MADRID (EUROPA PRESS).- Chile se convirtió el domingo en un escenario electoral sin precedentes. Ante el batacazo del oficialismo y la irrupción de opositores y candidatos independientes, la convención constituyente comenzará a redactar una Carta Magna que reemplazará a la de Augusto Pinochet y permitirá así al país avanzar hacia un nuevo pacto social.

Los nuevos actores políticos, ajenos a los partidos tradicionales, celebran ya lo que consideran una hazaña democrática que emana, en gran medida, del fuerte estallido social de octubre de 2019.

En esta convención, el oficialismo, de la mano de Sebastián Piñera, verá fuertemente limitado su poder para bloquear cualquier enmienda a la Constitución dado que cuenta únicamente con un quinto de los escaños, si bien cada medida necesitará el apoyo de al menos dos tercios para salir adelante.

Esto obligará a Vamos por Chile, en un hecho histórico, a tejer nuevas alianzas frente a una convención paritaria, que cuenta con 77 mujeres, y en la que los pueblos indígenas tienen reservados 17 escaños.

La alta presencia de las dos grandes listas opositoras --Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo, que superan los dos tercios de los 155 escaños de la convención--, permitirá concebir una Constitución que dé salida a algunas de las principales demandas planteadas por el pueblo desde las calles de Chile a finales de 2019.

En este sentido, el texto podría avanzar hacia el agua y la vivienda digna como derechos fundamentales, unas de las principales preocupaciones de los chilenos. Según datos del diario 'La Tercera', se espera una Constitución más extensa, que permita la inclusión de derechos específicos en su redacción.

Con un 67 por ciento de la convención formada por independientes, es posible que el texto contemple el acceso, la protección y la distribución de agua como un derecho fundamental y un bien nacional de uso público en un país que ha sufrido escasez de recursos hídricos y que sigue luchando por un efectivo abastecimiento y saneamiento.

La composición de la convención podría traducirse además en una redacción que garantice y provea un acceso igualitario y universal a la vivienda digna, teniendo en cuenta el tejido social y los núcleos familiares.

A esto se suman los recursos energéticos, un punto en el que la convención obtendría consenso dado que gran parte de los candidatos independientes piden un modelo que facilite el acceso igualitario a energías renovables y limpias a bajo coste. Desde la oposición, por su parte, se ha puesto sobre la mesa la idea de que sea el propio Gobierno el que actúe como proveedor de la energía para garantizar el acceso.

En este sentido, el texto abogará a todas luces por establecer un Estado más regionalista --dado que no existe un fuerte consenso sobre un posible Estado federal-- y plurinacional. Para ello los representantes de los pueblos indígenas desempeñarán un papel fundamental: buscarán el reconocimiento constitucional de estas comunidades.

Poderes presidenciales y congreso unicameral

El sistema presidencial actual parece convencer poco a los chilenos y esto ha quedado reflejado en la convención. La mayoría tiene intención de reducir los poderes del actual jefe de Estado y apuestan por trazar un modelo semipresidencial que incluya la figura de un primer ministro.

No obstante, sobre el mandato presidencial parece no haber un gran consenso, tal y como refleja el citado periódico, que matiza que la convención estaría dividida en cuestiones como la duración del mismo o la posibilidad de ser reelegido, una cuestión donde se espera que haya un 'tira y afloja'.

El Congreso unicameral ha ido ganando apoyos a pesar de que el Parlamento chileno tiene dos cámaras desde hace casi dos siglos, aunque existe la posibilidad de que la nueva Carta Magna dé luz verde a un sistema en el que una de las dos cámaras sirva únicamente para la representación territorial.

La reforma del Tribunal Constitucional también será uno de los principales temas a tratar. La institución, que tuvo un poder significativo durante la dictadura, ha recibido numerosas críticas por su presunto afán por revisar las leyes aprobadas por el Congreso. Esto ha llevado a muchos a alertar de una supuesta extralimitación de poderes y funciones por parte de la corte, que habría revertido importantes decisiones tomadas por los diputados chilenos.

Ante la creciente controversia, los miembros de la convención esperan reformar el funcionamiento de esta entidad para reducir su poder real en términos políticos. La oposición ha insistido en eliminar el control de los proyectos de ley durante su tramitación en el Congreso y reformar además el proceso de nombramiento de sus integrantes. En este sentido, incluso el Gobierno de Piñera ha planteado en alguna ocasión la posibilidad de limitar las funciones del Tribunal Constitucional en dichos términos.

Al margen del Constitucional, otra de las instituciones del país que podría sufrir cambios fundamentales es el Banco Central, del que muchos esperan mantener su autonomía. Si bien parece que habrá fácil acuerdo sobre este asunto, las partes han mostrado diferencias notorias a la hora de abordar una posible reforma de su funcionamiento.

Por una mayor igualdad

La que será la primera Constitución de Latinoamérica redactada por un equipo paritario prevé introducir, a su vez, una enmienda que atribuya al Estado el deber de velar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como una normativa que sancione la discriminación arbitraria y que impulse la igualdad salarial.

Los cerca de 4 millones de personas que salieron a la calle hace casi dos años para exigir la salida de Piñera y de su Gabinete, pedir una mayor democratización del país y protestar contra la desigualdad social y económica verán así reflejados en la Constitución parte de sus demandas.

Hasta ahora la Carta Magna del país, que se remonta a 1980, ha sido modificada en varias ocasiones. No obstante, sigue siendo para muchos herencia de la dictadura militar y un texto que legitima la poca implicación del Estado a la hora de ofrecer los servicios más básicos a la ciudadanía.

El documento promueve un modelo socioeconómico neoliberal en uno de los países latinoamericanos con mayor desigualdad --posee el PIB per cápita más alto de la región--. Esta situación ha servido de carburante para la indignación y las protestas que se han traducido ahora en una derrota del oficialismo y un paso adelante en la lucha social de los chilenos.