Desde el comienzo de este sexenio, en la Suprema Corte de Justicia se han ido acumulando expedientes sobre los asuntos más diversos… la mayoría de los cuales tienen que ver con la Cuarta Transformación. De hecho, la viabilidad y legitimidad de los principales proyectos del presidente López Obrador –como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la creación de la Guardia Nacional… y muchos más que enfrentan amparos o recursos de inconstitucionalidad– dependen del aval que pueda darles el máximo tribunal del país.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La legitimidad de los principales proyectos de la Cuarta Transformación está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta la política energética, pasando por la militarización de la seguridad pública, la gestión gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador está en busca del aval constitucional del máximo tribunal del país.

Sus obras de infraestructura, la preponderancia de las Fuerzas Armadas, la llamada austeridad republicana y su manejo discrecional de los tiempos oficiales de la radio y televisión, entre otras acciones de su gobierno, tienen tras de sí juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que desde el inicio del actual gobierno están pendientes de resolverse en la SCJN, presidida por el ministro Arturo Zaldívar, quien de aprobarse en el Congreso la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial, podría extender su mandato hasta 2024, el mismo año en que termina la administración lopezobradorista.

Las reformas del gobierno de López Obrador, que forman su propuesta de un cambio de régimen, están pendientes de resolverse en definitiva en la Corte y, aunque ya hay proyectos de resolución, la decisión de que entren en las listas para terminar en definitiva con los juicios la tiene en sus manos el ministro Zaldívar, cuyo mandato de cuatro años para el que fue elegido se inició en enero de 2019, al mes de iniciado el gobierno de la 4T.

En su discurso inaugural del primer periodo de sesiones de la Suprema Corte, en enero pasado, el propio Zaldívar reconoció que tenía pendientes de resolver asuntos de gran importancia y trascendencia social.

Entre ellos mencionó la constitucionalidad de establecer un registro público de personas agresoras sexuales, la regulación de los centros de cuidado infantil en la Ciudad de México, la regulación de los recursos hídricos en Chihuahua, asuntos sobre derechos digitales de la ciudadanía, educación indígena y educación inclusiva, política migratoria y la reparación integral a víctimas por violaciones graves a derechos humanos.

Pero no pudo evitar temas centrales para el Ejecutivo federal: las competencias constitucionales en materia de tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, la constitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional, la constitucionalidad de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico.

En una revisión de estos pendientes en la Suprema Corte destacan la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza; la Ley de la Guardia Nacional, con su Artículo Quinto Transitorio; la Ley de Extinción de Dominio; la construcción del Tren Maya; la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; la Ley Federal de Austeridad Republicana; el Presupuesto; Responsabilidades Administrativas; y la ya mencionada devolución de tiempos oficiales a radio y televisión.

Y aún se esperan otros temas cruciales para la 4T: la reforma eléctrica y la nueva Ley de Hidrocarburos. Incluso, el cambio aprobado el jueves pasado en el Senado para ampliar el mandato de Zaldívar podría controvertirse en la Corte, en cuyo caso el ministro presidente tendría que excusarse, porque le atañe personalmente.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2320 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.