Si bien Nicolas Sarkozy y sus dos coacusados pueden apelar la sentencia, el hecho ya está ahí: fueron condenados a tres años de cárcel (de los cuáles uno debe cumplirse efectivamente en una celda). La sentencia, histórica, demuele la imagen que había venido construyendo el expresidente como el “salvador” de la muy disminuida política partidista de la derecha gala, y aparentemente acaba con sus ilusiones de habitar otra vez el Palacio del Elíseo.

París (Proceso).- Nicolas Sarkozy está condenado a tres años de cárcel –uno firme y dos con ejecución condicional– por corrupción y tráfico de influencias… Tal noticia estalló como una bomba en Francia la tarde del lunes 1 y dejó atrás la polémica sobre la caótica campaña de vacunación contra el covid-19 y los debates sobre un eventual nuevo confinamiento nacional.

Es la primera vez en la historia de la V República –fundada en 1958 por Charles de Gaulle– que la justicia condena a prisión firme a un expresidente. En 2011 Jacques Chirac “solamente” fue condenado a dos años de cárcel con ejecución condicional por “malversación de fondos públicos y abuso de confianza” durante su mandato como alcalde de París (1977-95).

Es poco decir que Sarkozy y sus dos coacusados –Thierry Herzog, su abogado y amigo de toda la vida, y Gilbert Azibert, exfiscal de la Corte de Casación (equivalente a la Suprema Corte en México), ambos condenados a la misma pena que el exprimer mandatario–,quedaron petrificados al escuchar, primero, la requisitoria implacable de Christine Mée, presidenta del Tribunal Correccional, y luego su veredicto, aun si la juez estipuló que estas penas eran “convertibles”, aludiendo a su cumplimiento bajo régimen de detención domiciliaria y vigilancia electrónica.

Semejante “adaptación” de la condena hubiera implicado para los tres condenados llevar un brazalete electrónico como cualquier delincuente, si no hubieran interpuesto de inmediato un recurso de apelación contra el fallo… Una humillación absoluta para estos miembros de la élite gala: Sarkozy sigue siendo influyente en la vida política de Francia por su relación fluida con Emmanuel Macron y el peso que ejerce en su partido, Los Republicanos; Herzog es uno de los abogados más renombrados del país y Azibert, hoy jubilado, pertenece a la crema y nata de la alta magistratura.

Los tres llegaron bastante relajados al Palacio de Justicia poco después del mediodía del lunes 1 para oír el veredicto del juicio penal al que habían sido sometidos desde finales de 2020 –del 23 de noviembre al 9 de diciembre– por complicidad en un pacto de corrupción.

Estaban convencidos de que sus vigorosas intervenciones y los brillantes alegatos de sus abogados habían aniquilado los argumentos de la acusación en su contra y logrado convencer al Tribunal Correccional de su inocencia. Estaban equivocados.

Palabras más, palabras menos, Mée los acusó de haber atentado gravemente contra la independencia de la justicia, mermado la confianza de los franceses en el estado de derecho y haber pervertido la democracia.

“Los hechos delictivos cometidos por el señor Nicolas Sarkozy son particularmente graves por haber sido perpetrados por un expresidente de la República que fue garante de la independencia de la justicia”, asestó Mée entre otras incriminaciones.

“Tanto la gravedad de las infracciones cometidas que vulneraron la confianza pública como la personalidad de su autor vuelven indispensable la imposición de una pena firme e inadecuada cualquier otra sanción penal”, concluyó, perentoria.

La trama

Para entender la gravedad de estas acusaciones hay que remontarse a 2013: Sarkozy, que había dejado la Presidencia de Francia un año antes, está en la mira de la justicia. Los jueces que escudriñan las cuentas de su primera campaña presidencial, de 2007, en busca de huellas de un supuesto financiamiento oculto de Muamar el Gadafi, ordenan además la intercepción de las llamadas telefónicas que intercambian el expresidente y su abogado.

La medida no arroja luz sobre el rol del líder libio; en cambio revela que Sarkozy y Herzog, conscientes de que sus teléfonos están intervenidos, disponen de una línea telefónica secreta abierta a nombre de Paul Bismuth.

La Fiscalía Nacional Financiera, creada a finales de diciembre de 2013 por el entonces presidente François Hollande para tratar específicamente los delitos financieros y económicos de gran envergadura, así como el tráfico de influencias, se interesa en las conversaciones confidenciales de los dos hombres y no tardan en descubrir que “están concluyendo un pacto” con Azibert, amigo de Herzog.

Ese pacto, aseguran los jueces instructores, es simple: Sarkozy propone mover sus contactos para asegurar a Azibert un fin de carrera tranquilo y prestigioso en el principado de Mónaco y a cambio el fiscal se compromete a obtener datos de la Corte de Casación –que resultan de importancia para el expresidente– y eventualmente a influir sobre decisiones de esa misma Corte para favorecerlo.

Lo que busca afanosamente Sarkozy es recuperar sus agendas presidenciales, que confiscó la justicia durante otro caso judicial, y que pueden ser usadas en su contra en la investigación sobre el supuesto financiamiento libio a su campaña electoral.

El acuerdo no prospera. Las agendas de Sarkozy quedan en manos de los jueces y Azibert nunca llega a Mónaco.

Sin embargo tanto la Fiscalía Nacional Financiera, que demandó a Sarkozy, Herzog y Azibert, como la Corte Correccional que los juzgó y los condenó, consideran que el fracaso del plan no invalida la acusación.

Al contrario, explican que “manifestar claramente la intención de cometer un delito basta para calificarlo como tal”, antes de precisar que la transcripción de 17 conversaciones intercambiadas entre enero y febrero de 2014 por Sarkozy y Herzog evidencia esa intención y las acciones emprendidas para su realización.

“La prueba del pacto de corrupción sale de un cúmulo de indicios probatorios graves, precisos y concordantes que resultan de lazos estrechos de amistad tejidos entre los protagonistas y de relaciones de negocios que consolidan estos lazos (…) Quedó establecido que informaciones privilegiadas y confidenciales fueron transmitidas de manera oculta en violación de los derechos de las demás partes y de la deontología de los magistrados…”, denunció la presidenta del Tribunal Correccional, quien también especificó:

“La ley y la jurisprudencia no imponen que las informaciones obtenidas en el marco de un pacto de corrupción tengan una influencia concreta sobre una decisión. Pero es evidente que obtener informaciones privilegiadas permite elaborar una estrategia de influencia…”

La negación

A lo largo de las tres semanas de su juicio a finales de 2020, y después del veredicto del lunes 1, los tres condenados han refutado vehementemente los argumentos de la acusación.

Claman que un “cúmulo de indicios no son pruebas fehacientes”, se dicen víctimas de la “hazaña de jueces prepotentes” y de una persecución política sin precedente, razón por la que apelaron la sentencia.

Sarkozy no se limitó a ese contrataque judicial: se lanzó también en una amplia campaña dirigida a la opinión pública. Dos días después del veredicto, el miércoles 3, dio una larga entrevista al matutino derechista Le Figaro y otra, transmitida en vivo por el canal de televisión privado TF1, el de más audiencia en Francia.

En ambos casos adoptó la misma postura: no acepta ser condenado por lo que no ha hecho. Agotará todos los recursos judiciales en Francia y, si es necesario, acudirá a la Corte Europea de los Derechos Humanos para hacer valer su inocencia. Su meta: lavar su honor y “sobre todo” salvar la democracia gala, amenazada por unos jueces que abusan de su poder.

En la entrevista con Le Figaro, el exmandatario reiteró su convicción obsesiva de que Hollande creó la Fiscalía Nacional Financiera con el único objetivo de destruirlo políticamente. Se mostró un poco menos explícito en la televisión.

La esperanza de la derecha

La apelación de Sarkozy, Herzog y Azibert suspende automáticamente su condena y los tres hombres se mueven libremente, protegidos por la presunción de inocencia hasta que se vuelva a juzgar su caso. ¿Cuando será? Los plazos suelen ser largos. Se habla de 2022, año de las elecciones presidenciales, previstas para abril.

El veredicto del Tribunal Correccional no podía caer en peor momento para la derecha gala, totalmente desmoronada después de sus derrotas electorales en 2012 ante Hollande y en 2017 ante Macron, y también desgarrada por divisiones internas que amenazan su sobrevivencia.

Cada día se alarga la lista de quienes aspiran a ser candidato o candidata de Los Republicanos en el próximo escrutinio presidencial. Hasta la fecha suman nueve. Compiten sin merced y casi todos hacen cola para ser recibidos en las elegantes oficinas de Sarkozy, en la calle Miromesnil, a escasas cuadras del Palacio del Elíseo.

Semejante cantidad de postulantes sin mayor carisma ni envergadura estaba llevando a cuadros del partido de derecha a “soñar” con el regreso de Sarkozy, presentado como “hombre providencial” y ”último recurso” frente a las candidaturas de Macron y Marine Le Pen.

Y aun cuando se la pasaba diciendo que descartaba todo regreso a la ”política activa”, el expresidente enarbolaba una sonrisa sibilina cuando visitantes lo sondeaban al respecto, según afirman sus íntimos.

La condena del lunes 1 cancela esa hipotética marcha hacia el Elíseo, pero no parece afectar la determinación de Sarkozy de afirmarse cada vez más como la eminencia gris de la vida política gala y de seguir ejerciendo el poder entre bambalinas.

Prueba de ello es su respuesta a Le Figaro cuando le preguntó si estaba dispuesto a apoyar al candidato de su partido o a Emmanuel Macron en la contienda presidencial de 2022.

“Sólo en el momento en que cada uno habrá dado a conocer sus legítimas ambiciones y su programa diré a quién apoyo y por qué lo hago, en total transparencia con mi familia política”, contestó enigmático.

“En otras palabras”, analiza Guillaume Tabard, editorialista del matutino, “antes de apoyar al candidato o la candidata de derecha susceptible de vencer a Macron en las próximas elecciones presidenciales, Sarkozy se pregunta si en realidad no es una alianza con Macron la que permitirá a la derecha llegar de nuevo al poder. Sus intervenciones públicas dos días después del veredicto del Tribunal Correccional son explicitas, condenado o no su ‘bendición’ valdrá su peso en oro”.

Y aunque les cueste reconocerlo, los demás partidos de oposición a La República en Marcha admiten que a pesar de su humillación, el expresidente dista de estar fuera de la jugada. Al menos por ahora.

Tiempos difíciles esperan, sin embargo, a Sarkozy, citado a comparecer de nuevo ante el Tribunal Correccional del 17 de marzo al 15 de abril para responder sobre sospechas de financiamiento ilegal de su campana presidencial de 2012.

Después de seis años de examen minucioso de la contabilidad de la Unión por un Movimiento Popular –convertida en 2015 en Los Republicanos– y de la agencia de comunicación Bygmalion, la Fiscalía Nacional Financiera descubrió la existencia de un sistema de facturas falsas que permitió disimular los gastos masivos –bastante superiores a lo que autoriza la legislación francesa– ocasionados por los derroches de campaña presidencial a todo lujo de Sarkozy.

Además del expresidente, otras 13 personas –políticos y directivos de Bygmalion– están inculpadas en ese caso. Los jueces instructores no lograron comprobar si Sarkozy había aprobado esa doble contabilidad y el Tribunal Correccional tendrá que determinar su grado de responsabilidad.

La acusación parte del principio de que el candidato presidencial “debía conocer, respetar y exigir de sus equipos de trabajo que respetaran las disposiciones legales”. El exprimer mandatario arriesga un año de cárcel. Pero más que el fallo –que de todos modos apelará si lo perjudica– lo que teme Sarkozy es la exhibición pública de los entretelones de su campaña, ya que los inculpados parecen dispuestos a arreglar cuentas en el Palacio de Justica.

Por si eso fuera poco, la justicia sigue investigando la supuesta “contribución financiera” de Gadafi a su campaña presidencial de 2007 y aún no se sabe si estas pesquisas altamente complejas desembocarán en un juicio. El pasado octubre Sarkozy volvió a ser interrogado largamente por los jueces que instruyen el caso.

Finalmente el pasado 21 de enero el periódico electrónico Mediapart reveló que a principios del año pasado la Fiscalía Nacional Financiera había abierto otra investigación preliminar sobre Sarkozy, esta vez para aclarar sus relaciones laborales con dos oligarcas rusos multimillonarios, los hermanos Sergey y Nikolay Sarkisov, principales accionistas de Reso-Garantia, una poderosa compañía rusa de seguros.

Los Sarkisov firmaron un contrato por 3 millones de dólares con el expresidente francés en julio de 2019 para poder contar con sus servicios de “consultor” e integrarlo en su negocio como “presidente del comité estratégico del consejo de administración”.

Esa actividad profesional en sí es perfectamente legal pero, según Mediapart, “la justicia busca averiguar si la labor de consejero especial de Nicolas Sarkozy se limita a la de ‘asesor altamente profesional’ o si implica actividades de cabildeo que podrían estar ligadas con tráfico de influencias…”.