Confrontado con la mayoría del Congreso local, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, está pagando cara su resistencia a nombrar fiscal general del estado a su rival electoral, Adrián de la Garza, quien lo acusó de tener tratos con el narco. La mayoría priista y panista se niega a aprobar el presupuesto 2023 y procedió contra funcionarios estatales por la retención de presupuesto a municipios opositores y por “terrorismo fiscal”.

MONTERREY, NL. (Proceso).–  Apenas cumplió su primer año en el puesto y el gobernador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, ya está confrontado con el Congreso de Nuevo León, integrado mayoritariamente por priistas y panistas, por la elección del fiscal general.

La oposición impulsa para ese cargo a Adrián de la Garza, alcalde tricolor de Monterrey, exprocurador estatal y rival de García en la pasada campaña por la gubernatura. El gobernador es renuente, ya que además de señalarse a De la Garza como potencial “cogobernador”, éste acusó durante la campaña a García y su familia de tener tratos con narcotraficantes.

Esto derivó en conflictos más graves, como el inicio de juicios de procedencia contra el secretario general de Gobierno; terrorismo fiscal contra líderes de partidos; retención de recursos a alcaldes opositores, algunos de los cuales durante semanas padecieron penurias hasta para pagar las nóminas; y lo más grave: un diálogo cancelado que compromete la aprobación del presupuesto estatal de 2023.

En esta confrontación, en la que nadie quiere ceder, César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, quien era el interlocutor del PRI con el mandatario y presidente de la mesa de colaboración metropolitana, advirtió que ya no volverán a reunirse con el mandatario estatal porque se ha ensañado con los ediles albiazules y tricolores reteniéndoles recursos.

A su vez Javier Navarro, secretario general de Gobierno, asegura en entrevista que el estado funciona y los índices delictivos van a la baja: “Ojalá que esto se resuelva, todos estamos perdiendo. No es justo que el que pierda sea el ciudadano de Nuevo León. Nos pagan por jalar, tenemos que dar 100% de nuestro tiempo, mente y esfuerzo en ello, y no en tonterías, por no decir pendejadas”.

Acuerdos rotos

La reyerta entre poderes surgió por un acuerdo que pactaron el gobernador y representantes del PRI y el PAN en una mesa de negociación.

García, por su parte, incumplió sus ofertas de campaña: no arrancó el prometido nuevo estadio de Tigres; continúan en estudio las tres líneas del metro anunciadas; tampoco se ha comenzado con la obra del tren suburbano, y lo mismo pasa con las carreteras Interserrana y la Gloria-Colombia, rumbo a la frontera con Texas.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2408 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.