Durante el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, el gobierno de Felipe Calderón torpedeó a grupos de inversión interesados en rescatarla, maniobró para entregar “en préstamo” muchas de sus rutas y slots a otras compañías aéreas y hasta abogó con autoridades de Estados Unidos para que permitieran cubrir rutas de Mexicana en territorio de ese país. Y es que, en la debacle de esta aerolínea se enredaron intereses empresariales vinculados con el poder político que terminaron por beneficiar a sus competidoras: Aeroméxico, Interjet, Volaris…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Cuando en agosto de 2010 Compañía Mexicana de Aviación solicitó entrar en concurso mercantil, su principal accionista, el empresario Gastón Azcárraga Andrade –también dueño del consorcio hotelero Grupo Posadas–, dejó a la aerolínea más importante del país en manos de un abogado de oscuro pasado: Jorge Isaac Gastélum Miranda.

Azcárraga le vendió a Gastélum 95% de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) y sus subsidiarias: Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe (Mexicana Click), Mexicana Inter (Link) y Mexicana MRO, todas en concurso mercantil y necesitadas de dinero fresco para capitalizarse.

Para adquirir ese 95% de acciones –el 5% restante pertenecía a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA)–, Gastélum creó la firma Tenedora K con miembros de su despacho Gastélum Abogados. Así, María Teresa Llantada Voigt y Mauricio Zarza Cerecer quedaron como accionistas; y Luis Andrés Holzer Neumann y el propio Gastélum Miranda, como apoderados.

De acuerdo con la escritura pública número 62475, el mismo día en que fue constituida, el 13 de agosto de 2010, Tenedora K compró las acciones de NGA por un monto simbólico: mil pesos.

Gastélum Miranda es primo de Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación de Vicente Fox y exmiembro del Consejo de Administración de Grupo Posadas. En 2005 el gobierno de Vicente Fox vendió a Grupo Posadas la aerolínea que pertenecía a Cintra en 165.5 millones de dólares. Ese año, el despacho antes conocido como Creel, García-Cuéllar y Müggenburg –actualmente Creel, García-Cuéllar-Aiza y Enríquez–, fue contratado por Cintra para instrumentar el proceso de venta de sus subsidiarias, entre ellas Mexicana de Aviación, según consta en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2005.

A principios de este siglo Gastélum fue acusado del presunto delito de defraudación fiscal por más de 2 millones 700 mil pesos cuando era consejero del Consorcio Azucarero Escorpión, por lo que se le giró una orden de aprehensión en 2002. Estuvo prófugo. Fue detenido en Alemania y extraditado a México en 2005, pero liberado ese mismo año por falta de pruebas.

Por su parte, Holzer Neumann es director de Inmobiliaria Fumisa, presidente de Grupo Industrial Omega y hasta 2018 fue vicepresidente de Dufry, controladora de los Duty Free, tiendas libres de impuestos de los aeropuertos. También es director de Aeroplazas de México.

El 10 de septiembre de 2010 –un mes después de la simbólica transacción por mil pesos– Azcárraga Andrade renunció como consejero de NGA y le fueron revocados sus poderes. Lo mismo sucedió con otros personajes con nexos clave en una trama de evidente conflicto de interés: el consejero suplente de NGA, Javier Molinar Horcasitas, hermano de quien en ese entonces era el secretario de Comunicaciones y Transportes del presidente Felipe Calderón, el fallecido Juan Molinar Horcasitas, quien en 2012 fue denunciado por ASPA por presunto ejercicio indebido del servicio público debido a que nunca verificó las capacidades financieras de Tenedora K.

También el consejero suplente de NGA, Javier Barrera Segura, director general de Grupo Posadas, cuyo hermano, Gerardo Barrera Segura, exsecretario de Finanzas de Mexicana, fue nombrado apoderado de NGA el 26 de noviembre de 2008, y curiosamente hoy es socio financiero de Gastélum Abogados.

Además, según la inscripción de la asamblea general ordinaria folio mercantil 391131 del 10 de septiembre, se revocó también a María Teresa Llantada Voigt, quien era secretaria de NGA.

Llantada Voigt también era secretaria del Consejo de Administración de Inmobiliaria Fumisa, firma que durante 20 años, hasta 2014, subarrendó los espacios comerciales de la Terminal 1, entre ellos a Duty Free, explotó el estacionamiento del área internacional y 11 pasillos en las posiciones 26 a 36 del área internacional.

Pero a ella, igual que a Gastélum Miranda y Zarza Cerecer, se les nombró en NGA con “poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral y poder general para actos de administración, poder para otorgar, suscribir, aceptar, girar y endosar toda clase de títulos de crédito y poder general para actos de dominio”.

El juez de la primera parte del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, dice en entrevista con Proceso que se enfrentó a un vacío legal, pues el dueño de Mexicana, Gastón Azcárraga, había huido, y el que decía ser el nuevo dueño, Jorge Gastélum, nunca le mostró ningún documento que lo acreditara como tal.

Este semanario tiene copia del contrato de la venta, pero éste nunca fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC).

De hecho, en el RPPC no figura Tenedora K como dueña de Mexicana, sólo se incluyó a los tres abogados del despacho de Gastélum como apoderados legales de NGA.

Los cambios tampoco fueron notificados a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el argumento de que la empresa concesionaria era Mexicana de Aviación y no NGA.

“Yo me quedé con un fantasma. ¿Qué empresario iba a responder por Mexicana? (Azcárraga Andrade) ya había huido y el que estaba (Gastélum) era un fantasma, porque no aparecía en documento alguno. Él decía: ‘Soy el dueño’, pero jamás me mostró nada. Esa fue una jugada terriblemente sucia. Pero el gobierno (de Felipe Calderón) lo permitió”, dice el juez Consuelo Soto.

Hasta el cierre de edición, Gastélum Miranda no había contestado a la solicitud de entrevista que Proceso le hizo a través de personal de su oficina.

Este trabajo se realizó en el marco del taller MasterLab en Edición de Investigaciones, auspiciado por la organización Quinto Elemento Lab.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2358 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.