Inamovible en su convicción del retorno presencial a clases para el lunes 30, Andrés Manuel López Obrador desoye las voces de los especialistas, quienes critican al gobierno federal y a la SEP por la falta de una estrategia que garantice la seguridad de los educandos, sobre todo ahora que la ola de contagios afecta también a menores y adolescentes. Peor aún resulta que se pretenda endosar la carga de ese retorno a los padres de familia, a quienes la SEP les pide firmar una responsiva para que sus hijos puedan ingresar a los planteles.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La fecha fatal para el retorno presencial a las aulas de 30 millones de educandos de educación básica –25 millones en escuelas públicas y 5 millones en privadas– es el lunes 30. La decisión se oficializó precisamente cuando la ola de contagios por covid es la más alta desde febrero de 2020; peor aún, el gobierno federal les ha encomendado esa tarea a los padres de familia y a los profesores.

Los aludidos, así como pedagogos y especialistas advierten sobre la falta de condiciones materiales, sanitarias y de conectividad para hacerlo. En año y medio de pandemia las autoridades no diseñaron ninguna estrategia para atender esas contingencias; hoy, dicen, algunos planteles están en situación calamitosa. Y eso, insisten, es tarea del gobierno.

En un foro organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal en julio de 2020, Marcos Bucio, entonces subsecretario de Educación Básica de la SEP, admitió que 46 mil 515 escuelas públicas (23% del total), carecían incluso de agua. Trece meses después la situación persiste.

Pese a ello y de que no se respetó el compromiso de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases en las Escuelas de Educación Básica –retornar a las aulas cuando estuviera el semáforo verde–, el jueves 12 –día en que casi se llegó a los 25 mil contagios, cifra récord de los últimos 15 meses– el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró: “Llueva o truene” el regreso a clases presenciales es el 30 de agosto.

Ese mismo jueves 12 la titular de la SEP, Delfina Gómez, y el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, firmaron un acuerdo para el retorno a las aulas.

Días antes, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del gobierno federal, dio cifras escalofriantes: la transmisión de covid en menores creció 401% entre junio y lo que va de agosto.

Creado en 2015 y encabezado por el presidente de la República e integrado por ocho dependencias federales, los gobiernos estatales y la Fiscalía General de la República, este sistema reconoció que ya habían fallecido 41 niños y adolescentes por el virus del SARS-CoV-2 en la Ciudad de México. De ellos, 18 tenían una edad de entre cero y cinco años; 11, entre seis y 11 años, y 12, entre 12 y 17 años.

Paulina Amozurrutia, madre de familia y coordinadora nacional del Movimiento Educación con Rumbo, presentó un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa dentro del expediente 1016/2021, en el cual requirió a la SEP presentar de manera urgente las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos del covid ante el anunciado regreso presencial a clases.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2337 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.