Tabasco
Tabasco: una dudosa política de "cero corrupción"
El director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Fernando Mayans Canabal se ufana de que aplicará la filosofía de la 4T: "cero corrupción". Sin embargo, ha firmado dudosos contratos con empresas de nueva creación o ajenas al ramo hospitalario.
El director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Fernando Enrique Mayans Canabal –morenista que antaño militó en el PRI y el PRD– se ufana de que no va a defraudar a la entidad, pues su filosofía es la misma del presidente López Obrador y del gobernador Adán Augusto López Hernández: “cero corrupción”. El hecho es que la dependencia que encabeza ha firmado dudosos contratos con empresas de nueva creación o ajenas al ramo hospitalario, entre otras irregularidades.
VILLAHERMOSA, Tab (Proceso).- En Tabasco –tierra natal del presidente Andrés Manuel López Obrador–, el director del Instituto de Seguridad Social de esa entidad, Fernando Enrique Mayans Canabal, firmó contratos con empresas de nueva creación, con giros ajenos al hospitalario o sancionadas por incumplimientos.
La lista de contrataciones relacionadas con la adquisición de medicamentos, insumos y equipo médico para atender la salud de los burócratas tabasqueños incluye compañías dedicadas a la construcción, sin acreditar la experiencia necesaria en el ramo; y además de incumplir con los convenios firmados durante administraciones anteriores, los apoderados pertenecen a una misma familia.
Los proveedores conocidos por su cercanía con el titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) eran declarados simpatizantes priistas; después se convirtieron en seguidores de Morena. Uno de ellos incluso aparece fotografiado con López Obrador.
Antes de adoptar el color guinda, Mayans Canabal militó en el PRI y en el PRD. En el primer partido fue presidente de la Fundación Colosio; en el segundo fungió como senador, diputado local y federal, así como candidato a alcalde de Centro y a la gubernatura de Tabasco. En 2018 renunció al sol azteca y se alió a Morena, donde primero fue delegado político y desde 2019 ocupa su actual cargo.
Fernando Enrique es hermano del consejero independiente de Pemex Humberto Mayans Canabal, quien es cuñado del gobernador Adán Augusto López.
Los contratos de compraventa firmados por el director general del ISSET estipulan que las compras están fundamentadas en la Ley de Adquisiciones, que lo faculta para realizar las adjudicaciones directas sin la autorización del Comité de Compras.
Eso se hace, según los documentos, “para enfrentar de inmediato casos evidentes de extrema urgencia, cuando esté en peligro la vida, la seguridad e integridad de las personas, derivado de casos fortuitos o de fuerza mayor y en los que no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en cualquiera de sus modalidades en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate”.
Por lo que atañe a las transacciones en la discrecionalidad, según argumenta el director del ISSET, se hacen con base en el decreto emitido por el gobernador el 20 de marzo de 2020, el cual establece que en cumplimiento a la prevención, detección, contención, control, retraso y reducción de la propagación del covid-19, “es procedente la adjudicación directa por extrema urgencia” para adquisiciones y obra pública.
Con ello pasó por alto cumplir con la obligación legal de cuidar la “optimización de recursos, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado”, como establece la Constitución, la Ley de Adquisiciones del estado y su reglamento.
Todo queda en familia
Con esas justificaciones, en abril de 2020 Fernando Enrique Mayans celebró el contrato ISSET/DG/DA/0063/2020 con Integradora Médica Rama, S.A. de C.V., para el suministro de medicinas y productos farmacéuticos por 3 millones 76 mil 861 pesos. Poco le importó que la empresa se constituyera apenas unas semanas antes, en febrero de ese año, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad del estado.
El 17 de junio siguiente el instituto firmó otro convenio de 603 mil 200 pesos con la misma compañía para la compra de insumos médicos; el 29 de julio adquirió “productos químicos básicos” por 1 millón 196 mil pesos.
Integradora Médica Rama es propiedad de Margarita Fuentes Hechem, quien en 2018 era presidenta del Voluntariado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca de Tabasco. Su padre, Manuel Fuentes, fue titular de esa dependencia en el gobierno del perredista Arturo Núñez Jiménez (2013-2018).
A pesar de su corta experiencia, la empresa también se convirtió en proveedora de la Secretaría de Salud, a la que en julio de 2020 le suministró lotes de oseltamivir, azitromicina, lopinavir/ritonavir, entre otros medicamentos, por 14 millones 442 mil pesos.
La propietaria de Rama es esposa de Raúl García Ocaña, socio y representante legal de farmacéutica Dipromed Villahermosa, con más de 20 años en el mercado y una de las empresas preferidas en adjudicaciones del director general del ISSET y de la Secretaría de Salud.
En mayo de 2019, a cinco meses de asumir el cargo, Mayans entregó a Dipromed el contrato ISSET/Dg/DA/063/2019 por 27 millones 347 mil pesos para la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos de hemodiálisis. El equipo fue colocado en la Unidad de Hemodiálisis del Centro de Especialidades Médicas del ISSET, de Villahermosa.
Dipromed fue beneficiada con el convenio aun cuando arrastraba un cuestionable historial en sus ventas al sector público. En agosto de 2017, durante la anterior administración del ISSET, la empresa de García Ocaña se vio envuelta en la polémica, ya que se le retiró un contrato similar con el mismo centro médico. Luego de prestar el servicio dos años y siete meses, los equipos adquiridos por el ISSET presentaron fallas, por lo que tuvo que enviar a sus beneficiarios a un laboratorio particular.
El médico Juan Ramón Cárdenas Araujo, jefe de la Unidad de Hemodiálisis en esa época, atribuyó las fallas a la antigüedad de los equipos de Dipromed. La compañía alegó que las máquinas fueron adquiridas para dar el servicio en la institución.
En este nuevo contrato –que incluye 55 máquinas para hemodiálisis– firmó como representante legal el propio García Ocaña, según consta en la escritura 34185 del 22 de septiembre de 2014, expedida por el entonces notario adscrito número 13, Melchor López Hernández, hermano del gobernador Adán Augusto.
De la construcción a la venta de medicamentos
Al historial de convenios con empresas sin experiencia en el ámbito hospitalario se suman siete contratos celebrados entre el ISSET y la constructora CM del Golfo para la dotación de medicamentos y equipos médicos, firmados entre abril y octubre de 2020.
Según el contrato ISSET/DG/DA/0084/2020, firmado por Fernando Enrique Mayans el 30 de abril del año pasado, el proveedor presentó la escritura pública número 24 mil 34, registrada en 2004 ante la fe del entonces notario adscrito número 13, Melchor López Hernández.
Mayans Canabal ignoró que el proveedor fuera una empresa dedicada a la construcción y no al ramo de “materiales, accesorios y suministros médicos (alerta epidemiológica covid-19)” como lo requería la compra para atender la salud de los burócratas estatales.
El propietario de CM del Golfo es José Rubén Ferrer del Río, integrante de conocida familia villahermosina. Inició en 1989 su carrera como policía preventivo estatal, cargo que ocupó hasta mayo de 1995.
Las adjudicaciones a la constructora constituida en 2004 suman 48 millones de pesos. En el primer contrato, de abril de 2020, el ISSET le compró batas quirúrgicas, trajes de cirujano y overoles por 13 millones 897 mil pesos. Fue la transacción de mayor monto a través de adjudicación directa, sin la autorización del Comité de Compras del ISSET ni concurso o licitación.
El segundo, más grande, se firmó en agosto y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre pasado. En esta venta, CM del Golfo cotizó termómetros infrarrojos a 2 mil 395 pesos por unidad; trajes desechables de protección biológica a 500 pesos cada pieza; mascarillas 3M a mil 750 pesos, y filtros de la misma marca a 850 pesos.
El director general del ISSET pasó por alto todas las normas que rigen la Ley de Adquisiciones del estado, entre ellas que estén inscritos en el Padrón de Proveedores, que comprueben la experiencia y se dediquen al rubro para el que son contratados.
Mayans Canabal no revisó siquiera la escritura pública de la empresa constructora CM del Golfo, que especifica el objeto de la sociedad anónima y en ningún punto menciona dedicarse a proveer medicamentos y equipos médicos.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio del gobierno de Tabasco, CM del Golfo solicitó la modificación de su objeto social en diciembre pasado y obtuvo el folio mercantil 7 mil 142 por ese trámite, aunque este cambio quedó inscrito hasta el 2 de febrero pasado, 10 meses después del primer contrato entregado por el ISSET.
De acuerdo con la escritura elaborada por el notario público 14 de Villahermosa, Manuel Gil Ramírez, en la asamblea de la sociedad se desahogó el cuarto punto del orden del día, en el que el presidente de la mesa de debates, José Rubén Ferrer del Río, informó a los accionistas que “es necesario aumentar al objeto social en la compraventa de todo tipo de productos médicos, así como de medicamentos. Por lo que propuso hacer una modificación parcial y ampliación al objeto social para el cambio de los estatutos de la sociedad mercantil denominada CM del Golfo, S.A. de C.V.”.
Además de la venta de medicamentos e insumos para el sector salud, la compañía también participa en la construcción de un distribuidor vial en Villahermosa, obra que es financiada por el gobierno estatal.
El pasado 3 de febrero el director del ISSET negó la existencia de corrupción en la institución. Argumentó que en las adjudicaciones “siempre damos preferencia a las empresas tabasqueñas”; en segundo lugar, dijo contar con un padrón de proveedores para atender sus necesidades, sobre todo la pandemia.
Acerca de la compra de medicamentos adjudicada a la constructora CM del Golfo, aseguró que ésta cumplió con todos los requisitos. Y justificó que, en la emergencia por atender a los enfermos de SARS-CoV-2, los gobiernos federal y estatal publicaron decretos para contener la pandemia mediante la adjudicación directa.
Y remató: “traemos una política de cero corrupción, que ha sido mi filosofía, que es la misma del presidente (López Obrador) y del gobernador Adán Augusto López Hernández. No vamos a defraudar a Tabasco”.
