Todavía no hay nada claro: a raíz de que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobierno federal chocó con el Congreso de Tamaulipas –que no acata el desafuero– en una disputa legal en la que todavía no hay un ganador. Todo está en manos de la Suprema Corte. Mientras tanto se ignora si el mandatario tamaulipeco lo sigue siendo o no y qué va a pasar con él.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El futuro del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) inició contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pende del análisis legal que vayan a realizar los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A raíz de que la Cámara de Dipu­tados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, resolución que en términos legales se denomina declaratoria de procedencia, la FGR, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de Tamaulipas se enfrascaron en una disputa legal en la que todavía no se puede anticipar un ganador.

Por el contrario, la resolución final del caso se ha complicado por la orden de aprehensión que un juez de control emitió contra el gobernador de Tamaulipas, las dos controversias constitucionales que ha presentado el Congreso de esa entidad federativa, la resolución de un ministro que desecha una de esas controversias y el recurso de reclamación que, a su vez, presentó la FGR contra lo señalado por ese mismo ministro en esa misma resolución.

Así, el expediente que deberá revisar la SCJN sobre el caso García Cabeza de Vaca acumula cinco recursos legales diferentes, a los que se van a sumar los que promueva la defensa particular del mandatario estatal.

Consultado por Proceso, el abogado Alonso Aguilar Zínzer señaló que la defensa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca está analizando todos los recursos legales para defender a su cliente, incluyendo la posibilidad de presentar un juicio de amparo por la eventual violación del fuero constitucional del que goza el mandatario estatal.

Uno de los recursos legales que será decisivo en la resolución del caso es, precisamente, el recurso de reclamación que la Fiscalía presentó contra el auto de desechamiento de la primera controversia constitucional, derivado de que en el escrito del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se reconoce que el gobernador de Tamaulipas conserva el fuero, por lo que no puede ser procesado penalmente, como pretende la FGR.

Un recurso de reclamación es el último recurso legal que tiene una persona, una empresa o institución para impugnar la determinación de un ministro que admite o rechaza un litigio que se pretende llevar al pleno o a las salas de la SCJN.

Hasta el cierre de edición, el recurso de reclamación de la FGR no había sido admitido, pero fuentes de la Suprema Corte señalaron que el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, iba a emitir el acuerdo para dar entrada a la impugnación de la FGR.

Con dicho acuerdo, más allá de que pudieran existir motivos de improcedencia, se admitiría a trámite el recurso de reclamación y el expediente del caso sería turnado a alguno de los nueve ministros o ministras restantes.

El ministro o ministra ponente será el encargado de presentar el proyecto de resolución ante el pleno o una sala de la Suprema Corte, de acuerdo con la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2325 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.