CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) rechazó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de prohibir la colocación de nacimientos navideños en espacios públicos mediante el gasto de recursos del erario de Chocholá, Yucatán que será presentada el próximo miércoles 9 de noviembre.

Mediante un comunicado la CEM señaló que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual México es parte, reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión como una de las prerrogativas fundamentales de las personas que puede ejercerse tanto en público como en privado.

“La libertad religiosa es un derecho muy amplio que implica la libertad de pensamiento, la de culto, su práctica en las distintas facetas y circunstancias de la vida, así como la de expresión y formación con dichos principios religiosos, o no”, señaló.

“El derecho a la libertad religiosa supone un verdadero Estado laico que permita la libertad de creer o no creer, incluso de cambiar de credo u opciones fundamentales”.

En la propuesta del ministro, se afirma que la instalación de nacimientos navideños en espacios públicos con recursos del erario del municipio de Chocholá, Yucatán privilegia o considera superior la religión cristiana “sobre el resto de las concepciones de pensamiento o de conciencia.

El proyecto será presentado para resolver el amparo tramitado desde 2020 por un habitante de dicho municipio contra la colocación del nacimiento y adornos navideños alusivos a la religión en espacios públicos significativos de la demarcación.
La CEM señaló que el ejercicio de una expresión religiosa, individual o colectiva, no implica su imposición a los demás.

“Pretender imponer una sociedad sin referentes religiosos, es, implícitamente, querer un sólo estilo de vida, arreligioso, es decir en donde prevalezca la negación de las creencias religiosas. Este modelo, discrimina a los seres humanos que sí tienen opciones religiosas y es contrario al Estado Laico. Es absurdo buscar eliminar toda manifestación pública de la vida religiosa. El erario, incluso y como es en los países democráticos, debe estar al servicio de las personas, y éstas, tienen orientaciones religiosas”, precisó.