador, quien afirmó que no tiene fundamento legal, atenta contra “nuestras tradiciones” y “la lucha social de Jesucristo”. 

El 28 de noviembre, en su conferencia mañanera, a López Obrador se le preguntó su postura sobre el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y respondió: “Yo no estoy a favor de eso, yo creo que eso no tiene fundamento legal ni tiene que ver con nuestras tradiciones y costumbres. Además creo que es contrario a la libertad religiosa”.

Aseguró que el proyecto “no se va a aprobar, no creo que se apruebe. Esta es una opinión que se respeta, pero yo le digo al ministro por qué votó para proteger a los defraudadores fiscales y por qué ahora quiere prohibir algo que tiene que ver con la libertad religiosa, con la libertad de conciencia”.

El proyecto intenta, remató el presidente, “prohibir la celebración del hombre que más ha luchado por los pobres, porque Cristo fue un luchador social… siempre estuvo a favor de la justicia”.

La propuesta presentada semanas previas a la Navidad provocó un fuerte movimiento de rechazo del episcopado mexicano y de sus organizaciones de laicos, pues la ven como un intento de “eliminar toda manifestación pública de la vida religiosa”, como peregrinaciones, fiestas patronales, festejos guadalupanos, navideños o de Semana Santa, entre otros.

Del lado opuesto, los defensores del proyecto elaborado por González Alcántara aseguran que México es un “Estado laico” y, por tanto, ya deben eliminarse tantas manifestaciones públicas y privilegios que los gobiernos le han permitido a la Iglesia Católica durante siglos, en detrimento de los derechos humanos de los “no creyentes” y de las “minorías religiosas”. 

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2405 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 4 de diciembre de 2022.