A una crisis económica –derivada del fin de la ayuda venezolana– y a la pandemia, se suma ahora la represión política selectiva en Nicaragua: el presidente Daniel Ortega decidió encarcelar a todas las figuras –incluidos viejos compañeros de armas– que le podrían hacer sombra en las elecciones del próximo noviembre. Dos poderosos críticos del gobierno atribuyen esa ola represiva al miedo del mandatario a perder el poder.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El miedo, esa sensación de angustia que provoca en los políticos con vocación autoritaria la posibilidad de perder el poder, es lo que está detrás de la escalada represiva que ejecuta el presidente nicaragüense Daniel Ortega contra sus opositores, en especial contra los precandidatos que se alistaban para enfrentarlo en las elecciones de noviembre próximo.

Así lo piensan el excomandante sandinista Luis Carrión y el economista, historiador y exdiputado opositor Enrique Sáenz.

En entrevistas por separado con ­Proceso, ambos dicen estar convencidos de que ese miedo surge del alto costo que tendría para Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, perder el control político de un país que han manejado a su antojo los últimos 15 años.

Son tantas las acusaciones y evidencias que los incriminan en violaciones de los derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad y en actos de corrupción, que el poder y el manto de impunidad que trae aparejado se han convertido en una necesidad para ellos y sus ocho hijos, quienes manejan empresas, medios de comunicación y asuntos de gobierno.

“Si dejan el poder en una situación de crisis como la que se vive ahora, ¿a dónde van a ir? No creo que a la familia le interese irse a Cuba. Por eso hoy el único objetivo de esta dictadura brutal de Ortega y Murillo es mantener el poder. Todo lo demás es completamente secundario”, dice Carrión, quien fue uno de los nueve comandantes de la dirección del insurgente Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

Sáenz plantea que hasta hace unas semanas, Ortega y Murillo estaban decididos a mantener la presidencia mediante las elecciones de noviembre, las cuales “tendrían bajo su control por el dominio que ejercen del organismo electoral y de todos los poderes del Estado”. Sin embargo, encuestas recientes “y alguna medición que ellos hicieron, los llevaron a saltar la valla de la institucionalidad y a optar por la represión” de los dirigentes opositores con mayores opciones para disputarles la presidencia en los comicios de noviembre, dice a este semanario el exdiputado del opositor Movimiento Renovador Sandinista.

La Policía Nacional, que dirige el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, y unidades paramilitares han detenido a los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora.

Chamorro fue la primera en ser detenida. Quedó bajo arresto domiciliario el pasado miércoles 2, luego de que una encuesta la ubicó como la precandidata con mayores posibilidades de ganarle a Ortega. Luego siguieron las capturas y el encarcelamiento efectivo de los otros precandidatos y de una veintena de líderes opositores, dirigentes empresariales, defensores de los derechos humanos y periodistas.

“El objetivo es aplastar cualquier forma de oposición, cualquier voz independiente, cualquier opinión contraria al régimen. Quieren el silencio total, la inmovilidad total, el control total”, dice Carrión.

El exministro de Economía y dirigente de la opositora y centroizquierdista Unión Democrática Renovadora (Unamos) afirma que Ortega ya “enterró” las elecciones de noviembre. “Sin candidatos, con una represión desenfrenada, con el control total del aparato electoral y sin partidos de oposición, porque su personalidad jurídica ha sido cancelada, ese proceso no tiene ninguna credibilidad”, señala.

Para Carrión, los Ortega-Murillo “ya quemaron sus naves y descaradamente están diciendo: ‘Nos quedamos en el poder, éstas son nuestras condiciones y el que no se atenga a ellas va preso o se va de Nicaragua’”. Él ya se fue hace unos días. La policía lo buscó en su casa de Managua para detenerlo, pero no lo encontró.

Otros dirigentes de Unamos sí fueron capturados, entre ellos la excomandante sandinista Dora María Téllez, el general en retiro Hugo Torres, la presidenta del partido, Suyén Barahona, y las dirigentes Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila.

Los cargos contra los más de 20 opositores detenidos van desde “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos” y “lavado de dinero” a través de fundaciones hasta “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”.

El factor humano

Muchos años antes de que Ortega se convirtiera en un autócrata cuestionado por buena parte de la comunidad internacional, Carrión sabía que eso iba a suceder. Más que una intuición era una certeza surgida de dos acontecimientos que, dice, habían de marcar la vida de Ortega y acabarían por transformar para siempre sus ideales revolucionarios en un proyecto personal de poder.

El primer acontecimiento fue la derrota que sufrió en los comicios de 1990 ante Violeta Chamorro, madre de Cristiana Chamorro. “Ortega –recuerda Carrión– quedó profundamente traumatizado por la pérdida de las elecciones. Esa madrugada (26 de febrero de 1990) reconoció la derrota, después quería desconocer el resultado. Le dijimos que eso no era posible. Estuvo deprimido varios meses, y ahí se prometió a sí mismo que eso nunca le iba a volver a pasar”.

Al tanto de esa promesa, el dirigente sandinista Tomás Borge la secundó cuando Ortega recuperó la presidencia en 2006, tras dos intentos fallidos en 1996 y 2001: “Podemos pagar cualquier precio –dijo Borge tras la victoria de 2006–: digan lo que digan, lo único que no podemos perder es el poder, y hagamos lo que tengamos que hacer”.

Carrión afirma que lo que ocurre hoy en Nicaragua también está relacionado con un segundo acontecimiento: el escándalo que afrontó Ortega en 1998 cuando su hijastra, Zoilamérica Narváez, lo acusó de violarla desde que tenía 12 años.

“Ese episodio –afirma– fue un parteaguas en la relación de Ortega con Rosario Murillo, madre de Zoilamérica, porque ella escogió defender a Ortega por encima de su propia hija.”

Desde ese momento Murillo comenzó a tener una creciente influencia en la carrera política de su marido y en el FSLN, el partido político surgido de la revolución sandinista.

“Ella tomó el control del partido, sacó a la vieja guardia, puso gente de ellos y comenzó a manejar las campañas electorales de Ortega. Cuando volvió a ser electo presidente, en 2006, Rosario fue nombrada vocera del gobierno y adquirió un enorme poder”, recuerda Carrión.

Ortega logró su reelección en los comicios de 2011 tras modificar la Constitución con su mayoría legislativa para ligar un segundo mandato consecutivo, y volvió a hacerlo en las elecciones de 2016, cuando incorporó a Murillo como su fórmula ­vicepresidencial.

De acuerdo con Carrión, como vicepresidenta, Murillo “ejerce el control práctico de todo lo que pasa en Nicaragua y en el gobierno, y ella se convirtió en alguien indispensable para Ortega”.

Él, asegura, “es la figura, pero ella maneja el país en el día a día porque Ortega no tiene las características ni la personalidad para hacerlo, ni siquiera las condiciones físicas, porque está enfermo para jugar ese rol, desaparece durante semanas, y entonces él le delega a ella la política cotidiana”. Para Carrión, Murillo “tiene una enorme responsabilidad de todo lo que ocurre hoy en Nicaragua: esta última ofensiva represiva tiene todas sus huellas porque corresponde a su personalidad histriónica, estridente y vengativa”.

El exviceministro nicaragüense del Interior, quien era considerado el “cerebrito” de los nueve comandantes de la revolución Sandinista, dice que Murillo se ganó el derecho de compartir el poder con Ortega cuando “le demostró una lealtad por encima de su propia naturaleza de madre”.

Guion suicida

La poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli denunció que la madrugada del sábado 19 la policía allanó la casa de su hermano, el exministro de Educación Humberto Belli, a quien no encontraron.

“Al día siguiente volvieron –dice Belli a Proceso–, eran unos paramilitares con fusiles AK-47, con cuchillos, y amenazaron con matar a mi cuñada si no les decía dónde estaba Humberto. A mi sobrina la trataron de violar, se robaron todo lo que había… fue una violencia tremenda que se ha repetido en varios allanamientos que han hecho.”

Los Ortega-Murillo “ya perdieron todo el sentido de la racionalidad, están actuando desde la desesperación y desde el ­miedo de quienes saben que perdieron el apoyo popular y que sólo les queda el camino de la represión… es un guion suicida”, afirma la poeta por la vía telefónica.

Esta crisis, asegura Carrión, va a incrementar las contradicciones en el ­círculo de poder que rodea a Ortega “porque es gente que tiene negocios, que ya está sufriendo las consecuencias económicas de la situación política y que debe pensar cuál va a ser su futuro”. Además, señala, la pobreza se va a incrementar y se van a deteriorar las condiciones de vida de la gran mayoría de nicaragüenses.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza en Nicaragua llegó el año pasado, en medio de la crisis política y de la pandemia, a 52.7%, mientras que la pobreza extrema afecta a 22.8% de la población.

Ambos indicadores, que son los más altos de los últimos 15 años y que en la región sólo superan Guatemala y Haití, están ligados a la contracción económica que se registra desde 2018, cuando Ortega y Murillo reprimieron una ola de protestas sociales contra el incremento de las contribuciones a la seguridad social y la reducción de las pensiones.

Aunque esas medidas fueron derogadas, estudiantes, indígenas y desempleados continuaron las movilizaciones y pidieron la renuncia de Ortega, quien envió a las calles a la policía y a grupos paramilitares, que causaron 328 muertos, según organismos de derechos humanos.

Entre 2018 y 2020, el PIB de Nicaragua acumuló una contracción de 11.9% y el ingreso per cápita cayó 15.5%. Desde su regreso a la presidencia, en 2007, Ortega contó con la generosa cooperación de Venezuela, que le transfería unos mil 100 millones de dólares al año a través del suministro de petróleo en condiciones preferenciales.

Enrique Sáenz asegura que la mitad de esos fondos “ingresaban al patrimonio privado de los Ortega-Murillo” mediante una empresa de su propiedad que administraba la ayuda petrolera venezolana. “Esa enorme riqueza les permitió comprar conciencias y cooptar a todos los poderes del Estado, al Judicial, al Legislativo, a la Fiscalía, al organismo electoral y hasta les alcanzó para financiar programas clientelares y para regalar cerditos, gallinitas y láminas de zinc a las familias pobres”, dice.

Pero la ayuda de Venezuela, que llegó a sus máximos niveles en 2012, se desplomó con la quiebra económica del país petrolero y casi desapareció en 2017, el año previo al estallido social.

Sanciones de peso

Estados Unidos, mayor socio comercial de Nicaragua, ha pedido “la liberación inmediata” de los opositores detenidos y ha aplicado sanciones económicas a Murillo, a cuatro de sus hijos y a una decena de colaboradores de Ortega a quienes les bloqueó cuentas bancarias y bienes en ese país.

El martes 22, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense aprobó la iniciativa de ley Renacer, que incluye sanciones selectivas a Nicaragua para promover la democratización del país, entre ellas su eventual exclusión del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA).

Esto sería un “golpe de gracia” para la economía nicaragüense, que envía 49% de sus exportaciones al mercado estadunidense, la mayoría a través del CAFTA, y tendría un efecto político “demoledor” para el régimen, porque hay un círculo de crisis política-crisis económica que se retroalimenta y termina por profundizar ambas crisis, señala Sáenz.

La detención de opositores ha sido condenada en los últimos días por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó el miércoles 23 su preocupación “por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua”.

México y Argentina, que hace dos semanas pidieron no intervenir en los asuntos internos de Nicaragua, modificaron su postura el lunes 21 y llamaron a consultas a sus embajadores al considerar que el gobierno de Ortega puso “en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición” con la ola de detenciones que lleva a cabo.

Ortega, quien no estaba en actos públicos desde mayo pasado, reapareció el miércoles 23 con un discurso en el que rechazó que la detención de opositores sea una persecución política. “No estamos juzgando candidatos, políticos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra la seguridad del país”, afirmó, y acusó a sus críticos de querer organizar un “golpe de Estado”.

Belli dice que “aquí no hay complots ni defensa de la soberanía ni intentos de golpes de Estado, sino una pareja muy maquiavélica que está dispuesta a todo para mantenerse en el poder”. Pero ellos, asegura la poeta y exmilitante sandinista, “están cavando su propia tumba porque lo que sigue en Nicaragua es una rebelión social” que desembocará en “un muy mal final para Daniel y Rosario”.

Reportaje publicado el 27 de junio en la edición 2330 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.