Una de las banderas de Miguel Barbosa en su campaña fue la crítica al gobierno panista de Rafael Moreno Valle por el uso de la fiscalía estatal y las corporaciones policiacas para reprimir a los opositores y la protesta social. Ahora, defensores de los derechos humanos, organizaciones civiles e incluso una diputada federal de Morena lo acusan de hacer lo mismo, aunque de manera más abierta y con base en mentiras, siembra de pruebas y emboscadas.

COYOMEAPAN, Pue. (Proceso).- El 5 de septiembre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó públicamente a habitantes de Coyomeapan, comunidad indígena en la Sierra Negra –la región más marginada de Puebla–, de haber cometido “hechos gravísimos” y de estar coludidos con Antorcha Campesina.

El mandatario morenista justificó la detención de cuatro vecinos de esa localidad nahua diciendo que ésta derivó de hechos que “todos vieron” y de los que la fiscalía estatal tiene videos y grabaciones: según él, incendiaron la presidencia municipal, patrullas y material electoral, además de golpear y secuestrar a personas.

Pero los pobladores muestran la evidencia de que el mandatario incumplió uno de los principios de la 4T, pues mintió: la presidencia, el auditorio, la comandancia, el consejo municipal, las patrullas, todo está intacto, sin señal de haber sido incendiados.

Eso sí, las instalaciones permanecen tomadas y resguardadas, porque desde los comicios del 6 de junio la mayoría de los habitantes se mantienen en resistencia contra la familia Celestino Rosas, a la que acusan de haber impuesto un cacicazgo casi 11 años y pretender perpetuarse por otro periodo más.

Desde 2011 los hermanos Araceli y David Celestino Rosas se han turnado la alcaldía de Coyomeapan –donde 93% de la población vive en pobreza–, primero por el PRI, luego aliados con el panista Rafael Moreno Valle y hoy de la mano de Barbosa Huerta, con PT y Morena.

En las votaciones del 6 de junio, el Instituto Electoral de Puebla declaró ganador al candidato del PT, el nayarita Rodolfo García López, esposo de Araceli Celestino, quien ahora es diputada federal petista por el distrito 15, con cabecera en Tehuacán, y cuñado de David, el alcalde saliente.

Los pobladores alegaron que hubo fraude y denunciaron que “los Celestinos” usaron sus “guardias blancas” para intimidar y amenazar a la población, por lo que desde entonces retienen las urnas para exigir que la autoridad electoral acuda a contar voto por voto.

Con videos que muestran a Proceso, aseguran que la toma ciudadana de las instalaciones fue pacífica y que luego de realizar un inventario de vehículos, equipo, armas y municiones, los edificios se cerraron con candados o con soldadura.

La activista Claudia Martínez, del Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, relata que el 1 de septiembre funcionarios del gobierno de Puebla pidieron a una representación de este movimiento que participara en una mesa de diálogo en el Centro Integral de Servicios del municipio de Ajalpan.

Fue una emboscada, refiere, pues a la salida del evento Basilisa Montaño Gutiérrez, exconsejera consultiva de Inmujeres y defensora de los derechos de los pueblos indígenas; el maestro rural de primaria Eruviel Aguilar Gómez, y el sastre Anastacio González Sanguinez fueron detenidos por decenas de policías “como si fueran los peores delincuentes”.

Agrega que el 5 de septiembre el ciudadano Gonzalo Martínez Herrera fue detenido por policías que ingresaron en su domicilio sin mostrar mandato judicial. Además, confirmaron que hay otras 27 órdenes de aprehensión contra pobladores acusados de daños en propiedad, despojo y robo. 

El 25 de septiembre, bajo una enorme carpa que instalaron en la plaza principal de esta localidad, hombres y mujeres toman el micrófono. “Aquí no hay Antorcha, no hay PRI ni PAN, somos una unidad que peleamos y defendemos nuestros derechos… somos gente que queremos un cambio en nuestro municipio”, expresa uno de los participantes del movimiento que llaman Unidos por Coyomeapan.

Entre gritos de “¡fuera los Celestinos!”, los ciudadanos reclaman la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador –a quien, dicen, apoyaron para llegar al poder– a fin de que le “jale las orejas” a Barbosa Huerta por mentir, criminalizar la lucha social y proteger un cacicazgo que ha “saqueado” este pueblo indígena.

No obstante, desde Tehuacán, Barbosa anunció que su gobierno recuperará los edificios tomados. “La fiscalía judicializó los casos y el Poder Judicial dictó las órdenes de aprehensión… No hay ningún abuso de autoridad”, afirmó.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2344 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.