CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó a las autoridades del gobierno federal a colaborar para desahogar investigaciones de fiscalización de algunos casos pendientes, como los relacionados con Odebrecht y Pío López Obrador, quien fue exhibido en video recibiendo dinero del PVEM para la campaña de su hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la sesión celebrada este miércoles, al dar por recibido el informe que presentó la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016 a 2021, la consejera Adriana Favela Herrera denunció la falta de respuesta por parte de autoridades mexicanas para aportar información necesaria para desahogar las investigaciones y concluir la substanciación de los procedimientos.

“En este informe se da cuenta de aquellos asuntos relevantes, relacionados con los temas de Odebrecht, Texcoco, Pío López Obrador, CENDI, PT, Consulta Ciudadana, Baja California, que ya tienen varios años en instrucción y a los cuales se han encontrado distintas negativas, deficiencias o vacíos en las respuestas de distintas autoridades del Estado mexicano”, sostuvo.

Pidió a las autoridades que apoyen al INE con la información que se les solicita y resolver así los procedimientos que están pendientes.

Mencionó que, con corte a junio de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene 879 procedimientos, de los cuales 685, que es el 77.93 por ciento, están relacionados con el proceso electoral y que deberán quedar resueltos a más tardar el próximo 22 de julio.

La consejera Carla Humphrey respaldó la petición de Favela y solicitó que se mandate al secretario ejecutivo del INE como representante legal “que analice las acciones jurídicas que tendría que realizar el Instituto para controvertir el criterio por el que se nos niega información”.

Recordó que la autoridad electoral no es parte del proceso penal y, por lo tanto, no tiene acceso a la documentación que existe en esas carpetas, estén o no judicializas, además de que es la única que puede fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos, por lo que no le es oponible el secreto ministerial.