Si bien pudo evadir la prisión, hace dos años el exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat fue hallado culpable del delito de peculado en agravio de la administración pública; cuando estaba al frente del Ejecutivo estatal autorizó la compra de un tomógrafo por 13.8 millones de pesos, que nunca fue adquirido… ese dinero simplemente desapareció. Y aun así, el exmandatario está en campaña por la alcaldía aguascalentense.

AGUASCALIENTES.- “Hechos, no palabras”, se escuchó decir al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, sonriente y agitando los brazos frente a las cámaras que transmitieron el martes 25 el debate entre los aspirantes a la alcaldía de la capital, organizado por el Instituto Electoral del estado.

Reynoso Femat es uno de los nueve candidatos a la presidencia municipal de Aguascalientes. Ya ocupó ese cargo entre 1999 y 2001, en el inicio de una carrera política que se ha negado a abandonar, al grado de que decidió renunciar a más de 20 años de militancia en el PAN y hoy contiende representando a Fuerza por México, organización encabezada por Pedro Haces Barba, senador suplente de Morena y dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

A Reynoso parece no pesarle en absoluto la sentencia judicial que lleva a cuestas por el delito de peculado, que cometió siendo gobernador por el PAN (2004-2010), según la denuncia presentada por su sucesor en el Poder Ejecutivo, el priista Carlos Lozano de la Torre, y las sentencias ratificadas por juzgados del estado y del Poder Judicial de la Federación.

La última –con fecha del 19 de agosto de 2019– confirma que, aunque Reynoso Femat fue exonerado de la acusación de ejercicio indebido del servicio público, fue declarado culpable por el delito de peculado en agravio de la administración pública y el gobierno del estado, por disponer de 13 millones 800 mil pesos del erario mediante la falsa adquisición de un tomógrafo computarizado para uno de los hospitales del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA).

Por esa sentencia, el exmandatario fue condenado a purgar una condena de dos años y nueve meses de prisión –que a solicitud de su abogado fue conmutada por una pena sustitutiva de trabajo comunitario–, a pagar una sanción pecuniaria equivalente a 4 mil 603 pesos y a cubrir la reparación del daño al gobierno estatal por los 13.8 millones. La sentencia estaría vigente, según la fecha de la sentencia firmada por tres magistrados de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, copia de la cual tiene Proceso.

La resolución judicial también declaró la inhabilitación de Reynoso para desem­peñar otro empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de un año con seis meses, lapso que, de acuerdo con la fecha de la sentencia, se habría cumplido en febrero pasado. 

Sin ser obligado a cumplir esa sentencia dentro de una prisión, y con su credencial de elector vigente y la declaración de buena fe de tener sus derechos políticos a salvo –que debió entregar como requisito–, Reynoso fue registrado ante el Instituto Electoral del estado como candidato a la presidencia municipal de la capital; hace campaña presumiendo obras y logros en su sexenio y aparecerá en las boletas del 6 de junio.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2326 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 30 de mayo de 2021.