CIUDAD DE MÉXICO (apro).–“Otra vez la Corte”, reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al nuevo proyecto que presentará el ministro Luis María Aguilar, para que la prisión preventiva oficiosa no se aplique de manera automática y se revise caso por caso; el mandatario acusó que quieren beneficiar a las factureras. 

“Además de veras es vergonzoso, ¿cómo proteger a delincuentes? ¿Nada más porque son potentados o de cuello blanco? ¿Qué no tienen otras cosas que hacer? ¿Qué no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos?, nos costó muchísimo el que se tipificara como delito ese tipo de defraudación fiscal”, aseguró el presidente quien se dijo sorprendido cuando se enteró de este proyecto. 

Al inicio dijo no estar de acuerdo con el nuevo proyecto pero que respetaría la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y enseguida afirmó que la propuesta del ministro es que quienes se dedican a emitir facturas falsas se mantengan en la impunidad. 

“Era vergonzoso lo que sucedía y hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales con facturas falsas, haciendo transacciones millonarias ofreciendo tú tienes que pagar tanto a la hacienda pública, tienes que pagar 6 millones pero si me das un millón yo me encargo con facturas falsas de que no pagues y eso es lo que quieren ahora que aceptemos y lo envuelven en el lenguaje leguleyo”, señaló. 

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que esta propuesta es una acción de inconstitucionalidad que pretenden dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves como es el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas.

Agregó que estos delitos son en determinadas modalidades y con altos montos, pero que se trata de supuestos que se equiparan a delincuencia organizada. 

“El proyecto lo que quiere es que ellos puedan estar en los procesos penales sin estar en prisión, con una serie de ventajas y comodidades procesales cuando son delitos de cuello blanco que causan enormes daños al fisco y en la Ley de Seguridad Nacional también se señaló que esto va en contra del país porque finalmente es una afectación al interés público y a las finanzas nacionales (…) el proyecto quiere echarlo abajo además modificando por la puerta de atrás de manera fraudulenta la propia Constitución porque ellos ya quieren interpretar lo que es una prisión oficiosa”.