Chiapas
El "ya basta" de Pantelhó
Con la irrupción de las autodefensas El Machete de Pantelhó se destapó la negligencia gubernamental y la ausencia del aparato de procuración e impartición de justicia en este rincón de los Altos de Chiapas, donde durante casi 20 años quedaron en la impunidad los asesinatos y las desapariciones.
PANTELHÓ, Chis. (Proceso).– El pasado miércoles 7, con la irrupción de las autodefensas El Machete de Pantelhó se destapó la negligencia gubernamental y la ausencia del aparato de procuración e impartición de justicia en este rincón de los Altos de Chiapas, donde durante casi 20 años quedaron en la impunidad los asesinatos y las desapariciones.
En su pronunciamiento público, el grupo civil armado señaló que su organización se gestó tiempo atrás, pero decidieron salir a la escena pública tras los asesinatos de Mario Santiz López (el sábado 3) y el del defensor de derechos humanos, excatequista y expresidente del grupo Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López (el lunes 5).
El Machete manifestó que se formó en las comunidades indígenas para frenar a un grupo criminal presuntamente vinculado al ayuntamiento municipal perredista. Añaden que dicho grupo es conocido como Los Herrera, cuyo fundador, Austreberto Herrera Gutiérrez, está preso desde agosto de 2019 en el penal del Amate por dos crímenes de 2015 y uno más de 2016.
Al ser encarcelado Herrera, sus hijos Dayli de los Santos y Rubén Estanislao, sembraron el terror con el que pretenden terminar las autodefensas.
Al respecto el párroco Marcelo Pérez Pérez, vicario de la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, apunta en entrevista que la complicidad y la ausencia del Estado ha ocasionado que grupos armados y del crimen organizado se adueñen de esos espacios.
“Eso ha provocado mucha violencia, mucho sufrimiento, mucho terror entre la población, y eso es ya una gran preocupación para la diócesis”, señala Pérez, uno de los pocos que se atreve a hablar de los grupos armados en la zona tsotsil.
El sacerdote indígena –quien coordina la Pastoral Social de la Provincial de Chiapas, integrada por las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez– dice que a partir de la actuación de estos grupos en Pantelhó y otros municipios de los Altos empezaron los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos de gente que protestaba contra los alcaldes.
Asegura que en los Altos de Chiapas no hay municipio donde no operen grupos armados, sólo que algunos son más visibles que otros. “Y cuando decimos crimen organizado, es que están realmente bien organizados”, sostiene.
El padre Pérez apunta que al irrumpir las autodefensas llegaron el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal, por lo cual Los Herreras se dispersaron por los vecinos municipios de Simojovel, Huitiupán y Sitalá. No obstante, considera que esto sólo hará que el grupo extienda su dominio y se fortalezca.
Descomposición
El párroco Marcelo Pérez, nominado al Premio Per Anger 2020 por acompañar la lucha del pueblo creyente de Simojovel que integra el grupo Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio, señala que en esta zona de Chiapas se descompuso todo el tejido social y el crimen organizado se apoderó de las autoridades municipales, generando la violencia.
Advierte que en cada elección los partidos luchan para ganar e invierten mucho dinero; los que pierden se ven obligados a meterse en actividades ilícitas porque se quedan fuera del presupuesto.
Además, dice, “la pobreza propició mucha migración de los jóvenes indígenas. Muchos se van a otras partes del país a trabajar y cuando regresan ya tienen forma de hacerlo, no necesariamente en actividades lícitas. Es ahí cuando se encuentran con los grupos organizados”, señala.
Describe pueblos donde se multiplica el número de bares y cantinas, se incrementa la prostitución y repuntan los casos de alcoholismo y drogadicción.
“Uno no puede dimensionar hasta qué punto el crimen organizado se ha incrustado en los partidos políticos para llegar al poder, como ha pasado en Pantelhó y Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde los partidos son instrumentos para que tome fuerza el crimen organizado.
“Eso lo denunciaron los obispos antes de la elección, por eso hay muchos municipios donde el crimen organizado está bien incrustado en los ayuntamientos, y Pantelhó es el ejemplo más claro”, reitera el párroco.
En ese contexto surgen las autodefensas El Machete. El párroco prevé que ante la desesperación de los pueblos surjan otros grupos en los Altos de Chiapas: “Si el gobierno estatal y federal no toman en serio el caso Pantelhó y los partidos políticos no hacen una limpia, es posible que haya otros muchos grupos que sigan el ejemplo y se alcen en armas contra el crimen organizado. Ya se prendió la mecha”.
De paramilitares a narcos
Víctor Hugo López, presidente de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirma que Chiapas sufre los efectos de la impunidad y vive las consecuencias de la estrategia contrainsurgente.
Recuerda que en el marco de la estrategia contrainsurgente para hacer frente al EZLN se crearon grupos paramilitares que nunca fueron desarmados, como el de Acteal, que se le salieron de control al Estado mexicano y mutaron a grupos del crimen organizado.
“Me sorprenden las declaraciones de la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez –señala el cura–, que eligió la peor temporada para venir a lucirse en Chiapas, y lo que es peor, omitir de forma intencional todo lo que está pasando en la entidad.
“Nos preocupa que el mandatario Andrés Manuel López Obrador, desde el más alto estrado presidencial, declare el ‘abrazos, no balazos`, lo que se interpreta como un claro mensaje de impunidad para los grupos criminales y con ello se fortalece el criterio de la impunidad”.
Víctor Hugo López, expresidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y coordinador de una red de más de 80 organizaciones civiles del país, advierte:
“Son datos bastantes alarmantes, que no se pueden minimizar como lo hizo el presidente en la mañanera del jueves 15 de julio. Nos preocupa que no vemos a la autoridad y cuando la vemos está criminalizando, extorsionando y prefabricando culpables, como el médico veterinario de Arriaga o el profesor de Miguel González en Jitotol y otros.
“El presidente está más preocupado por blindar los programas de la 4T que de la seguridad y gobernanza del país”, indica, y concluye con una crítica a la administración de López Obrador por impulsar una consulta popular y cerrar los ojos ante la inseguridad, la violencia y la injusticia que se vive en Chiapas y otros estados.
