Mario Luis Fuentes Alcalá, consejero ciudadano del Sistema Nacional de Protección Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, advierte: las instancias públicas para atender a infantes y adolescentes –que constituyen 30% de la población nacional– se desvanecen. Con un presupuesto cada vez más castigado, dice, no se observa cómo atender la extrema pobreza en la que sobreviven los integrantes de la llamada primera infancia; peor, considerar que el derecho del niño a recibir ayuda monetaria es la solución, no sólo es limitado, sino erróneo.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Invisibilizadas en el discurso y las prioridades en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 39 millones de personas de 17 años y menos sobreviven en pobreza. Para ellas no hay estrategias de atención adecuadas ni presupuestos aminorados; tampoco cuentan con una entidad encargada de velar por su protección integral, alertan defensores de derechos humanos.

En entrevistas por separado, Aranzazú Alonso Cuevas, coordinadora nacional del Pacto por la Primera Infancia; y Mario Luis Fuentes Alcalá, consejero ciudadano del Sistema Nacional de Protección Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), organismo que se encuentra acéfalo desde hace más de siete meses, advierten sobre el abandono institucional en que se ha relegado a la infancia.

Hablan también de la falta de estrategias claras del presidente López Obrador, quien se ha resistido a asumir las labores que prevé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), como presidente del órgano encargado de coordinar las acciones a favor de 30% de la población el país.

Esa desatención a la población infantil y adolescente en México fue reconocida por el propio Estado ante el Comité de Derechos del Niño (CRC) de las Naciones Unidas en diciembre de 2020. Y si bien se destacó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 el monto destinado a ese sector poblacional –706.1 millones de pesos– era superior 12.1% al de 2015, “como porcentaje del PEF ha pasado de representar 15.04% en aquel año, a 12.2% para el ejercicio fiscal 2021”.

En términos de la inversión pública en esta población por rango de edades, “del año 2018 al año 2020 el monto del presupuesto federal para la atención de niñas y niños de cero a cinco años disminuyó 28.9%, mientras que los recursos del grupo de edad escolar de seis a 12 años se han incrementado 2.75%, y los del grupo de adolescencia de 13 a 17 años disminuyeron 8%”.

Con más de 13 millones de niñas y niños, la primera infancia mexicana registra altos niveles de pobreza y de pobreza extrema, 54.3% y 11.8% respectivamente, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), derivados de la caída de 21 mil millones de pesos del presupuesto destinado para este sector durante la actual administración y los efectos de la pandemia, apunta Aranzazú Alonso.

“Sin duda, hay una deuda histórica con la población de primera infancia en México; antes de 2014 no se manejaba el término, no se entendía que es una etapa fundamental en la vida de las personas, y lo que estamos viendo con la falta de inversión es que estamos socavando la salud presente y futura de niños y niñas, su capacidad de aprendizaje, su capacidad productiva en el tiempo; los costos de no invertir en primera infancia los vamos a ir pagando a lo largo de generaciones; eso está comprobado científicamente”, alerta la coordinadora nacional del Pacto por la Primera Infancia, que aglutina a unos 400 colectivos de activistas en el país.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2340 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.