Chile tendrá una nueva Constitución –que se empezará a escribir el próximo mes– en la que se reflejará el hartazgo popular que se hizo visible en las protestas masivas a partir de 2019 y que pondrá fin al neoliberalismo a ultranza heredado de la dictadura, ese que le dio el control de los servicios básicos al sector privado. La Convención Constitucional, encargada de redactar la Carta Magna, está formada básicamente por personas ajenas a los partidos políticos, contra los que también se manifestó la población.

BOGOTÁ (Proceso).– La Convención Constitucional que comenzará a redactar una nueva Constitución para Chile el mes próximo sepultará la que le heredó al país el dictador Augusto Pinochet y sentará las bases de un nuevo pacto social que romperá con el modelo híperneoliberal, que le dio al sector privado el control de los servicios públicos, la educación, la salud, el sistema de pensiones y recursos vitales como el agua. 

Ese es “el claro mandato” que le dieron los votantes chilenos a la Convención Constitucional, dice a Proceso la doctora en ciencia política Claudia Heiss: “Hay una demanda muy radical de cambio en el país –explica–, de un cambio muy profundo, y la mayoría de convencionales (constituyentes) tienen una agenda social y democratizadora que los hará marchar en esa dirección”.

Para la jefa de la carrera de ciencia política de la Universidad de Chile, lo que se viene es “un cambio muy profundo” con  el que se acabará la supremacía del mercado y se dará paso a un modelo de protección social universal en el que el Estado jugará un papel protagónico en la satisfacción de derechos, como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo.

Éstas fueron las demandas centrales de la rebelión social que estalló en Chile en octubre de 2019 y que, a pesar de la represión policiaca y militar y de la muerte de 32 manifestantes, sólo comenzó a encontrar una salida cuando la clase política tradicional –la derecha defensora del modelo económico pinochetista y la centroizquierda que gobernó el país tras el fin de la dictadura sin impulsar cambios de fondo– pactaron convocar a un plebiscito para preguntarle a los chilenos si querían o no una nueva Constitución.

En el plebiscito, realizado en octubre pasado, 78% de los votantes dijeron sí a una nueva Constitución y 79% se pronunció por una Convención Constitucional para redactarla, lo que constituyó una contundente ratificación de la demanda de cambio que se escuchaba en las calles desde la “Revolución Pingüina” de 2006, cuando cientos de miles de estudiantes de secundaria y preparatoria marcharon para exigir educación gratuita y de calidad. En 2011 se reactivaron y se ampliaron al ámbito universitario las protestas estudiantiles, que lograron que el Estado aumentara los subsidios a la educación superior, privatizada durante la dictadura.

La voz de la calle

La insatisfacción con la salud, el sistema de pensiones y los servicios públicos, cuyo manejo también fue transferido a inversionistas privados durante el gobierno militar, acabó por explotar en las masivas protestas de 2019 y por orillar a la clase política tradicional y al gobierno del centroderechista Sebastián Piñera a buscar caminos de salida a la crisis estructural del llamado “modelo chileno” que tantos elogios recibió durante años en la región y en el mundo.

En Chile el “modelo” funcionó para la élite económica pero no para la gente. Las pensiones del sistema privado son irrisorias y los subsidios del gobierno a los jubilados no logran cubrir sus necesidades básicas. La salud privada es inaccesible para millones de chilenos y hay enfermos que mueren esperando atención en los hospitales públicos. 

Las protestas sociales de 2019 evidenciaron dos realidades: el hartazgo y la indignación de la enorme mayoría de los chilenos con un sistema donde los servicios sociales están regidos por el lucro, y el surgimiento de una ciudadanía diversa y demandante en la que confluyen causas feministas, ambientalistas, territoriales y de defensa de la diversidad étnica y sexual.

La profesora de política comparada de la Universidad Católica de Chile, Julieta Suárez-Cao, dice a este semanario que esto acabó por reflejarse en la Convención Constitucional, en la que fue elegida gente muy diversa y, también, muy distinta a las personas que han manejado la política en Chile.

“Hay dos cosas que definieron la elección de la Convención (realizada el 15 y el 16 de mayo pasado): el deseo de cambiar el modelo estructural de país y el deseo de cambiar a la gente que toma las decisiones”, señala la doctora en ciencia política de la universidad estadunidense de Northwestern. 

La irrupción ciudadana

La alta presión social, que orilló a la históricamente inflexible élite chilena y a la derecha política a aceptar a regañadientes la insostenibilidad del híperneoliberalismo herencia de Pinochet, propició también varias reformas constitucionales que ampliaron los mecanismos de representación ciudadana en el proceso electoral constituyente.

El Congreso bicameral flexibilizó los requisitos para la inscripción de candidatos independientes en las elecciones de la Convención Constitucional. 

Cualquier ciudadano podía postularse de manera individual si reunía un número de firmas equivalente a 0.2% de los votos que se hubieran emitido en su distrito en la anterior elección de diputados. En el caso de las listas de candidatos independientes –integradas por dos o más personas– el porcentaje de firmas necesarias subía a 0.5%.

Además, las firmas podían acreditarse en forma digital a través del portal del servicio electoral, sin necesidad de autentificarlas ante un notario. Ningún país latinoamericano ha dado tantas facilidades para inscribir candidaturas independientes.

Esto propició que muchos protagonistas ciudadanos de las protestas sociales, ambientalistas, feministas, defensores de los derechos humanos, amas de casa, estudiantes, integrantes de la comunidad LGBTI y activistas contra el lucro en la salud, la educación y las pensiones –todos ellos antipartidos políticos– acabaran como candidatos independientes.

Con escasos recursos, con limitado acceso a las franjas televisivas que otorga el Estado para hacer campañas, estos independientes agrupados en listas fueron la sorpresa y los grandes triunfadores de la elección constituyente, que además contó con paridad de género en las candidaturas.

Mayoría por el cambio

De los 155 escaños que tendrá la Convención Constitucional, 48 (31%) los tendrán los independientes, que por sí solos serán la primera mayoría. La Lista del Pueblo, con 26 curules, e Independientes por una Nueva Constitución, con 11, llevarán la voz cantante de ese variopinto conglomerado que se ubica en la izquierda pero que, más que ideologías, postula y defiende causas.

La coalición Apruebo Dignidad, integrada por la nueva izquierda que emergió del movimiento estudiantil de 2011 y por el Partido Comunista, obtuvo 28 curules, y la centroizquierda que gobernó Chile 24 años bajo el alero de la Concertación tras el retorno de la democracia, tendrá 25.

Los pueblos indígenas chilenos –mapuches, aimaras, quechuas y rapanuis, entre otros– cuentan con 17 escaños.

De esta manera, la Convención Constitucional estará formada mayoritariamente por fuerzas políticas y ciudadanas que buscan una transformación social y un activo papel del Estado para redistribuir la riqueza en un país con profundas desigualdades. 

La derecha chilena, que en los comicios constituyentes sufrió la peor derrota de su historia, quedó apenas con 37 escaños –23% del total–, muy lejos del tercio que necesitaba para bloquear las modificaciones más significativas. Los nuevos artículos que redacte la Convención deberán contar con dos tercios de los votos –103– para ser aprobados. 

“La nueva Constitución va a reflejar, por primera vez, las preferencias de la mayoría, que se habían visto completamente obstruidas por los enclaves institucionales heredados de la dictadura”, dice Heiss.

La doctora en ciencia política, quien fue integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente en 2019, considera que las mayorías que se configuran en la Convención avanzarán hacia la universalidad de la educación y la salud, pero esto tendrá que traducirse en los años siguientes en políticas públicas que viabilicen esa orientación. 

“La nueva Constitución –dice– va a girar el timón en esa dirección y va a dejar sentadas las reglas del juego, pero el resto lo tendrá que hacer la política ordinaria porque esto va a requerir leyes y recursos.”

Suárez-Cao explica que, en ese sentido, los cambios más profundos estarán atados a la composición de los futuros gobiernos y legislaturas, que en ambos casos se renovarán en las elecciones de noviembre próximo.

La No Asamblea Constituyente

Los partidos políticos tradicionales tuvieron cuidado en no llamar “Asamblea Constituyente” al organismo que redactará la nueva Constitución. Lo hicieron para diferenciar este proceso constituyente del que realizaron Hugo Chávez en Venezuela (1999), Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa en Ecuador, que en los tres casos convocaron a “asambleas constituyentes” para consolidar sus proyectos políticos.

“Aquí no tenemos ese tipo de líderes –dice Heiss– ni un partido político que busque afianzar su poder con una Constituyente, lo que da garantías de pluralismo y de que no habrá una cooptación del proceso por parte de un sector político. Este fue un proceso que se hizo de abajo hacia arriba y no fue controlado desde arriba por un líder”.

Suárez-Cao indica, por su parte, que la nueva izquierda chilena –la de las listas independientes y la que encabezan los exlíderes estudiantiles y actuales diputados­ Giorgio Jackson y Gabriel Boric– no se parece a la izquierda “más setentera” de Chávez, Correa y Morales. 

“Es una izquierda interseccional que se acerca a referentes como (la congresista estadunidense liberal) Alexandria Ocasio-Cortez; que es feminista, ecologista, antineoliberal, abierta a las reivindicaciones de las minorías sexuales y a los derechos de la niñez y la adolescencia”, asegura.

Agrega que es “una izquierda más del siglo XXI, que rechaza el autoritarismo y que no es castro-chavista porque no tiene como proyecto concentrar el poder, sino impulsar la participación ciudadana”.

Esa izquierda, que es la fuerza mayoritaria en la Convención Constitucional, impulsará, además de la agenda social, un Congreso unicameral; el tránsito hacia un régimen semipresidencial, con un primer ministro, y la definición de Chile como un Estado plurinacional con pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Reportaje publicado el 6 de junio en la edición 2327 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.