Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
Filtración de alto nivel permitió huir al "Príncipe de la Basura"
Cuando la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y coacusados por trata de personas y asociación delictuosa, el martes 2, éstos ya habían tenido siete días para escapar de la justicia.
Cuando la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y coacusados por trata de personas y asociación delictuosa, el martes 2, éstos ya habían tenido siete días para escapar de la justicia. Diversos indicios apuntan a que el mandato judicial se filtró desde el Tribunal Superior de Justicia o desde la Policía de Investigación. Incluso este semanario recibió un aviso anónimo por las redes sociales, en tanto que las víctimas no fueron notificadas hasta el lunes 8, lo que a decir de sus representantes legales las puso en riesgo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Una fuga de información entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de Investigación (PDI) de la fiscalía capitalina facilitó la fuga del exlíder del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de la diputada local Sandra Esther Vaca Cortés y del exsecretario de Finanzas de ese partido, Roberto Zamorano Pineda, antes de que se libraran las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa y trata de personas, en las modalidades de publicidad engañosa y explotación sexual agravada, en grado de tentativa.
La juez décimosexta Penal de la Ciudad de México emitió la orden de aprehensión la noche del martes 2, pero Gutiérrez de la Torre fue alertado previamente, por lo que huyó antes de que la Fiscalía Gneral de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tuviera en sus manos el mandato judicial.
El acceso a ese expediente estuvo limitado a funcionarios de alto nivel en el caso del tribunal de justicia, y a un grupo selecto de elementos de la PDI en las horas previas a la orden de aprehensión, por lo que se investiga si la filtración ocurrió en ese último tramo de la responsabilidad.
La investigación del caso, que incluyó la reposición de los peritajes de audio y 40 nuevas diligencias, se mantuvo en absoluto sigilo entre el 11 de septiembre de 2020, cuando se anunció la revisión de la averiguación previa, y el 24 de febrero pasado, cuando la FGJCDMX resolvió ejercer acción penal contra el llamado Príncipe de la Basura.
Durante ese lapso la totalidad de la averiguación previa estuvo bajo llave en una oficina privada de la fiscalía. Menos de ocho personas, entre ministerios públicos, analistas y elementos de la PDI, tenían conocimiento de las nuevas diligencias, justamente para evitar que Gutiérrez de la Torre tuviera acceso ilícito al expediente.
A partir del 24 de febrero, cuando el expediente había sido entregado en los juzgados del tribunal y los elementos de la PDI entraban en acción, la secrecía de la indagatoria y la solicitud de una orden de aprehensión contra Gutiérrez de la Torre se diluyó. Nuevos actores tuvieron acceso al pliego de consignación que revelaba las nuevas actuaciones de la fiscalía.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que a dos días de que la FGJCDMX ejerciera la acción penal contra el expresidente del PRI-DF, cuatro de los cinco imputados en la averiguación previa comenzaron a modificar los comportamientos que habían mostrado durante meses de vigilancia previa.
Así, el sigilo que se había guardado sobre este caso durante más de seis meses quedó en riesgo una vez que el pliego de consignación llegó a funcionarios de alto nivel en el Tribunal Superior de Justicia capitalino – presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez– así como a la juez de turno, especializada en sistema penal inquisitorio.
