CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los vientos de marzo azotaron como cada año las comunidades del Valle de Quencio, pero el único daño material ocurrió en el poblado de Loma del Lienzo, donde una techumbre recién colocada como parte del programa La Escuela es Nuestra se derrumbó.

Tiempos de pandemia, la localidad perteneciente al municipio de Villa Victoria, en el Estado de México, estaba en clases a distancia, por lo que no había personal ni alumnos en el plantel señalado por Servidores de la Nación de haber sido objeto de la corrupción.

Y es que, después de asignarles presupuesto para una obra, debieron designar a una constructora propiedad de Héctor de la Cruz  Zepeda, un excandidato de Morena a presidente municipal, forzados por colaboradores del operador de la superdelegación, Ramiro García Rojas, a entregar el dinero en efectivo de la transferencia federal, sin factura, recibo ni actas protocolares de por medio.

La denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, fue firmada por Samuel Tenorio, un servidor de la nación que dirigió su escrito a la entonces superdelegada, hoy secretaria de Educación, Delfina Gómez, el 3 de septiembre de 2020. En respuesta, lo despidieron.

Mientras tanto, todavía el pasado 14 de julio los habitantes de Loma del Lienzo dirigieron un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, dando cuenta del derrumbe, la corrupción y el maniobrerismo de los operadores de la superdelegación, entre ellos, el propio García Rojas, quien en medio de las denuncias difundió ampliamente una fotografía que mantiene como foto de perfil en Facebook, posando con José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del mandatario, que se anexó al oficio.

El caso de Loma del Lienzo es apenas uno de los muchos integrados en 34 denuncias que sólo entre enero y agosto del presente año, llegaron al área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.

A través de una solicitud de información, dicha instancia presidencial informó que las denuncias de Servidores de la Nación fueron turnadas a la Secretaría de la Función Pública, acumulando en 2019 solo 19 casos; 32 denuncias más durante 2020 y las mencionadas 34 hasta agosto pasado, un total de 85 casos acusados, pretendidamente, con el Presidente.

Los pagos y “el movimiento”

Para ir al Zócalo capitalino y ser testigos del segundo informe presidencial, es decir, la concentración masiva que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó el 1 de julio de 2019 para celebrar el primer aniversario de su triunfo electoral, a Magdalena Máxima le pidieron que regresara su pago como servidora de la nación, pues ese dinero era para pagar los camiones que llevarían gente de Zumpango al mitin.

La petición, según la denuncia depositada en Atención Ciudadana, dirigida al presidente López Obrador y turnada a la SFP, cuya copia posee Proceso, el dinero se lo pidió un hermano del subdelegado Esteban Juárez Hernández, quien no forma parte de la estructura gubernamental. No aceptó. El 6 de agosto siguiente fue despedida y la explicación fue verbal: por su falta de lealtad.

Con numerosas denuncias por casos similares, en los que operadores de las superdelegaciones relacionados con la Secretaría del Bienestar, piden dinero o de plano toman recursos que no les corresponden.

Los casos de corrupción denunciados por Servidores de la Nación han motivado despidos. En Nuevo León, por ejemplo, el pasado 25 de julio se interpuso una denuncia contra la superdelegada Judith Díaz y otros funcionarios federales, por una extrabajadora que a finales del año pasado denunció un caso de corrupción en la estructura de la superdelegación.

El oficio dirigido al despacho de la Secretaría del Bienestar, relata que fue confinada tres meses al Palacio Federal en Monterrey y, finalmente, por mensaje de texto a su celular, le informaron que no se renovaría el contrato. Además, la exservidora de la nación debió enfrentar un juicio por difamación de la funcionaria que acusó, identificada como Lorena Vargas.

Con el movimiento de exservidores de la nación, Proceso obtuvo copia de 20 casos en los que, por haber denunciado o informado a sus superdelegados y otras autoridades casos de corrupción, derivaron en despidos, en diferentes entidades federativas y cuyos nombres se mantienen en el anonimato, debido a que esperan conseguir su reinstalación.

Al cuestionarles por qué no demandaban por la vía laboral, todos los exservidores de la nación de ese movimiento, consultados, estuvieron de acuerdo en una posición: llevan años trabajando por López Obrador, no quieren ser un problema pero creen en la promesa anticorrupción y acusan a superdelegados y operadores de “fallarle al presidente”.

Nepotismo, uso personal y político

En la zona de Villa Victoria, en el Estado de México, Ramiro García Rojas era director regional de Servidores de la Nación, cuya nómina incluyó a su hija Bertha Alejandra García Vargas; su yerno, Luis Huberto Sandoval Sánchez; su primo, Efrén Munguía Hurtado, un operador electoral hábil que a su vez incluyó en la misma nómina a sus hermanos Pedro y Luis, a su padre Pedro Munguía Esquivel y a su suegra, Sonnia Gomora Vega y a su cuñado, David Gomora Maldonado, cuyo sueldo se seguía cobrando en diciembre pasado aun cuando este último había sido asesinado en marzo.

Antonio Chávez Antolín, servidor de la nación, incluyó a su hermano Emilio y a su esposa María Susana… y así la lista sigue.

Son los operadores del Grupo Texcoco, encabezado por el senador Higinio Martínez Miranda y Delfina Gómez, que tiene amplios señalamientos por nepotismo, pero no es el único.

Ya desde 2019 este semanario informó (Proceso 2240), sobre la forma en la que en Jalisco incluía a esposas, hermanos, hijos, novias e inclusive, personal de servicio doméstico del superdelegado o de los subdelegados regionales, una situación que se presentó de manera similar en Chihuahua e Hidalgo, entre otros estados.

De hecho Proceso obtuvo un video en el que Óscar Navarro Gárate les informa a los despedidos de una serie de acciones que pretenden realizar para resolver su situación, admitiendo que tienen evidencias de la existencia de 250 “aviadores” en distintas delegaciones.

Navarro Gárate fue designado coordinador nacional de los Servidores de la Nación apenas en agosto, luego de la dimisión de Gabriel García Hernández a la Coordinación General de Programas de Desarrollo, tras una reunión en Palacio Nacional el 24 de junio.

Ese día, fueron convocados a Palacio Nacional los superdelegados y Gabriel García, con el supuesto interés de dar pormenores sobre el plan de vacunación y nuevas medidas por adoptar. En corrillos se mencionaba que ahí, el presidente López Obrador designaría a Gabriel García titular de la Secretaría del Bienestar.

De acuerdo con testimonios recabados por el reporteo, la mañana del 24 de junio, con todos reunidos, el presidente llegó al salón del encuentro de manera intempestiva, tomó su sitial e inició una alocución en la que les reclamó el uso de los programas sociales para beneficio personal; les dijo que eran unos “inútiles”, los llamó “ambicioso vulgares” y les reclamó usar las superdelegaciones para proyectos personales. Anunció que haría cambios y sin permitir otra intervención, abandonó el lugar.

Gabriel García caminó presuroso detrás del mandatario. Una hora después salió y ante reporteros, sin pregunta de por medio, informó que regresaría a su escaño en el Senado.

Ya en septiembre, con el movimiento de exservidores de la nación en activo, Gárate informó a los inconformes que no tenía suficiente información para resolver lo que había ocurrido antes de su arribo al cargo y les pidió que interpusieran quejas ante el Órgano Interno de Control por los casos de corrupción de los que tuvieran conocimiento.

Fue así como en la tercera semana de septiembre a la SFP llegaron 300 nuevas denuncias, que al cierre de esta edición ni siquiera se habían terminado de procesar.