CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A finales de agosto pasado la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, invitó a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración (INM) a apoyar una iniciativa de reforma a la Ley de Migración elaborada por sus abogados.

Una parte de la iniciativa pretende facilitar la acreditación de delitos por tráfico de personas, lo que se encuentra dentro de sus facultades, pero en al menos dos puntos la propuesta de la fiscalía desborda por mucho sus competencias: instruye al INM que lleve un registro de personas defensoras de derechos humanos, y permite a la Guardia Nacional (GN) llevar a cabo verificaciones y detenciones migratorias por su cuenta.

Estos planteamientos de la iniciativa, que no se ha hecho pública, sonaron las alarmas en el Consejo Ciudadano del INM (CCINM), la instancia civil encargada de monitorear las acciones del INM. El 9 de septiembre, el organismo denunció públicamente al gobierno federal por profundizar la criminalización y la militarización de su política migratoria, en parte mediante la reforma a la Ley de Migración.

“Lo que quiere hacer la FGR es que la Guardia Nacional, bajo pretexto de ‘rescatar’ a las personas migrantes víctimas de tráfico y de la seguridad pública, también ayude a hacer revisión y verificación migratoria; la ley de la Guardia Nacional ya lo establece, pero dice que lo puede hacer en colaboración con el INM. Lo que pretende ahora la FGR es que la Guardia Nacional haga las revisiones migratorias por sí sola”, advierte Mauro Pérez Bravo, presidente del CCINM.

Y señala que, con el decreto a través del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador incorporó de facto la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la política migratoria tendrá definitivamente un rostro castrense. “Si la Guardia Nacional forma parte de la Sedena, va a continuar con las labores migratorias, entonces va a ser una institución propiamente militar la que va a estar haciendo labores de revisión y verificaciones migratorias”, comenta.

En entrevista con Proceso, Pérez explica que la FGR presentó su iniciativa durante la Conferencia Nacional sobre Migración, una reunión a puerta cerrada en la que participaron representantes de instituciones nacionales e internacionales. Por parte de la sociedad civil, solo acudió él –pues el INM rechazó que viniera acompañado– y un día estuvo el sacerdote Alejandro Solalinde, un aliado cercano del presidente López Obrador.

El activista señala que la FGR presentó su iniciativa explicando que sus agentes enfrentan problemas para acreditar delitos en materia migratoria y obtener sentencias condenatorias, pues las personas migrantes en general no denuncian –por desconfianza– y los estándares de los jueces son demasiado altos. Por ello, pidió la modificación de los delitos para “que fuera más fácil la acreditación del tipo penal”.

“Bueno, si está dentro de su ámbito, se analiza. Pero lo que nos resaltó es que también piden que el INM lleve un registro de personas defensoras de derechos humanos. Es decir, una especie de acreditación que dice que ‘tú sí eres defensor o defensora de derechos humanos’, y nosotros lo vemos más bien como una especie de criminalización hacia la defensa de derechos humanos”, advierte Pérez.

Y preguntó: “¿Bajo qué estándares el INM va a decidir quién sí es defensor y quién no? Porque decía la FGR que muchos abogados y abogadas se aprovechan de las personas migrantes, les cobran, los dejan varados, ellos creen que es una forma para reducir esta extorsión y corrupción en cuanto a abogados que ayudan a personas migrantes.

“Es cuando nosotros detectamos que no era claro lo que hacía la FGR. O sea, ¿qué le interesaba a la FGR? ¿Realmente le interesaba acreditar el tipo penal? ¿Le interesaba la contención migratoria o un registro de personas defensoras de derechos humanos? Nos pareció inadecuado, porque desde nuestra perspectiva es una línea muy tenue para criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos. ¿Quién es el INM para decidir quién sí es un defensor o una defensora de derechos humanos?”, agrega.

Militarización “más evidente”

“Son varios temas en los que queremos externar nuestra preocupación. Este tema propiamente de la militarización, de la Guardia Nacional y el de la FGR porque es una serie de acciones desde el gobierno federal, desde instituciones federales, están criminalizando la migración, están usando el derecho penal para acciones de contención migratoria; en fin, es una serie de acciones que el Estado está implementando desde un punto de vista punitivo”, señala Pérez.

El activista, quien también es coordinador jurídico en la Pastoral de Movilidad Humana, señala que la retórica actual plantea que la política migratoria combate las redes de tráfico, de las cuales rescata las personas migrantes. De hecho, durante la Conferencia Nacional de Migración, la FGR presumió que, en lo que va del sexenio, sentenció a 475 personas por tráfico de personas y abrió 4 mil 707 carpetas de investigación. Durante el sexenio pasado, la entonces Procuraduría General de la República abrió 5 mil 128 carpetas de investigación.

Lejos de estas cifras, las autoridades aún no han dado a conocer avances sobre la red de traficantes que operaba el tráiler que se volcó en Chiapa de Corzo, Chiapas, en diciembre de 2021, causando la muerte de 55 personas migrantes que viajaban hacinadas en la caja del vehículo.

Después de la tragedia, la cancillería anunció la formación de un “grupo de acción inmediata” con los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Ecuador y República Dominicana para investigar y desmantelar la red de traficantes, que a la fecha no ha dado a conocer ningún avance.

“Es lo que les dije en su momento: si el pretexto es que la FGR quiere buscar los culpables del tráfico de migrantes, no es usando el derecho penal y criminalizando la labor de los defensores de derechos humanos que lo van a conseguir. No es por ahí el camino. Tienen que preparar a sus agentes del Ministerio Público, profesionalizar la FGR, lo que todo mundo les ha dicho.”

Pérez sostiene que la militarización de la política migratoria “no es nueva, desgraciadamente”, y explica: “se ha heredado ya desde el gobierno de Felipe Calderón; muchas personas pensamos que con este gobierno iba a ser diferente, pero no, es la misma tónica; ¿En qué consiste? Pues básicamente en usar cuerpos militares en acciones de contención migratoria”.

“Desde el gobierno de Felipe Calderón han usado el Ejército para labores de contención migratoria, y ahora a través de la Guardia Nacional que, aunque digan que es un cuerpo civil, hace labores militares”, analiza.

“La Guardia Nacional está en puntos de flujos migrantes. Aunque últimamente quieran disfrazar que se les están dando estos famosos pases o permisos para transitar por un determinado tiempo, los dejan pasar en Tapachula, pero los detienen más adelante. Es lo mismo: es no dejar que las personas transiten por México porque realmente obedece a la política migratoria de Estados Unidos, y esto todo el mundo lo sabemos, se lo hemos dicho que son presiones de Estados Unidos para no dejar avanzar a las personas”, reflexiona.

En su comunicado del 9 de septiembre, el CCINM advirtió que, de manera “cada vez más evidente”, el gobierno ha entregado las delegaciones del INM en los estados a militares en retiro, y sostuvo: “la formación militar de servidores públicos adscritos al INM no es la respuesta para la atención del contexto migratorio actual”.

Desde 2020, la CNDH y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron “enérgicamente” contra el nombramiento de 18 militares para dirigir las oficinas de representación de la institución en más de la mitad del país, pero el llamado resultó letra muerta.

“Evidentemente es un tema que tratamos con el INM y aunque digan que ya son civiles, que no están en activo en el Ejército, realmente su formación es militar”, comenta Pérez.

Puntualiza: “Nos preocupa mucho porque la perspectiva que se está dando, el mensaje que se está dando, del INM hacia afuera y en la administración interna de cada oficina es de corte militar completamente. Sí cambia mucho cuando un militar está al frente de una oficina de representación del INM, desde la disciplina, el acceso a estaciones migratorias, las deportaciones, el acceso a derechos, a un abogado, una abogada, etcétera”.

Reportaje publicado el 2 de octubre en la edición 2396 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.