Mexicana de Aviación
Gastón Azcárraga, libre gracias a la PGR
Tres días antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, el encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, y el entonces subprocurador especializado Felipe Muñoz, solicitaron que se cancelara la orden de aprehensión contra el empresario.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 28 de noviembre de 2018, tres días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, el encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, y el entonces subprocurador especializado en Delitos Federales, Felipe Muñoz, solicitaron que se cancelara la orden de aprehensión contra el empresario Gastón Azcárraga Andrade, librada cuatro años antes, el 3 de octubre de 2014, tras la quiebra de la aerolínea Mexicana de Aviación.
Azcárraga Andrade era dueño de Grupo Posadas y principal accionista y presidente de los consejos de administración de los grupos controladores de la Compañía Mexicana de Aviación (CMA): Grupo Mexicana de Aviación y, a partir del 6 de noviembre de 2008, Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA).
La orden de aprehensión en su contra librada por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito era por delitos previstos y sancionados en el artículo 383, fracciones I y II de la Ley de Mercado de Valores, por proporcionar información financiera falsa a los inversionistas sobre el valor de la compañía y omitir información relevante a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Grupo Posadas difundió información falsa en el reporte anual del 31 de diciembre de 2008, cuando declaró que su inversión en Mexicana era de 30.41% con un valor de “cero pesos”; pero un diagnóstico de la CNBV determinó que debió haber reflejado un valor contable de su inversión en NGA por un monto de por lo menos 71 millones 452 mil pesos.
Además, el Tribunal Unitario determinó que Azcárraga, en su calidad de director general de Grupo Posadas –principal accionista de CMA–, era responsable de informar de los eventos relevantes referentes a los negocios de esta empresa, como el cierre de operaciones de la aerolínea el 27 de agosto de 2010.
Incluso, los apoderados legales de Grupo Posadas se negaron a dar la información sobre el cierre de operaciones a la Dirección General de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como un informe detallado sobre el fundamento contable y financiero con el que se realizó el avalúo de su inversión para determinar que su valor estaba en ceros, según declaró en 2013 el director general adjunto de dicha área de la CNBV a la entonces PGR.
De acuerdo con los abogados de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), tres acusaciones más contra Azcárraga Andrade se mantienen en proceso de integración: por violación a la Ley de Concursos Mercantiles –debido a presuntas acciones dolosas que generaron un estado de insolvencia en la aerolínea–, por fraude y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras cuatro años prófugo de la justicia, la PGR de Enrique Peña Nieto se desistió de la solicitud de orden de captura con el argumento de que le habían llegado nuevas pruebas contables. Así lo hizo saber mediante los oficios PGR/396/18 y PGR/397/18, en la causa penal número 47/2014 radicada en el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
Dichas pruebas, presentadas por la defensa de Azcárraga, eran una copia certificada del informe rendido por el apoderado general de Grupo Posadas, Gabriel Elías Guzmán, dirigido al Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo 50/2014, con fecha de presentación 15 de enero de 2015.
Además, copias certificadas de dos dictámenes en materia de contabilidad emitidos por separado por los contadores públicos Jorge Alberto Zúñiga Malvárez y Ana Lilia Nájera Martínez, ésta última perito oficial en la materia designada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Con esas pruebas, Azcárraga buscaba demostrar que él, en su calidad de director general de Grupo Posadas, no fue quien difundió la información falsa en el reporte anual del 31 de diciembre de 2008 ante la CNBV, sino un auditor externo, y que sus ingresos habían sido contados dos veces en la acusación en su contra, pero que el monto real no tenía que ser reportado como un evento relevante, según la ley.
De acuerdo con Agustín Liñán, apoderado legal de ASPA, Elías Beltrán y Felipe Muñoz pasaron por alto que esas pruebas ya habían sido objeto de análisis en el recurso de revisión número 219/2016, en donde en sesión pública de fecha 12 de julio de 2018 se determinó que no se les otorgaba valor y se resolvió que eran “irrelevantes para excluir la responsabilidad del señor Gastón Azcárraga Andrade en los hechos que se le imputan”. Además, el propio agente del Ministerio Público de la Federación había objetado los dictámenes periciales en materia de contabilidad emitidos por los contadores Zúñiga Malvárez y Nájera Martínez, según la intervención ministerial número 37/2015.
La solicitud de la FGR respondió a la petición por escrito que hizo el propio Azcárraga, mediante un recurso de fecha 28 de agosto de 2018, pero el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ya había establecido en el recurso 219/2016 que para que el inculpado pudiera ofrecer pruebas y defenderse, de acuerdo con la ley, tenía que comparecer físicamente ante el Ministerio Público. Sin embargo, pese a los citatorios y una orden de localización y presentación, Azcárraga, asilado en Estados Unidos, no atendió al llamado de la justicia en ningún momento de todo el proceso judicial en su contra.
“Si el quejoso fue citado a la averiguación previa, con el carácter de indiciado, es un dato que permite discernir, que tuvo conocimiento de la existencia de la averiguación previa, y que tuvo la oportunidad de comparecer voluntariamente para exigir sus derechos, entre ellos el de ofrecer pruebas”, estimó el Tribunal Colegiado de Circuito.
El magistrado Manuel Bárcenas Villanueva, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, se negó a dar por buena la solicitud de la FGR y cancelar la orden de aprehensión. El 25 de febrero de 2020 resolvió mantener vigente la acusación contra Azcárraga Andrade y lo volvió a hacer el 17 de marzo siguiente.
Pero el 3 y 13 de agosto de ese año, la magistrada Isabel Porras, del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México –quien entre sus resoluciones polémicas devolvió 40 propiedades ligadas al exgobernador Javier Duarte de Veracruz–, determinó que las resoluciones del magistrado incumplían la ejecutoria de amparo que le otorgó un colegiado a Azcárraga Andrade y le ordenó cancelar la solicitud de captura.
“Una vez más, la ejecutoria protectora de derechos fundamentales no se encuentra cumplida en totalidad. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, para que en tres días deje insubsistente la resolución de 17 de marzo de 2020, en la toca penal 7/2019 de su índice y dicte una diversa en los que se ciña a los lineamientos de la protección federal”, señaló Porras en su fallo.
Finalmente, el 19 de agosto de 2020 el magistrado Bárcenas Villanueva resolvió cancelar de manera definitiva la petición de detención en cumplimiento a la sentencia de amparo.
Así, después de seis años de una batalla en los tribunales, Azcárraga Andrade quedó libre de dicha orden de captura.
“La licitud de mi actuar”
Gastón Azcárraga aceptó recibir un cuestionario de este equipo de reporteros. Tras años de silencio, respondió con una breve declaración. En ella aseguró que luego de diversas acciones legales en su contra y exhaustivas investigaciones por parte de las autoridades, se acreditó “la licitud de mi actuar, incluso ante tribunales federales”, por lo que se encuentra en absoluta libertad.
El empresario negó que su intención al adquirir Grupo Mexicana de Aviación fuera disolver o liquidar la aerolínea. “Incluso erogamos grandes cantidades de dinero para su adquisición, habiendo perdido todos los accionistas su inversión inicial”, dijo.
También afirmó que los administradores de Mexicana durante ese tiempo realizaron estrategias y acciones “con estricto apego a la ley y fueron soportadas por opiniones de expertos en áreas legales, financieras y contables”.
“En los últimos años de su operación se realizaron múltiples auditorías a la aerolínea, en las que nunca se cuestionó su operación contable, fiscal y financiera”, aseguró.
Pero ASPA se mantiene firme en la acusación. Ha interpuesto diversos recursos de inconformidad. Recurrió incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual desechó el recurso por “improcedente” al considerar que no tiene trascendencia jurídica, pero sí trascendencia político-social y lo remitió al Sexto Tribunal Colegiado, de acuerdo con el portal Aviación 21.
El pasado 2 de diciembre, representantes de ASPA se reunieron con asesores del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para inconformarse y acusar “incongruencia” en el actuar de la PGR de Peña Nieto, al efectuar una solicitud de cancelación de su aprehensión con base en pruebas que la propia Procuraduría había objetado, y desistir de su obligación constitucional de investigar y perseguir los delitos.
Resulta “inaudito que en el caso en concreto la PGR, de manera indebida, ilegal y por ello improcedente”, pretenda “sustituirse” al pasar de parte acusadora a “defensora del imputado”, acusó ASPA en uno de los recursos de inconformidad, según el expediente 17/2018.
Los pilotos de la extinta Mexicana de Aviación esperan que la FGR reactive la causa penal y avance en las otras denuncias por tres presuntos delitos más que quedaron pendientes: contra la Ley de Concursos Mercantiles, por las acciones que realizó de manera dolosa para generar un estado de insolvencia de la aerolínea, así como por fraude debido al desvío de recursos del fideicomiso F/589 de Ixe Banco, por 197 millones de pesos, que era para los trabajadores, pero con los que se compraron acciones de Administradora Profesional de Hoteles, subsidiaria de Grupo Posadas. Ese dinero se transfirió luego a una cuenta bancaria de este grupo, cuyo principal accionista era Azcárraga Andrade. Además, existe una vertiente de Lavado de Dinero, pues se indaga si dichos recursos salieron del país o se utilizaron instrumentos para ocultar su origen.
En este último punto, un funcionario de la Fiscalía General de la República reveló bajo condición de anonimato que actualmente existe una nueva orden de aprehensión contra Azcárraga por el delito de fraude y que se trabaja en una solicitud de extradición. Sin embargo, dijo que no podía dar más detalles, al ser una investigación en curso, para no perjudicar el procedimiento. Los abogados de ASPA dijeron que no tienen conocimiento de ninguna nueva orden de captura.
