A tres años de la caída del helicóptero en la cual murieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, un perito revela hallazgos, pero también omisiones y errores de procedimiento en las investigaciones sobre el incidente. También este semanario entrevistó a los abogados defensores de los mecánicos de la aeronave, quienes denuncian que las autoridades del estado de Puebla no investigaron el caso a fondo y actúan “bajo consigna”.

PUEBLA, Pue. (proceso).– Alrededor de las 14:00 horas del 25 de diciembre de 2018 un perro de la Secretaría de la Marina (Semar), adiestrado en detección de explosivos, se sentó tres veces sobre los restos del helicóptero Agusta A109S, matrícula XA-BON, en el que murieron la entonces gobernadora panista de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle.

En ese momento hubo un silencio sepulcral en los campos de cultivo del cerro de la Chimenea del Chacuaco, en Santa María Coronango, donde estaba lo que quedó de la aeronave. Sólo el viento se escuchaba, mientras que el binomio canino señaló una y otra vez el mismo lugar. “Todos nos quedamos como pasmados, temerosos”, relata uno de los testigos de este hecho.

Dos fuentes diferentes confirmaron a Proceso que, luego de la escena descrita, “altos mandos” presentes se apresuraron a afirmar que “el perro se había confundido”, por lo que este indicio ni siquiera se asentó en el informe y nunca se tomó en cuenta en las investigaciones sobre las causas del desplome del helicóptero ocurrido el 24 de diciembre de 2018.

Uno de los especialistas que participó en las indagatorias del incidente proporcionó a este semanario una serie de fotografías en las cuales se observa al perro sentado sobre los escombros de la aeronave –esa es la manera con la cual los animales adiestrados indican haber detectado los indicios–. La escena también quedó captada en un video.

“Se limitaron a decir que fue una confusión, hecho que era altamente improbable, pues el entrenamiento de estos perros es especializado y costoso, de más de 30 mil dólares por cada uno”, afirma el experto entrevistado bajo la condición del anonimato. El testigo agrega que lo procedente era llevar un segundo binomio canino para confirmar o descartar lo que el primero detectó, pero no se hizo.

Para el perito también fue inusual que la investigación sobre explosivos se realizó 24 horas después del incidente, cuando en realidad es uno de los primeros peritajes que debe practicarse sobre los restos de la aeronave.

En el lugar se encontraban ese 25 de diciembre José Armando Constantino Tercero, director de Análisis e Incidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil; Óscar Vera Orea, capitán de Fragata de la Marina; Julio César Chávez Ramos, delegado en Puebla de la entonces Procuraduría General de la República, y Alejandra Flores Ventura, directora de Unidades de Investigación Especializadas de la Fiscalía General del Estado, entre otras personas.

El mismo 25 de diciembre el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño –hoy gobernador de Sonora–, declaró en conferencia de prensa:

“La Secretaría de Marina ha informado a la mesa de trabajo que sus peritos en materia de incendios y explosivos, después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2356 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.