Tras una gestión marcada por su cercanía con el proyecto de nación del actual jefe del Ejecutivo –favoreciendo a éste por acción u omisión en asuntos como la revocación de mandato, la Ley de la Industria Eléctrica o la militarización del país–, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, dejará el cargo y –a decir del investigador Javier Martín Reyes– tiene la opción de quedarse a cumplir su periodo como ministro integrante del pleno o bien, como parece indicar su campaña de posicionamiento mediático, convertirse en fiscal general de la República…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no viene de carrera judicial. Su elección en enero de 2019 fue bien recibida por la opinión pública debido a ciertos criterios, como el de la resolución del caso de la Guardería ABC y el consumo lúdico de la mariguana, en los que no sólo mostró independencia de otros poderes públicos, sino una verdadera defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, una vez que llegó a la presidencia del máximo tribunal, desapareció la distancia que en sexenios anteriores había mostrado frente al Ejecutivo federal y, con el tiempo, se mostró cada vez más cercano a éste y afín al proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, considera Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“La expectativa es que iba a ser un ministro presidente de esa misma manera, con independencia respecto del Poder Ejecutivo y con capacidad de impulsar cambios importantes al interior. La verdad es que hubo un contraste notable. Zaldívar, para bien y para mal, ha sido un ministro presidente particularmente cercano al poder y creo que nunca habíamos tenido de manera visible y pública a un presidente de la Corte que se acercara tanto al Poder Ejecutivo y basara tanto de su administración en esa alianza con el presidente López Obrador”, dice en entrevista el también coordinador de la licenciatura en derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En conferencia de prensa el pasado 16 de noviembre, Zaldívar reconoció que al asumir como ministro presidente, el Poder Judicial de la Federación (PJF) atravesaba un momento muy hostil ante las constantes críticas y reclamos por los casos de corrupción, nepotismo, acoso y otras irregularidades en los organismos jurisdiccionales.

Esa hostilidad se reflejaba constantemente desde la tribuna de López Obrador, que en sus conferencias matutinas no cesaba de acusar exceso, despilfarros, injusticias y casos de corrupción de integrantes del PJF, desde la Corte hasta juzgados federales.

Como respuesta, por primera vez jueces y magistrados federales de todo el país se organizaron para manifestarse pacíficamente afuera de las instalaciones del PJF en la Ciudad de México y el resto de la República Mexicana para exigir que cesaran los ataques del Ejecutivo.

En congruencia con el discurso de López Obrador, la gestión de Zaldívar tuvo un primer año de sanciones contra los integrantes del PJF y marcado por las nuevas políticas antinepotismo, a través de las cuales hasta ahora han sido readscritos cerca de 500 juzgadores para intentar remediar este problema.

“Hubo muchas resistencias porque, reitero, esto era una cultura del Poder Judicial, no se veía mal, entonces no se entendía por qué estábamos haciendo esto. Se percibía como algo injusto, como algo arbitrario. Poco a poco, pues, se tomaron las medias y hoy creo que la mayoría sabe que tenía una razón y quitamos un foco rojo de muchos problemas, entre otros, de que fuera un ataque directo al Poder Judicial todos los días, el tema del nepotismo”, explicó Zaldívar en la conferencia de prensa, a pregunta expresa de Proceso.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2406 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 11 de diciembre de 2022.