La grave crisis que azota a Venezuela –perdió 76% del PIB en siete años y su inflación llegó a 111%– llevó al presidente Nicolás Maduro a cambiar el modelo económico del socialismo chavista a un capitalismo “salvaje”, que ha hecho del dólar la moneda de todos los días en las transacciones comerciales, regidas ahora por la implacable ley de la oferta y la demanda. Este cambio de rumbo, además, ha distendido las relaciones Washington-Caracas.

BOGOTÁ (Proceso).– Ante el fracaso del modelo económico chavista, que llevó a Venezuela a perder 76% de su Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos siete años, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dio un viraje hacia un tipo de capitalismo que muchos de sus críticos consideran “salvaje”, porque está generando desigualdades sociales impensables para un régimen que se proclama “socialista”.

Este nuevo modelo al que ha transitado Maduro, el cual incluye programas de ajuste neoliberal que han ejecutado gobiernos de derecha en América Latina, tiene al dólar –el dinero del capitalismo– como moneda de uso común en las transacciones cotidianas, por encima del bolívar, la moneda local.

Además, el mercado se liberalizó y quedó regido por la inflexible ley de la oferta y la demanda, y los empresarios con cuentas bancarias en el exterior, tras años de fugas de capitales, sustituyeron al Estado como importadores de los productos básicos y suntuarios, que distribuyen a altos precios en dólares en los llamados “bodegones”.

El cambio de rumbo económico también incluye una política monetaria restrictiva para tratar de contener la inflación (que llega a 111% en septiembre de este año), el alza de bienes y servicios públicos (la gasolina subió de uno a 50 centavos de dólar por litro) y la venta de acciones de empresas estatales a inversionistas nacionales y extranjeros, en un proceso que se inició el mes pasado.

Los cerebros de estos ajustes son los economistas ecuatorianos Patricio Rivera y Fausto Herrera, quienes fueron ministros de Finanzas en su país durante el gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-2017). Ambos han sido consultores del Banco Interamericano de Desarrollo y asesoran a la vicepresidenta y ministra de Finanzas de Venezuela, Delcy Rodríguez, la funcionaria más cercana a Maduro.

Y, desde luego, en este viraje no podía faltar un acercamiento con Washington, en lo que ya se conoce como el regreso de la “petropolítica” y de los acuerdos bajo la mesa.

A principios de este mes el presidente estadunidense, Joe Biden, liberó a dos sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, que habían sido detenidos por la DEA en Haití, en 2017, cuando intentaban traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Franqui Flores y Efraín Campos Flores, los llamados “narcosobrinos”, cumplían una sentencia de 18 años de cárcel en ese país.

A cambio, Maduro liberó a siete estadunidenses detenidos en Venezuela, dos presuntos mercenarios y cinco exdirectivos de la refinería venezolana Citgo, con base en Texas, acusados de corrupción.

Pero la noticia dura en el plano económico se produjo el pasado jueves 6, cuando The Wall Street Journal reveló que la Casa Blanca relajaría algunas de las sanciones financieras al régimen de Maduro a cambio de que la petrolera Chevron reanude la extracción de crudo en Venezuela y de que se reanuden los diálogos en México entre el gobierno de Caracas y la oposición.

La receta neoliberal

El ajuste neoliberal de Maduro ha incluido recortes en las prestaciones y contratos colectivos de los trabajadores del Estado y de un desplome del gasto social, que pasó de 37 mil millones de dólares en 2014 a 7 mil 400 millones de dólares este año, una caída de 80% en ese lapso.

Además, el presidente prepara una nueva reforma fiscal para construir un sistema tributario “poderoso”, al estilo del “capitalismo clásico”, que tendría como referentes a Estados Unidos y Europa, con el propósito de aumentar el gasto social sin desequilibrar las finanzas públicas.

“Definitivamente, hay un cambio radical en el manejo de la política económica”, dice a Proceso Pedro Palma, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania.

El director de la consultora Ecoanalítica sostiene que Venezuela pasó “de una omnipresencia económica del Estado, que recibía los dólares de la riqueza petrolera y disponía de ellos a su antojo, a una situación en la que se quedó sin recursos y eso lo llevó a llamar al sector privado para que se transformara en el importador de los productos que necesitamos”, porque la industria nacional está desmantelada tras dos décadas de expropiaciones y falta de insumos.

Pero la liberalización del mercado ha sido tan extrema, que los privados que resguardaron sus fortunas en el exterior durante los años de la debacle del modelo chavista importan todo tipo de productos sin pagar aranceles y los venden a precios que resultan inaccesibles para la mayoría de la población.

La remuneración mensual promedio de los trabajadores es de 118 dólares, mientras que la canasta básica alimentaria vale más del triple. En agosto pasado alcanzó un costo de 371 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un centro económico fundado por economistas de la oposición ante la ausencia de cifras oficiales.

El presidente del Consejo Nacional de Economía de Venezuela, Efraín Velázquez, dice que la apertura ha tenido un costo social alto porque el mercado de trabajo y los salarios siempre van a la zaga de la inflación.

Aunque la política monetaria restrictiva ha logrado contener la hiperinflación, que en 2018 elevó los precios en 1.6 millones por ciento, el problema persiste. El año pasado, la inflación se ubicó en 600% y este año, hasta agosto, iba en 90%, según el OVF, mientras que el salario mínimo (16 dólares mensuales) se mantiene inalterable desde marzo pasado.

Velázquez sostiene que Venezuela ha transitado del “Socialismo del Siglo XXI”, proclamado por Chávez y por Maduro, “a un capitalismo salvaje, del peor salvajismo posible”, en el que todo se dejó en manos del mercado y del sector privado por la falta de recursos del gobierno para mantener sus políticas de subsidios y transferencias a la salud, la educación y la vivienda.

Y eso, dice, “no ocurre por convicción, sino por necesidad, porque el gobierno se quedó sin dólares”.

Para el secretario general del opositor Partido Comunista de Venezuela, el diputado Óscar Figuera, el gobierno de Maduro “hizo una alianza con el gran capital, está aplicando la receta económica neoliberal y dio la espalda a los trabajadores, que están en la miseria y con salarios de miseria”.

Según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida, que realizan tres universidades, 94.5% de los venezolanos vive en condiciones de pobreza y cada vez se acentúa más la desigualdad de ingresos. El índice de Gini, que la mide, ha aumentado 40% desde 2013.

El dirigente empresarial Jorge Roig, quien ha sido interlocutor del régimen durante más de una década, dice a este semanario que de la revolución socialista que proclamó en encendidos discursos el fallecido presidente Hugo Chávez “ya no queda nada” porque, además de la ruina económica que provocó en el país, Maduro “se corrió a la derecha”.

La quiebra

Desde que Maduro llegó a la presidencia, en 2013, tras la muerte de Chávez, la producción petrolera venezolana se ha desplomado 75%. Pasó de 2.8 millones de barriles diarios en aquel año a unos 700 mil barriles diarios en la actualidad.

Y los ingresos a las arcas estatales por venta de crudo, que llegaron a 93 mil millones de dólares en 2012, no superaron los 10 mil millones de dólares el año pasado, lo que dejó al gobierno sin ninguna capacidad para hacer frente a las enormes necesidades sociales de la población, para abastecer el mercado interno y para hacer frente a los compromisos con sus acreedores y con proveedores de PDVSA, la petrolera estatal que está en una quiebra técnica.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 2013 y 2021, el PIB venezolano perdió 156 mil 426 millones de dólares, cifra que ilustra sobre las proporciones épicas del colapso del país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo.

En 2013, según la Cepal, el PIB venezolano fue de 207 mil 940 millones de dólares, mientras que el año pasado se ubicó en 51 mil 522 millones de dólares a precios constantes, apenas la cuarta parte. Y el ingreso per cápita cayó en 2021 a mil 794 dólares, el más bajo de América Latina.

El colapso económico se agudizó en 2017, cuando Estados Unidos impuso las primeras sanciones financieras a Venezuela –prohibición a ciudadanos estadunidenses de transar con bonos de PDVSA– por la brutal represión que desató Maduro contra las marchas opositoras, en las que murieron medio centenar de personas por disparos de la policía y la Guardia Nacional.

En 2019, cuando la administración del entonces mandatario estadunidense Donald Trump reconoció al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, las sanciones se ampliaron al plano económico y Washington decidió dejar de importar crudo venezolano y quitó al gobierno de Maduro el control de la petrolera Citgo, con base en Texas.

Pero ahora el giro del régimen hacia una economía de mercado coincide con la necesidad de Estados Unidos de aumentar los suministros de petróleo en el mercado global tras la caída que generó la invasión de Rusia a Ucrania y la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, adoptada hace unos días a pesar de la oposición de Washington, de reducir en 2 millones de barriles diarios la producción de crudo.

El economista y exdiputado opositor José Guerra sostiene que hay una apertura económica importante en el país, pero no una apertura política, por lo que es fundamental que se reanuden los diálogos gobierno-oposición con miras a establecer reglas para tener elecciones presidenciales libres y transparentes en 2024, cuando Maduro buscaría una nueva reelección.

“El gobierno no tiene dinero y esto es una oportunidad para impulsar una transición política –dice Guerra–, porque todas las empresas públicas están en rojo y necesita al sector privado desesperadamente, no por convicción, sino porque la economía es bastante más testaruda que la revolución.”

Según estimaciones del economista Miguel Ángel Santos, los empresarios nacionales y extranjeros no se quedaron quietos. Entre 1999, cuando llegó Chávez al poder, y 2018, sacaron 229 mil millones de dólares del país. Por eso es que los privados que pusieron sus capitales en cuentas en dólares en el exterior son los únicos que disponen hoy de liquidez para estimular la economía.

Gatopardismo chavista

Pedro Palma sostiene que la liberación del mercado ha creado una “burbuja” de consumo, pues los bienes importados que se venden en los “bodegones” sólo son accesibles para alrededor de 12% de la población, que es la que recibe remesas familiares de los 6 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años al exterior, la que tiene cuentas en dólares en el extranjero o recibe pagos en esa moneda.

Cerca de 90% de la población, asegura, se quedó sin recursos y vive de las escasas ayudas de alimentos que da el gobierno, de las llamadas “cajas Clap”, que son cada vez más esporádicas y con menos productos.

El dirigente empresarial Jorge Roig, expresidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, considera que la “revolución chavista” fracasó en términos económicos y sociales, pero no como proyecto de poder.

“Su objetivo fundamental era alcanzar el poder y mantenerse, y hasta ahora lo han logrado y han hecho lo que tengan que hacer para que eso ocurra. Se vieron en la necesidad de hacer un cambio en materia económica y lo están haciendo. Es un cambio gatopardiano, en el que cambian lo necesario para que nadie cambie”, asegura.

Y dice que la apertura económica ha ido acompañada de una “cerrazón política mayor”. De hecho, asegura, las leyes de controles de precios y del mercado cambiario siguen vigentes, “pero se hacen de la vista gorda, no las aplican y ahí están, como espada de Damocles, para desempolvarlas cuando haga falta”.