JALISCO (apro) .- La Fiscalía del Estado de Jalisco propuso un procedimiento abreviado a Moisés “N”, único imputado por el homicidio del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, con una condena de 20 años de prisión.

La oferta se presentó el miércoles 11 de febrero, dos días antes de la audiencia prevista para el viernes. La diligencia se realizó en la sala 3 de los Juzgados de Control y Justicia Oral de Puente Grande. Inició a las 11:11 horas y concluyó cerca de 25 minutos después.

El juez 19 de Control, Oralidad y Enjuiciamiento, Jorge Reynaldo Rojo Enríquez, preguntó al acusado si aceptaba la propuesta. El abogado defensor respondió que su representado necesitaba más tiempo para decidir. El juzgador indicó que se trata de una determinación que debe reflexionar por el impacto que tendrá en su vida y fijó el 20 de marzo de 2026 como nueva fecha para informar su postura. Advirtió que será la última ocasión en que se difiera la audiencia, debido a que el proceso ya se prolongó.

Durante la audiencia, Moisés “N” vestía sudadera blanca, llevaba el cabello recortado a los lados y barba arreglada. Cuando el juez le preguntó si deseaba hacer algún comentario, respondió: “No, nada, gracias, su señoría”.

Moisés “N” no está señalado como autor material ni intelectual del crimen. La Fiscalía lo ubica como copartícipe. De acuerdo con la acusación, rentó un departamento en la Torre Deck 12 de Puerto Vallarta donde se alojaron los presuntos sicarios —un hombre y una mujer— que acribillaron al exmandatario en el bar Distrito 5.

El abogado Arturo Espinoza Sonora explicó que, independientemente de que se acepte o no el procedimiento abreviado, se realiza una depuración probatoria para agilizar la audiencia intermedia. El objetivo es eliminar pruebas repetidas, como testimonios o imágenes duplicadas, y dejar listos los elementos que se discutirán en la siguiente fecha.

“La reprogramación de la audiencia para el 20 de marzo de este año, ya por última ocasión, obedece a que la Fiscalía nos corrió traslado en días recientes de la propuesta de procedimiento abreviado, es decir, una forma de terminación anticipada, la cual está en reflexión de mi representado, pero con independencia de que se lleve a cabo o no. Estamos también en el procedimiento de depuración probatoria para que se defina qué se va a ir a juicio. Es decir, existen elementos de prueba que están repetidos y buscamos que sea una audiencia ágil. Una vez que mi representado tome la decisión, el 20 de marzo se sabrá. Será la última ocasión, como lo dijo el juzgador; no se puede volver a reprogramar y, en caso de que no se considere viable este procedimiento, estamos en condiciones de continuar con el desarrollo de la audiencia y su secuela jurídica, es decir, con los medios de prueba que se debatirán para determinar si se llevan a juicio o no”, manifestó el defensor.

El defensor señaló que la Fiscalía primero acusó a su cliente por encubrimiento y después agregó otros delitos. En la audiencia intermedia también se definirá la clasificación jurídica, la cual puede modificarse antes de dictarse sentencia.

Sobre la imputación por tentativa de homicidio, indicó que el Ministerio Público sostiene la misma hipótesis que en el caso del asesinato del exgobernador. Añadió que su representado asume responsabilidad en los términos que se le atribuyen y que su labor consiste en revisar si las acusaciones cuentan con sustento legal.

“Mi representado se asume como responsable. Nosotros, conforme a la ley, debemos trabajar como cualquier abogado: revisar si las acusaciones que formula el Ministerio Público tienen sustento legal o no; a partir de ahí se ejerce la defensa. Es un principio básico del ejercicio profesional. A él, como es sabido, primero se le señaló por encubrimiento y de ahí se derivaron las imputaciones por homicidio y tentativa de homicidio. Esa es una hipótesis que el Ministerio Público tendrá que demostrar en juicio, así como la posible correlación con personas que, hasta ahora, no están identificadas”, anotó el abogado.

Espinoza Sonora explicó que el procedimiento abreviado implica la aceptación de responsabilidad y permite acceder a la pena mínima aplicable. A diferencia de un juicio ordinario —donde la sanción por homicidio puede alcanzar hasta 40 años—, en esta vía la condena se reduce.

El caso, dijo, se encuentra bajo escrutinio público por la figura de la víctima. No obstante, sostuvo que el proceso debe resolverse conforme a derecho y recordó que el sistema penal acusatorio privilegia la oralidad.

Datos de contexto

El asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien gobernó Jalisco de 2013 a 2018, ocurrió la madrugada del 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, en el bar Distrito 5, ubicado en la zona hotelera.

De acuerdo con la investigación, el exmandatario cenaba con tres personas y alrededor de la 1:40 horas se dirigió al baño, donde un hombre armado le disparó por la espalda. Afuera del establecimiento se registró una balacera que dificultó la reacción de sus escoltas. Sandoval fue trasladado al hospital San Javier, donde murió a consecuencia de las heridas.

Uno de los elementos que marcó el inicio del caso fue la alteración de la escena del crimen. Personal del establecimiento limpió el área, retiró casquillos y manipuló el sistema de videovigilancia minutos después del ataque. Por estos hechos se detuvo a empleados del bar por encubrimiento.

La Fiscalía de Jalisco informó en su momento la identificación de un hombre y una mujer como presuntos autores materiales, quienes permanecen prófugos. También ofreció una recompensa por información que condujera a su captura.

En abril de 2022, fuerzas federales abatieron en Puerto Vallarta a Saúl Alejandro Rincón Godoy, alias “El Chopa”, identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y señalado como presunto autor intelectual del magnicidio.

Durante el mismo operativo fue detenido su cuñado, Moisés “N”, alias “El Moy”, quien fungía como su escolta. Ambos circulaban en un vehículo por la colonia Marina Vallarta cuando elementos de la Guardia Nacional intentaron detenerlos; la acción derivó en un enfrentamiento armado en el que murió Rincón Godoy. Moisés “N” fue capturado en el lugar y posteriormente vinculado a proceso.

En ese operativo se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, dinero en efectivo y más de seis kilogramos de metanfetamina. Moisés "N" fue procesado por delitos federales —contra la salud, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita— y más tarde sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión.

En enero de 2023, mientras permanecía en reclusión, la Fiscalía de Jalisco le imputó homicidio calificado por el caso del exgobernador, al atribuirle haber dado apoyo logístico a los autores materiales del ataque.

Ese mismo año fue detenido José Manuel “S”, empresario y propietario del bar, acusado de homicidio y encubrimiento. En enero de 2023 obtuvo su libertad tras un procedimiento abreviado por el delito de encubrimiento.

A cinco años del crimen, el gobierno estatal sostiene que el caso está esclarecido en cuanto a la mecánica de los hechos. Sin embargo, los presuntos autores materiales continúan prófugos y no existe un pronunciamiento público definitivo sobre el móvil. La familia del exgobernador mantiene la exigencia de que se agoten las líneas de investigación y se determine la autoría intelectual.