La frontera norte de Tamaulipas se ha convertido en el principal punto de cruce para los migrantes que se internan en Estados Unidos luego de pagar miles de dólares a los polleros y grupos criminales que los controlan. Ese próspero negocio –que en los últimos nueve meses ha dejado ganancias por 7 mil 500 millones de dólares– explica la cruenta disputa entre grupos de la delincuencia organizada, así como la inseguridad y violencia que sacuden a ese territorio.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- De acuerdo con informes del gobierno de Estados Unidos, entre octubre de 2020 y junio de 2021 un millón 255 mil 824 migrantes ingresaron a ese país por la frontera de Tamaulipas y Texas.

Según investigaciones del gobierno mexicano, esto significa ganancias de unos 7 mil 534 millones 944 mil dólares –unos 150 mil 698 millones 880 mil pesos– para los traficantes de personas. La cifra es equivalente a la pensión que el gobierno federal otorga cada año a 8 millones de adultos mayores.

Este redituable negocio justifica la cruenta disputa permanente entre los grupos de la delincuencia organizada por el control de las zonas de cruce de migrantes; les permite financiar el desarrollo de sus actividades ilícitas, así como fortalecer a sus grupos con armas y parque vehicular.

También les sirve para pagar la nómina de sus centenares de halcones y sicarios, pero sobre todo para expandir sus operaciones y comprar “voluntades” públicas y privadas.

Información de inteligencia de corporaciones de seguridad federal y estatal detectaron que en Tamaulipas el Cártel del Noreste tiene el control en Nuevo Laredo y una parte de la Frontera Chica que comprende Mier y Miguel Alemán; el Cártel del Golfo, a través de su facción Metros, se mantiene en Miguel Alemán, Camargo y Reynosa, mientras la zona de Río Bravo, Nuevo Progreso y Matamoros son reductos de la facción Ciclones/Escorpiones.

Los datos son brutales y colocan el tema migratorio como uno de los ejes centrales en el negocio delictivo en Tamaulipas:

A estas escandalosas cifras obtenidas por el tráfico ilegal de personas se suman otros mil dólares por el último “brinco” por cruzar el Río Bravo, lo que significa para los grupos delictivos locales de esa entidad una derrama económica de mil 255 millones 824 mil dólares, 25 mil 116 millones 480 mil pesos–, cifra similar a lo que gasta cada año el gobierno federal en casi 1 millón de personas con discapacidad a través de apoyos directos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2336 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.