Desde la gubernatura de Campeche, Layda Sansores San Román abre un frente contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exgobernador Carlos Aysa González. De acuerdo con la mandataria, ambos deben responder por las anomalías e irregularidades detectadas en el proyecto millonario para la edificación de la ciudad administrativa que ha beneficiado a constructoras consentidas y a personajes cercanos al anterior gobierno, vía adjudicaciones directas e “invitaciones”. Incluso, el complejo administrativo –que quedó a medias– se erigió en terrenos de un empresario que ahora resulta ser el dueño, pues la donación de éstos no se concretó.

CAMPECHE, Camp. (Proceso).– Como sustituto de Alejandro Moreno Cárdenas en la gubernatura, Carlos Miguel Aysa González quiso dejar rastro de su circunstancial entronización (de 27 meses), con la construcción de una faraónica ciudad administrativa.

Sin embargo, la obra que costó 790 millones de pesos sólo en su primera etapa, quedó a medias y ya se perfila como un monumento a la corrupción, debido a la cadena de irregularidades con la cual se cimentó.

El caso fue expuesto por la gobernadora Layda Sansores San Román durante dos emisiones del programa televisivo gubernamental Martes del Jaguar, en el cual la mandataria aparece semanalmente para hablarle a la ciudadanía sobre los temas de gobierno.

Por ahora, el caso se ha limitado a la denuncia pública de la gobernadora, pues, explicó, definirá si proceden las denuncias penales una vez que se tengan las conclusiones de las auditorías sobre el proyecto de Aysa González.

Además, el gobierno estatal aún negocia con la familia propietaria del lugar donde fue asentada la ciudad administrativa.

En principio, el complejo de estilo industrial –cemento, metal y vidrio– se erigió en terrenos del empresario Francisco Castilla Goytia, quien por ello resulta ser el verdadero dueño de la nave gubernamental, pues, aunque se informó que donaría al gobierno del estado ocho hectáreas, la administración saliente no concluyó los trámites y venció el plazo acordado entre las partes en el contrato de compromiso.

Previamente se urbanizó un polígono de más de cuatro kilómetros cuadrados de la zona que bordea la ciudad administrativa; se dotó de modernas vialidades de tres carriles por sentido, como no las tiene ningún otro sector de la capital estatal, y de banquetas de concreto hidráulico, con lo que de paso se regaló plusvalía al latifundio de los Castilla, pero también a los predios de otra familia: los Gómez, a la cual pertenece Claudio Cetina Gómez, quien despachó como jefe de la Oficina del gobernador durante el cuatrienio de Moreno Cárdenas.

Debido a la opacidad del proyecto se desconoce con precisión cuánto costaron esas vialidades; aunque fuentes del proyecto refieren poco más de 200 millones de pesos, sin sumar los 790 millones que se destinaron para el edificio.

Todos los trabajos se realizaron, además, al margen de la legalidad, sin permisos; por lo que ahora el ayuntamiento de Campeche, que encabeza la emecista Biby Ravelo de la Torre, exige al gobierno de Layda Sansores que cumpla en retroactivo con los trámites y pagos correspondientes de esas obras y las que ejecutó la administración estatal en sexenios anteriores.

En entrevista con Proceso, la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), Karla Sánchez Sosa –quien habló del caso en los programas televisivos con la gobernadora Sansores–, explica que la administración pasada otorgó al menos 91 contratos para la ejecución del proyecto integral; pero debido a las irregularidades detectadas, el expediente aún está en revisión y la obra, en auditoría.

En una revisión que la corresponsal hizo a los contratos, que aparecen en el sitio de transparencia gubernamental, se encontró que éstos se repartieron entre empresarios afines al gobierno Moreno-Aysa, mediante los esquemas de “adjudicación directa” y de “invitación a por lo menos tres personas”. Repartidos en su variedad de constructoras, la familia de Augusto Gordillo se llevó la mayor tajada.

Pero de ese festín de contratos consultados surge una revelación más: salió beneficiado Rafael Jesús Caraveo Opengo, quien fue socio del exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, actualmente en prisión preventiva por el caso Odebrecht, hasta que estalló ese escándalo.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2349 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.