Contrario a lo que el presidente López Obrador ha sostenido desde que fue candidato, sobre que no necesita escoltas porque “la gente me cuida”, reportes de la Sedena –hackeados por el colectivo Guacamaya– revelan que los aparatos de inteligencia y seguridad militar están más preocupados por protegerlo de protestas sociales, que tienen “el objeto de hacer peticiones y/o muestras de afecto”, dejando de lado los riesgos por el narco, pese a que visita localidades bajo la influencia de cárteles y grupos violentos. Así, entre la lista de amenazas figuran familiares de mujeres asesinadas, de desaparecidos, maestros, normalistas, campesinos, pescadores y hasta enfermos de covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visita algunos de los estados más peligrosos del país, las preocupaciones del Ejército no son los grupos del crimen organizado que pudieran atacarlo, sino las protestas sociales.

Proceso revisó documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que forman parte de los correos electrónicos hackeados por el colectivo Guacamaya, en los cuales el Ejército realiza labores de inteligencia previo a las visitas del mandatario para identificar cuáles son los posibles riesgos que enfrentará al llegar al lugar designado.

Los documentos incluyen un panorama delictivo del estado o municipio que visitará el titular del Ejecutivo federal y una conclusión de riesgos probables a los cuales se enfrentará, en los cuales no se incluyen posibles ataques armados por integrantes de la delincuencia organizada, sino protestas e intentos de la población para acercarse a López Obrador con el fin de que escuche sus exigencias, principalmente.

Durante las giras presidenciales la Sedena despliega a varias de sus fuerzas en el terreno para prevenir problemas. La sección de inteligencia vigila las organizaciones sociales y su potencial para realizar bloqueos, los batallones mandan a sus elementos de Órganos de Búsqueda de Información (OBI) para tantear el terreno, el Estado Mayor de la Defensa Nacional envía a especialistas del Grupo de Respuesta a Emergencias por cualquier atentado con explosivo, y la sección de ciberespacio monitorea las redes sociales.

Todo esto mientras se informa en tiempo real sobre el desarrollo de la agenda presidencial a Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena.

En suelo del Cártel de Jalisco

Documentos de inteligencia de la Sedena registran que hasta junio último el presidente López Obrador había visitado siete ocasiones el puerto de Acapulco, y en dos de ellas la institución armada presentó el mismo diagnóstico de riesgo actualizado, en el cual destacó que el mandatario podía ser interceptado por integrantes de organizaciones sociales en la caseta de cobro La Venta, en el hotel o en los lugares donde se realizarían los actos.

El análisis más reciente sobre el municipio guerrerense señala que sólo del 1 de enero al 3 de junio de 2022 se realizaron 25 tomas de casetas de cobro de peaje, 23 manifestaciones, 23 bloqueos carreteros y tres plantones.

Ante ese panorama la Defensa Nacional delineó una estrategia con el establecimiento de círculos de seguridad del 56 y 68 Batallón de Infantería, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública en los lugares donde el mandatario se presentó el 26 de junio pasado en Acapulco.

Aunque la Sedena reconoció la presencia de dos grupos delictivos en el municipio, que se mantienen en conflicto por el control de diversas áreas, y también que sólo de enero a junio el número de homicidios dolosos fue de 175, los militares descartaron la existencia de “riesgo a la visita del presidente por parte de miembros de la delincuencia organizada”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2401 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.