Odebrecht
Casos Odebrecht y Etileno XXI: La FGR arranca procesos con nuevos señalamientos de Lozoya
En su lucha por acogerse al criterio de oportunidad, Emilio Lozoya y el exsecretario técnico del Comité de Administración del Senado, Rafael Caraveo, ampliaron sus declaraciones a la FGR.
En su lucha por acogerse al criterio de oportunidad, Emilio Lozoya y el exsecretario técnico del Comité de Administración del Senado, Rafael Caraveo, ampliaron sus declaraciones a la FGR. Al precisar datos de sus acusaciones contra exlegisladores panistas e integrantes del gabinete de Peña Nieto presuntamente implicados en los sobornos de Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta Etileno XXI, el exdirector de Pemex reitera sus señalamientos contra Ricardo Anaya, Luis Videgaray y José Antonio Meade, en tanto que Caraveo fortalece el caso contra el exsenador Jorge Luis Lavalle.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Fiscalía General de la República (FGR) arrancó la ofensiva final del caso Lozoya-Odebrecht con la judicialización, en una misma semana, de los procesos penales contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y el director de Pemex entre 2016 y 2018, Carlos Alberto Treviño Medina, además de nuevos señalamientos para reforzar sus primeras acusaciones contra el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso.
De igual forma, el exdirector de Pemex Emilio Ricardo Lozoya Austin refrendó sus señalamientos contra el excandidato presidencial de la alianza PRI-Partido Verde, José Antonio Meade Kuribreña, y el exsecretario de Hacienda José Antonio González Anaya, a quienes acusa junto con Carlos Treviño de recibir dinero del consorcio Braskem-Idesa para mantener los contratos de operación de la petroquímica Etileno XXI.
Documentos a los que este semanario tuvo acceso indican que desde junio pasado Lozoya Austin y Rafael Caraveo presentaron ampliaciones a sus declaraciones ministeriales a fin de precisar los hechos que la FGR pretende imputar a los señalados por el propio Lozoya en la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía el 11 de agosto de 2020.
A poco más de un año de que Lozoya compareciera por primera vez ante un juez de control en México, la labor de la FGR ha sido lenta; sólo ha iniciado cuatro procesos penales contra los supuestos implicados y únicamente el exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury fue imputado y vinculado a proceso, mientras que Carlos Treviño y Ricardo Anaya ya fueron citados a audiencias públicas para que puedan ser imputados de manera formal, pero se tuvieron que aplazar porque la Fiscalía no ha otorgado el acceso a la carpeta de investigación a sus respectivas defensas.
El cuarto proceso penal iniciado por la FGR es el que se le sigue al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, causa en la que se había girado orden de aprehensión contra el también exsenador del PAN, pero que se encuentra suspendida de manera indefinida por juicios de amparo, controversias constitucionales y recursos de reclamación que impiden a la fiscalía ejecutar el mandamiento de captura, ya que el Congreso estatal y el propio mandatario local han impugnado que el mandamiento judicial se haya librado sin respetar el fuero constitucional del que goza Cabeza de Vaca.
En busca de pruebas
En la denuncia inicial presentada por Lozoya para acogerse a un criterio de oportunidad y así evitar ir a la cárcel en los dos procesos penales que se le siguen por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, el exdirector de Pemex señaló a 70 personas por incurrir en presuntos actos de corrupción durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, desde el inicio fuentes de la FGR descartaron que se fuera a investigar a todos los exlegisladores, exservidores públicos y empresarios mencionados por Lozoya. Uno de los escenarios era proceder contra los exsenadores del PAN y el PRI que supuestamente habrían recibido sobornos de Odebrecht y su filial Braskem-Idesa para aprobar la reforma energética impulsada por el gobierno peñista, y contra los funcionarios federales que habrían aceptado dinero para favorecer a dicho consorcio con contratos de obra pública.
