Violencia
El TFJA sienta un precedente: los militares deben indemnizar a sus víctimas
Más de 10 años después de que Felipe Calderón iniciara la guerra contra el narcotráfico, el Ejército empieza a enfrentar el pago de indemnizaciones económicas por violaciones a los derechos humanos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Más de 10 años después de que el expresidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra el narcotráfico, el Ejército empieza a enfrentar el pago de indemnizaciones económicas por violaciones a los derechos humanos, producto de excesos cometidos contra civiles.
El pasado 16 de junio el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe indemnizar a los familiares del estudiante del Tecnológico de Monterrey, Jorge Otilio Cantú, acribillado en 2011 por efectivos del Ejército. La ejecutoria obliga a la Sedena a pagar 5 millones 469 mil pesos a cada uno de los familiares demandantes.
La resolución del TFJA sienta, sin duda, un precedente.
En la sesión pública del pleno del TFJA, la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel expuso que la esposa, el padre y la madre del joven asesinado demandan la nulidad de la resolución negativa correspondiente al escrito de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, presentada el 20 de abril de 2016 ante la Procuraduría General de Justicia Militar, en la que solicitan una indemnización conjunta por muerte, gastos funerarios y daño moral, en cantidad total de 51 millones 450 mil 638 pesos.
El 18 de abril de 2011 militares desplegados en Monterrey en funciones de policía iniciaron una persecución en cuatro patrullas contra un vehículo y una camioneta reportados con tripulantes armados. A la altura de la avenida Lázaro Cárdenas, los vehículos perseguidos rebasaron una camioneta color guinda, que circulaba a baja velocidad. Cuando las patrullas también rebasaban a esa camioneta, los militares dispararon hacia ella, matando al conductor, Jorge Otilio.
De acuerdo con la magistrada Urby Genel, resultó evidente que los militares advirtieron que esa última camioneta, la guinda, era ajena a la persecución y fue alcanzada en el desarrollo del operativo. Y dispararon no obstante que el joven de 29 años estaba estaba desarmado y no repelió la agresión.
La magistrada concluyó que la conducta de los militares no obedeció a una confusión, equivocación o mero accidente, ni se trató de una reacción en legítima defensa, sino que constituyó un ataque directo contra Jorge Otilio.
El caso Kabata de Anda
Un caso distinto es el que enfrentan Óscar Alejandro Kabata de Anda y su familia.
Óscar Alejandro tenía 17 años cuando, el 2 de marzo de 2009, fue detenido junto con el joven Víctor Manuel Baca por militares comisionados al Operativo Coordinado Chihuahua, al mando del general Felipe de Jesús Espitia Hernández. Ambos fueron torturados. Víctor Manuel murió víctima de los golpes que le infligieron los soldados. Luego desaparecieron su cuerpo. Sus restos fueron encontrados e identificados en 2016 por medio de exámenes de ADN.
Óscar Alejandro recuerda que cuando el general Espitia Hernández se dio cuenta de que la detención de los jóvenes había sido una equivocación, le dijo que lo liberaría con la condición de no presentar una denuncia y mudarse lejos de la ciudad. En lugar de huir, el joven denunció lo ocurrido. Su lucha por la reparación del daño –a diferencia de la familia de Jorge Otilio– aún no termina.
Óscar Alejandro y su familia denunciaron que militares los tienen amenazados de muerte. Les exigen aceptar una reparación del daño por 1 millón 200 mil 392 pesos, pero la familia demanda 12 millones 293 mil 567 pesos más pensión vitalicia, pensión especial y un terreno.
Laura Ivonne, madre de Óscar Alejandro, afirma que a la una de la tarde del pasado 5 abril recibió un mensaje de texto en su teléfono celular en el que la amenazaban de muerte si no tomaba el dinero y se retiraba de la entrada del edificio de la Sedena, donde ella y su familia protestaban.
De hecho, el 13 de abril se lesionaron voluntariamente los brazos, haciendo pintas con su sangre sobre los muros que rodean las instalaciones de la Sedena.
“¿Qué más puedo perder? ¿La vida? ¡Tengo más de 12 años con un dolor que no puedo explicar, con una rabia que las autoridades se han encargado de ir incrementando, y ustedes también por su indiferencia!”, declaró Oscar Alejandro a reporteros.
En la Sedena no se cuenta con información sobre la detención de Óscar Alejandro, lo que se hizo del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió la recomendación No. 38VG/2020 el 25 de septiembre de 2020, que fue aceptada por la Sedena. El 14 de octubre de 2020 la Sedena notificó a la CNDH el inicio de las acciones correspondientes para su cumplimiento.
