Rápido y Furioso
Rápido y Furioso: De la indignación al olvido
Doce años después que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) inició Rápido y Furioso, la FGR no ha esclarecido si supieron de ella funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
En el arranque del sexenio, el gobierno de López Obrador apuntó hacia la presunta responsabilidad de funcionarios de la administración de Felipe Calderón en Rápido y Furioso, la fallida operación estadunidense que permitió el ingreso masivo de armas al país. Así, la FGR inició una investigación y el canciller Ebrard envió a Washington una nota diplomática pidiendo detalles de dicha operación… Casi dos años después, la cancillería secunda el silencio de Estados Unidos, la FGR no ha judicializado una sola carpeta de investigación y sigue sin saberse si hubo cómplices mexicanos y si las agencias estadunidenses violaron la soberanía nacional.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Doce años después que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) inició Rápido y Furioso –operación encubierta responsable del ingreso masivo de armas de alto poder a México–, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha esclarecido si supieron de ella funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
La FGR retomó la investigación en 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos apenas había cerrado el caso.
Con Rápido y Furioso la ATF permitió a “civiles” la compra masiva de armas de alto poder que se suponía serían rastreadas desde su salida de la armería hasta su usuario final. Su objetivo: desarticular el tráfico de armas a México. Fue un fracaso y más de 2 mil 500 artefactos siguen en el país, en manos de cárteles.
Con el cierre de la investigación en Estados Unidos quedó sin conocerse el número exacto de armas que Rápido y Furioso permitió ingresar a México ni cuántas fueron decomisadas y cuántas siguen en la calle. Tampoco se conoce cuántas personas han sido asesinadas o heridas en ambos países con esas armas.
Desde 2010 autoridades y agentes estadunidenses involucrados en la operación han hecho declaraciones contradictorias en cuanto a si funcionarios del gobierno mexicano sabían de ella. De acuerdo con sus versiones, al menos, se enteraron los extitulares de la PGR Maricela Morales y Eduardo Medina Mora. El expresidente Calderón negó haber sido informado.
El 19 de mayo de 2020 el canciller Marcelo Ebrard dijo que envió una nota diplomática a Estados Unidos para conocer los detalles de Rápido y Furioso. Aseguró que el gobierno estadunidense ya revisaba dicha nota diplomática. Más de un año después, no hay respuesta.
“Esa indagatoria va a tener una repercusión muy importante y por eso lo hicimos saber en la nota diplomática. Es decir, hay de dos: o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México diciendo que no se sabía nada de esto; o bien, se atropelló, se violentó la soberanía nacional de México (por parte de Estados Unidos) y por eso es algo que es del mayor interés de la opinión pública”, explicó.
En 2021, a 12 años de Rápido y Furioso, la FGR no ha consignado ni judicializado alguna carpeta de investigación.
Pocas han sido las capturas realizadas. Una de ellas fue la de Heraclio Osorio Arellanes, identificado como el responsable del homicidio del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry, quien murió el 14 de diciembre de 2010 en Mesquite Seep, en Arizona, tras un tiroteo donde se utilizaron dos de las armas perdidas.
De Los Zetas se detuvo a Jesús Enrique Rejón Aguilar y a otros integrantes de su organización, a quienes se extraditó por la muerte del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata, y por el intento de homicidio del agente Víctor Ávila, en San Luis Potosí, en febrero de 2011.
El pasado 7 de abril se difundió que Calderón era uno de los más de 20 exfuncionarios que pudieron tener alguna responsabilidad en el desarrollo de Rápido y Furioso. Por lo pronto, fue interrogada la exprocuradora Marisela Morales.
Dos meses antes de Morales, compareció Facundo Rosas, quien fue subsecretario de Seguridad Pública y uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico.
La indagatoria, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, también ha recabado declaraciones de otras personas que entre 2009 y 2011 laboraron en la PGR o en el Servicio de Aduanas, así como de funcionarios que ocuparon posiciones de mando y debieron conocer la operación.
El agente disidente
El 13 de enero de 2011 Proceso publicó que el gobierno de Barack Obama comunicó al de Calderón la designación de William Newell como agregado de la ATF a la embajada de Estados Unidos en México.
Hasta antes de su nombramiento era el agente especial encargado de la ATF en Phoenix, Arizona, donde abundan las tiendas que venden armas a intermediarios de los cárteles mexicanos de la droga.
Newell se vio implicado en el escándalo de la operación Rápido y Furioso: fue uno de los responsables de aplicarla y se opuso a informar de ella a las autoridades mexicanas, según afirmó a este semanario Mike Vanderboegh, un “activista de la Segunda Enmienda y crítico de la ATF”, que dijo haberse dedicado durante 15 años a seguir las actividades de esa agencia.
El 3 de febrero de 2011 Vanderboegh envió una carta a Salvador de Lara, cónsul de México en Atlanta, donde le resumió las características de dicha operación y señala que “era inevitable que una o más armas que transitaron al sur sin notificar a las autoridades, terminarían en manos de criminales”.
Vanderboegh dice que Newell ocultó los detalles de la operación a Darren Gil, entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, quien se enteró por otros agentes “de lo que estaba ocurriendo”, por lo que “tuvo una confrontación con Newell sobre si el gobierno mexicano debía ser notificado”.
Según Vanderboegh, “Newell insistió en que no habría ninguna notificación a las autoridades mexicanas”, por lo que Gil contactó a sus superiores en Washington, quienes respaldaron la posición de Newell.
Realmente la primera denuncia de Rápido y Furioso apareció a mediados de diciembre de 2010 en CleanUpATF.org, un portal en internet que, según sus creadores, es alimentado por “miembros de la comunidad de la ATF que intentan promover la restauración de la integridad, rendición de cuentas y responsabilidad de los líderes” de la agencia.
En ese portal un “agente disidente” indignado por la muerte de Terry destapó las características del plan Gunrunner y de una de sus operaciones: Rápido y Furioso. Enseguida lo retomó americanthinker.org, y los “activistas de la Segunda Enmienda”: David Codrea y Mike Vanderboegh en sus blogs: Sipsey Steet Irregulars.com y examiner.com. Esta fue la primera mención del escándalo Rápido y Furioso en los medios alternativos estadunidenses, dijo Vanderboegh en un correo electrónico enviado a este semanario.
En febrero de 2011 ATF sostenía que Rápido y Furioso era una operación exitosa. Informó que gracias a ella desmanteló una banda de traficantes y permitió fundamentar las acusaciones anunciadas el 25 de enero de 2011 en Phoenix contra 20 personas que traficaban armas de fuego de Estados Unidos a México.
Añadió: “Oficiales estadunidenses de procuración de justicia mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando, según se ponían en práctica las operaciones hasta el 25 de enero, cuando 19 de los 20 acusados fueron arrestados. Agentes mexicanos estuvieron presentes durante los arrestos del 25 de enero en Phoenix”.
Un día después –11 de febrero de ese año–, la PGR replicó: “El gobierno de México no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico de armas a territorio mexicano”. Y en referencia al operativo Rápido y Furioso señaló que “la coordinación fue para el desahogo de diligencias sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a interrogatorios”.
Unas horas más tarde, la embajada de Estados Unidos envió a las redacciones de los medios mexicanos una “aclaración” respecto a Rápido y Furioso. Reconoció que las “sesiones informativas que tuvieron lugar entre oficiales de ambos países se concentraron en operaciones en territorio estadunidense para desbaratar operaciones de tráfico de armas”.
El rastro de las armas
John Dodson, agente de la ATF, describió a Proceso la operación: “Identificamos a un grupo de compradores múltiples que tenían como tarea adquirir armas para otras personas. La idea original era rastrear todas las armas que se compraran para poder detener a los traficantes y, después, a los destinatarios: los narcotraficantes mexicanos. Vigilábamos a estos individuos cuando compraban las armas, adquirían cinco, 10 o hasta 20 en una sola visita a la armería. Al salir se reunían con otras personas en estacionamientos públicos o cocheras particulares. Transferían las armas de un vehículo a otro.
“Nuestra misión era observar. Así, le perdimos el rastro a las armas y llegaron a México.”
Las armerías donde se compraron las pistolas y rifles tenían conocimiento de la operación. El ATF les pidió que participaran en el caso:
“Las armerías estaban más preocupadas que el ATF por la venta múltiple, porque sabían que quienes estaban comprando las armas no las querían para su uso personal. No tenían idea de que nosotros (los agentes) no estábamos interceptando las armas.”
Indicó que el Cártel de Sinaloa fue el principal destinatario de las armas. Eso lo supieron desde el principio el Departamento de Justicia y varias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pese a ello, continuaron con el operativo y lo ocultaron al gobierno de México. Tal es la conclusión de un informe realizado por los congresistas estadunidenses Darrell E. Issa y Charles E. Grassley (Proceso No. 1830)
El 5 de noviembre de 2010, agentes de la Policía Federal (PF) y de la PGR encontraron el cadáver de Mario Ángel González Rodríguez, hermano de Patricia González, que apenas había terminado su gestión como procuradora de Justicia de Chihuahua.
Horas antes, agentes de la PF arrestaron a ocho de los presuntos secuestradores y asesinos. Portaban 16 armas de grueso calibre.
Ese mismo 5 de noviembre, Tonya English, agente de la Oficina de Información Estratégica e Inteligencia, perteneciente a la ATF, en un correo electrónico a David Voth, entonces supervisor del Grupo VII de la ATF en Phoenix, le dijo que su oficina había rastreado las armas decomisadas a los presuntos asesinos de González y que un par de fusiles AK-47 llegaron a México como parte de la operación Rápido y Furioso.
Daniel Kumor, jefe de Asuntos Internacionales de la ATF, se comunicó con Morales, entonces procuradora general de la República. Cuando le soltó la noticia, dice, “ella quedó en shock” y luego exclamó: “¡Híjole!”.
Esa información aparece en el informe Operación Rápido y Furioso del Departamento de Justicia: Alimentando la violencia de los cárteles, elaborado por los congresistas Darrell E. Issa y Charles E. Grassley.
El informe de 60 páginas, fechado el pasado 26 de julio, describe: Darren Gil, entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, contó que la división de la ATF en Phoenix bloqueó a sus agentes en México el acceso a la base de datos del sistema de rastreo de armas conocido como e-Trace, porque temían que los agentes en México compartieran la información con funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y éstos, a su vez –debido a la corrupción imperante en el país–, la filtraran a los cárteles de la droga.
El primer decomiso de armas de Rápido y Furioso ocurrió el 20 de noviembre de 2009 a una ciudadana estadunidense en Naco, Sonora. Eran 41 fusiles AK-47 y un rifle Beowulf calibre .05. Pertenecían al Cártel de Sinaloa.
En abril de 2011 la PF incautó una casa al norte de Ciudad Juárez. Era de José Antonio Torres Marrufo, El Marrufo, jefe del Cártel de Sinaloa en esa plaza. Había una ametralladora antiaérea calibre .30, un lanzagranadas, dos docenas de AK-47, rifles Barrett calibre .50 (matapolicías), 26 mil 708 cartuchos, 247 cargadores, lo mismo que 53 uniformes de la Policía Militar y máscaras antigás.
Agentes de la ATF rastrearon las armas: eran de Rápido y Furioso. Un “comprador civil” las adquirió en Phoenix y con anuencia de la ATF las envió a El Paso, Texas, donde el Cártel de Sinaloa las “cruzó” por la frontera.
