CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El cálido verano de 1976 no será olvidado fácilmente por los mexicanos. El peso se devaluó más del ciento por ciento frente al dólar. Un nuevo presidente fue elegido sin tener candidato formal al frente y el sindicalismo independiente padeció sus mayores derrotas. Asimismo, el diario Excélsior dejó de ser "una de las empresas periodísticas más ambiciosas y estimulantes del México contemporáneo", como lo calificó un centenar de renombrados intelectuales, para convertirse en "sombra de sí mismo", "fachada de lo que fue ayer", en palabras del prestigiado Le Monde de París.

Para agredir a Excélsior, el 8 de julio se hizo culminar una operación de pinzas: por un lado, se creó un artificial conflicto interior en que la traición y las ambiciones bastardas fueron ingredientes principales, y por otro se adoptó la decisión política de castigar la tarea que ese diario se había impuesto particularmente desde 1968, labor que de acuerdo con ese mismo grupo de intelectuales consistió en convertirse en "muy adecuado instrumento de un deseo nacional en cierto modo incontenible desde 1968: el deseo de ejercer los derechos a la información y la crítica que conceden a todos los mexicanos las leyes del país; del deseo de usar las garantías jurídicas y constitucionales y vigentes en esa materia más allá del círculo declarativo en que solían estar confinadas".

En 1972, la revista Editor and Publisher, el más importante órgano de la industria editorial norteamericana observó que Julio Scherer García, director general de ese diario era "un periodista mexicano dedicado al casi inconcebible propósito, en México, de comprobar que la política de prensa más adecuada, por no decir la que más deja, es la honradez". Como resultado de esa política, añadió la revista, "las revelaciones de Excélsior sobre la corrupción a nivel nacional así como sus acusaciones de incompetencia y caciquismo, se han sucedido con penosa frecuencia, cada vez en aumento, desde que Scherer tomó el timón. Políticamente, el diario ha virado de la extrema derecha a la izquierda centro. Una buena pauta de que este diario es mucho mejor que sus competidores, la da el hecho de que sus lectores, a veces ofendidos, continúan comprándolo".

Nada de eso fue posible sin pagar elevados costos. Desde que en 1965 socios conservadores y deshonestos fueron expulsados de la cooperativa editora de Excélsior, el entonces Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas –hoy Banco de Obras y Servicios Públicos– les otorgó abundante patrocinio para agredir a quienes en el diario se empeñaban por hacer una tarea que le valió ser calificado por el Times de Londres como "Le Monde de América Latina".

Entre 1964 y 1971, la existencia legal de los órganos de dirección de Excélsior fue precaria, por omisiones de la Secretaría de Industria y Comercio, que en 1971 convalidó todos sus actos, menos los tomados en las situaciones más conflictivas, con lo que creó una amenaza latente contra la cooperativa. En 1969 una bomba estalló en el edificio principal de Excélsior, como tardía prolongación de las acciones represivas lanzadas desde el año anterior contra actividades e instituciones democráticas.

En ese mismo año, el monopolio de la televisión comercial inició una larga campaña contra Excélsior, que tendría su culminación en el primer semestre de 1976, en que le dedicó espacio que, medido con los criterios mercantiles de la propia televisión, alcanza un valor de muchos millones de pesos.

A esa campaña se sumaron la casi totalidad de los diarios de la ciudad de México, principalmente los vinculados de modo más directo al gobierno. Casi no pasaba semana sin que se hicieran eco de ataques a colaboradores de Excélsior. Un ruin desplegado, destinado a agraviar al director general y algunos colaboradores de este diario, presuntamente firmado por numerosos grupos de bajacalifornianos y publicado a gran costo a fines de enero de 1976, fue calificado editorialmente por El Nacional como "muestra de entereza cívica", siendo que su contenido caía claramente bajo las sanciones de la legislación penal. Por las mismas fechas, de modo intempestivo, el canal 13, gubernamental, rompió su convenio publicitario con Excélsior dejándolo por completo aislado. Significativamente, el convenio se restableció poco después del golpe del 8 de julio.

Rebelión minoritaria

Al mismo tiempo que se recrudecía la rebelión interna de un grupo minoritario, sin calificación profesional, política o moral, el 10 de junio se inició la invasión al fraccionamiento Paseos de Taxqueña. Este desarrollo urbanístico, promovido por Excélsior, se erigió sobre terrenos adquiridos legalmente por la cooperativa en 1959. Sus frutos debían aprovechar a los cooperativistas en particular y a la institución en general. La ocupación ilegal del predio, encabezada por Humberto Serrano Pérez, invasor profesional, diputado del PRI, fue explicada por el propio manipulador de campesinos: a la caída del director general, los terrenos serían desocupados. La policía y el ministerio público, tanto local como federal, nada hicieron nunca por impedir los actos vandálicos insistentemente denunciados.

Al iniciarse la invasión, hubo obstáculos para que se levantaran las denuncias penales correspondientes. La Procuraduría del Distrito se declaró incompetente, a pesar de que se trataba de despojos y robos, delitos claramente pertenecientes a su jurisdicción. La Procuraduría de la República, a su vez, tras admitir la plena legalidad del fraccionamiento, anunció que haría salir a los invasores sólo después del 8 de julio. El Secretario de la Reforma Agraria, después de afirmar de modo indudable que Serrano jefaturaba a los invasores, cohonestó la ocupación aliándose con los ejidatarios que la realizaron.

En lo interno, dos conflictos se inventaron para fomentar la discordia. Uno fue el caso de PEPSA. Empresa filial de Excélsior, esta cooperativa ejerció inequívocamente su propiedad sobre aquella sociedad anónima. Fue creada en 1969 para estimular la circulación de las publicaciones de la cooperativa y editar libros de los miembros y colaboradores de ésta. En su administración intervinieron, centralmente, Antonio Zavala Tobón y Juventino Olivera López, que ahora cuentan entre los denunciantes de inexistentes fraudes en esa empresa. Si hubo alguno, ése fue cometido por Zavala Tobón, destituido aún por sus propios cómplices de la Subgerencia de Administración de Excélsior que ocupó fugazmente después del golpe veraniego, a causa de su bien conocida rapacidad. El Consejo de Administración de Excélsior, explícitamente, reconoció la honradez con que en este punto procedió el gerente general, don Hero Rodríguez Toro, en su carácter de dirigente de la cooperativa al que competía el manejo administrativo de la misma y de sus actividades colaterales.

Olivera, que ahora usurpa la Gerencia General, era antes del 8 de julio Subgerente de Administración y presidente del Consejo de Vigilancia. Este órgano se había convertido en impugnador falaz de la Gerencia General, de la que, por otra parte, dependía Olivera. Para pedirle que explicara la ambigüedad nacida de tal situación, cinco socios, con antigüedades entre 18 y 34 años en la cooperativa, lo visitaron el 21 de junio en su oficina, en horas de trabajo. Con alivio, Olivera declaró por escrito que "convertir la normal vigilancia de los asuntos de nuestra sociedad y el trámite de los problemas inevitables en toda organización, en motivo de mítines, enfrentamientos personales, propalación de versiones parciales. tendenciosas e insidiosas, no sólo equivale a contrariar la función del propio Consejo de Vigilancia, sino que significa atacar los legítimos intereses de la cooperativa". Sospechosamente veleidoso, Olivera se prestó después al juego en el que se le hizo aparecer como víctima de un pretendido secuestro y amenazas.

Estos y otros episodios condujeron a la asamblea del 8 de julio de 1976, en que tales asuntos debían ventilarse. Como antecedente del clima de violencia que se buscaba instaurar, fue impedida la publicación de un comunicado que, bajo la firma de los escritores del diario, debía aparecer precisamente ese día. Como anticipo del género de periodismo que a partir de entonces se haría en Excélsior, la página 22 apareció en blanco en vez de contener la advertencia y denuncia de los escritores, artistas, funcionarios y periodistas que hicieron de las páginas de Excélsior "uno de nuestros espacios críticos fundamentales". Si la situación de Excélsior "se modificara de modo ilegítimo", decían los firmantes, ellos no estarían dispuestos en forma alguna a continuar (su) colaboración" en ese diario.

La intimidación, la arbitrariedad y la violencia hicieron imposible el normal desempeño de la asamblea, convocada de suyo ilegalmente. Bajo la presión de una minoría de cooperativistas que actuaba con signos y consignas fruto de una obvia asesoría externa y de grupos de porristas y de agentes policiacos, claramente identificados, la mayoría de los socios salió de la sala de asambleas y se constituyó en asamblea legítima en la sala de redacción. Allí, los presentes aprobaron los informes del director y del gerente generales, no previstos significativamente en la convocatoria espuria expedida por el Consejo de Administración, y desconoció a éste, al Consejo de Vigilancia y a las Comisiones de Conciliación y Arbitraje y de Control Técnico. Mientras tanto, el grupo minoritario determinó suspender al director y al gerente general así como a los cinco  presuntos "secuestradores" de Olivera. Después, la desproporcionada fuerza de choque y los miembros de la reunión minoritaria amagaron a la inerme asamblea. Decididos a no responder a la violencia con que los avasallaron, el director y el gerente generales encabezaron la salida del grupo mayoritario, muchos de cuyos miembros no volverían jamás a las instalaciones del diario en que habían dejado su vida.

La policía había sido llamada por los dirigentes legales para impedir las agresiones. Tal protección fue negada. Se buscó asimismo notificar de los hechos al Presidente de la República, que no respondió a los llamados telefónicos que se le hicieron. Esto explica por qué no se iniciaron, de inmediato, las acciones legales que estaban abiertas para retomar los lugares de decisión en Excélsior.

Tanto más que, el 14 de julio, menos de una semana después del ataque, el Presidente de la República dictaminó: "fue una determinación de los cooperativistas y no ha intervenido el gobierno de México y nunca lo hizo, y menos al final, absolutamente. Parece ser que allí una mayoría determinó lo que se hizo después". El dictamen fue, por lo menos, apresurado, pues la Secretaría de Industria y Comercio, única facultada por la ley para determinar si se trataba de actos de una mayoría o no, y para establecer si lo ocurrido el 8 de julio era "una determinación de los cooperativistas" no había expresado, ni lo ha hecho hasta ahora, su opinión sobre el particular.

Tras la salida del director general y del gerente general, con quienes se solidarizaron en definitiva la casi totalidad de los colaboradores editoriales (sólo tres de cincuenta permanecieron en Excélsior) y la porción más significativa de los reporteros y del personal administrativo, empezó a desarrollarse un fenómeno de solidaridad, insólito en los tiempos que corren. Contrastando con el silencio casi total de la prensa diaria capitalina y de la televisión comercial, que callaron una vez cumplida su labor, semanarios como la revista Siempre y un buen número de diarios de provincia informaron de lo acontecido y enjuiciaron severamente el golpe contra Excélsior. También lo hizo la prensa mundial, encabezada por sus órganos más significativos, tales como The New York Times, The Washington Post, Le Monde, The Times, The Manchester, Guardian, de Inglaterra, etc. Un editorial del periódico neoyorquino, al establecer  el significado real de los hechos, los enjuició así: "el periodo del Presidente Echeverría terminará dentro de unos cuantos meses, pero su gobierno acaba de dar un paso funesto cuyas consecuencias podrían ser sentidas después de su régimen. Ese paso es el silenciamiento de la voz periodística más importante e independiente de México, del periódico Excélsior. El diario continúa publicándose, pero todo lo que lo hizo fresco, interesante y valioso para una sociedad democrática, se ha desvanecido para ser reemplazado por actitudes conformistas que nunca hubieran tenido una oportunidad en el anterior, genuino Excélsior". Por su parte, el Post publicó un editorial titulado "El hombre que asesinó a Excélsior".

A su vez, la Unión de Periodistas Democráticos, encabezada, entre otros, por Francisco Martínez de la Vega, Renato Leduc y Luis Suárez, manifestó que "los sucesos del jueves 8 representan la culminación de una larga y persistente campaña destinada a impedir que nuestro pueblo sea informado con amplitud y a silenciar las opiniones disidentes en la vida pública de México".

Una nueva tarea 

Diez días después del golpe, el 19 de julio, más de dos mil personas acudieron al llamado, hecho sin el auxilio de ningún medio de difusión colectiva, por el grupo salido de Excélsior. Se propuso en esa reunión una nueva tarea editorial, cuya forma jurídica sería una sociedad anónima de la que serían accionistas las personas que quisieran apoyar la expresión libre y democrática, y que se manifestaría, como primeras acciones, en una agencia de noticias y en un semanario de información y análisis. Así nacieron, bajo el signo de la solidaridad, Comunicación e Información, S.A. de C.V. (CISA), y la revista Proceso.

Al correr de agosto, eran ya más de 12 los diarios del interior del país que publicaban en sus páginas las informaciones producidas por CISA. A su vez, conocedor de la persecución, José Pagés Llergo, director de la revista Siempre se elevó por encima de la mezquindad competitiva y ofreció a la naciente empresa las flamantes oficinas en las que estaba a punto de establecer las suyas propias.

Más de mil personas han adquirido, a partir de esa fecha, acciones de $500.00 cada una. También lo hicieron centenares de artistas plásticos que aportaron sus obras –pinturas, cerámicas, esculturas, fotografías– para que, subastadas, el producto de la venta engrosara el capital de esta empresa. La subasta, dirigida por Raquel Tibol, ocurrió el 25 y 26 de septiembre en la casa-museo David Alfaro Siqueiros (facilitada por su viuda, doña Angélica Arenal), con notable éxito artístico y económico.

Las tareas de organización de la agencia y de la revista no han estado exentas de dificultades. La más burda, construida públicamente, consiste en la tentativa de procesar judicialmente a Julio Scherer García, director general de la empresa que edita este semanario. Como consecuencia de una denuncia calumniosa presentada por miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia que espuriamente dominan a Excélsior, la Procuraduría del Distrito Federal inició una averiguación previa como parte de la cual a fines de octubre, más de un mes después de presentada la acusación, pero en las proximidades de la aparición de ésta revista, Scherer García fue citado a comparecer dos veces, el lunes 25 de octubre y el lunes 1o. de noviembre.

La denuncia busca involucrar en la comisión de presuntos actos delictuosos a 8 personas, de las cuales sólo el director general de CISA ha sido convocado a declarar. Se le acusa de participar en un fraude por 13 millones de pesos, en términos que contradicen una acusación previa, hecha el 26 de julio en las páginas de Excélsior –y reproducida por otros diarios–, y que son contrarios, por supuesto, a la realidad.

Al comparecer por vez primera ante la Procuraduría, Scherer García dio a conocer a los reporteros que buscaban información sobre el caso, información que casi en absoluto no fue publicada, el siguiente comunicado:

"He recibido, con naturalidad aunque no sin asombro, un llamado para que me presente ante el subdirector de Averiguaciones Previas de la Procuraduría del Distrito Federal. Vengo a saber de qué se trata. Acudo puntualmente a la cita sin haber recurrido al amparo, porque estoy consciente de no haber cometido delito alguno y porque sería ineficaz si se ha tomado la decisión de proceder arbitrariamente.

"Recibí el citatorio con asombro porque, según se me ha dicho, se trata de un documento insólito. No se me ha llamado a declarar ante una mesa del sector central, sino que se me cita ante un funcionario preciso, identificado con su nombre, el licenciado Eduardo Villarreal Moro. Según la opinión jurídica de mi abogado, siendo el Ministerio Público institución única e indivisible, es por completo inusual que se me llame a comparecer ante un miembro de éste en particular. Eso indica la peculiaridad de la actuación en que se me está involucrando.

"Recibí el citatorio con naturalidad, sin embargo, porque como periodista estoy habituado a interpretar los hechos para buscar su significado. Por eso me resulta lógico suponer que se me llama en relación con acusaciones formuladas por quienes el 8 de julio anterior rompieron el orden legal de la cooperativa Excélsior, cuya dirección general se me arrebató de hecho, pues la asamblea general, único órgano apto para ello, no ha aprobado que se me excluya y, por supuesto, tampoco ha aceptado una renuncia que no he presentado, únicas causas por las cuales podría dejar formalmente esa posición.

"Puesto que presumo que se me llama por aquellas razones, no puedo menos que hacer notar el tiempo transcurrido entre el 8 de julio y la fecha de esta comparecencia. Tampoco puedo dejar de hacer notar la proximidad de esta última fecha con la que nos hemos fijado para la aparición de un semanario de información y análisis que se denominará Proceso, y que comenzaremos a editar el 6 de noviembre.

"Seguramente la presión significada en este citatorio y sus eventuales consecuencias no son ajenas a ese propósito. Es lógico suponer que se nos quiere involucrar a mí y a algunos de mis compañeros, en el mal manejo de dinero, justo en el momento en que estamos apelando a los ciudadanos para que nos confíen, como ya lo han hecho algunos miles de ellos, sus recursos económicos modestos para formalizar una empresa que se encargue de brindar a la nación las oportunidades expresivas que le fueron limitadas desde el 8 de julio. No habría mejor manera de inhibir nuevas aportaciones que el presentarnos como indignos de confianza, simples sujetos de una consignación penal por delitos patrimoniales.

"Al mismo tiempo, de este modo se buscaría restarnos credibilidad pública en vista de las tareas periodísticas que con ese apoyo moral y material hemos emprendido, o hacernos saber la magnitud y el alcance de las acciones que pueden ser lanzadas contra nosotros con el propósito de intimidarnos y frenar la realización del propósito editorial que nos hemos fijado y que buscaremos cumplir dentro del orden jurídico vigente. Dentro de esa línea de conducta, estamos en espera de que la Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA) acuerde la dotación que hemos solicitado. De cualquier manera, puedo asegurar que, por voluntad propia, no dejaremos de aparecer el 6 de noviembre con un semanario que será honrado y profesional.

"Siendo, como soy, consciente de que ni como director general de Excélsior, ni ahora como director general de Comunicación e Información, S.A.(CISA), ni como particular he cometido delito alguno, vengo a esta cita con la naturalidad y el asombro que he explicado. Cuando impera la arbitrariedad, siempre será posible prefabricar circunstancias en que una persona honrada aparezca culpable de un delito. Cuando impera el orden legal, siempre será posible hacer que sea manifiesta y clara la inocencia de una persona. Ignoro cuáles de estas condiciones prevalecerán en este caso. Desde ahora digo, sin embargo, que este acto tiene una indudable naturaleza política."

No sólo eso. La Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. (PIPSA) guardó silencio ante la solicitud que formuló Proceso. Si este número está hoy impreso, se debe al empleo de materia prima no surtida por la PIPSA.

Al comenzar noviembre, último mes del sexenio echeverrista, culmina con la aparición de Proceso un fenómeno de singular importancia en la vida pública mexicana. En un medio como el nuestro, en que es aleatoria la vida de toda publicación que busca ser independiente, la de Proceso está sujeta a contingencias específicas, nacidas de la relación especial que guarda, hoy, ante el poder público. Los últimos días de este sexenio permitirán saber cual sea el destino inmediato que, en esos términos, aguarda a esta publicación.